A partir de mañana César Albarracín, Rubén Escobar, Patricio Finnen y Julio Casanova Ferro se van a sentar en el banquillo de los acusados para responder por los crímenes que cometieron en los Centros Clandestinos operados por la patota de Aníbal Gordon. Estos represores son algunos de los responsables del secuestro y desparición de los militantes del PC Carmen Román, Luis Cervera Novo, Isidro Gómez y Cesáreo Arano.
Para mañana viernes 13 está previsto el comienzo de un juicio en el que el Tribunal Oral Federal (TOF) 1 de Comodoro Py va a analizar las responsabilidades penales que le caben a parte de la patota que durante la última dictadura cívico militar actuó con base en los centros clandestinos que regenteaba la Secretaría de Inteligencia de Estado (Side), conocidos como Automotores Orletti y Pomar. Por tal motivo, van a tener que sentarse en el banquillo de los acusados César Albarracín y Rubén Héctor Escobar, quienes en aquellos años integraron la banda de Aníbal Gordon, junto a Patricio Finnen, sobre quien ya pesa una condena por desviar la investigación sobre el atentado de la Amia, y Julio César Casanova Ferro, un ex miembro de Tacuara y la Triple A que, tras el golpe de Estado de 1976, se recicló como parte del aparato represivo del Batallón de Inteligencia 601.
Hacia fines de 2024 y por orden del juez Daniel Rafecas, Casanova Ferro fue detenido a partir de una investigación realizada por este magistrado, la que permitió que se fuera completando el mapa del circuito represivo de la patota de la Side, que actuó en el Centro Clandestino de Detención (CCD) ubicado en la calle Gregorio Pomar 4171/73, en el barrio porteño de Pompeya, donde fueron trasladados Carmen Román, Juan Carlos Comínguez, Luis Cervera Novo, Isidro Gómez, Cesáreo Arano, Miguel Prado y Miguel Lamota.
Se trata de militantes del Partido Comunista que fueron secuestrados por la banda que regenteaba los CCD Automotores Orletti, Bacacay y Pomar. Precisamente en este último sitio fueron vistos por última vez Cervera Novo, Gómez, Arano y Román, secuestrados en las inmediaciones del Comité Capital del PC durante mayo de 1977. Junto con ellos compartieron cautiverio en esta mazmorra clandestina de la última dictadura los sobrevivientes Prado, Lamota y Comínguez, quien entre 1973 y 1976 fue diputado nacional. Cuarenta y seis años más tarde Comínguez volvió a ese sitio citado por Rafecas y el equipo del juzgado a su cargo, para reconocer el edificio como el lugar en el que había permanecido secuestrado. La clave para llegar hasta ahí apareció con la desclasificación de documentos de la CIA que daban cuenta del secuestro extorsivo padecido por un empresario apellidado Zavalía, que la banda de Gordon había organizado durante 1977.
Esa fue la punta del ovillo que permitió al juez Rafecas llegar hasta el galpón del barrio porteño de Pompeya y, a partir de ahí, comenzar a dilucidar una historia sobre la que ahora se escribe un nuevo capítulo con el juicio a estos genocidas.
En esto hay que puntualizar que la causa que ahora es llevada a juicio vuelve a poner en la superficie que el Partido Comunista fue uno de los principales objetivos que se propuso destruir el aparato represivo que actuó como instrumento del modelo económico-social implementado por el programa de José Alfredo Martínez de Hoz. Y por eso es que entre quienes fueron convocados a prestar testimonial figura el actual secretario general del PCA, Jorge Alberto Kreyness.
Asimismo, la Liga Argentina por los Derechos Humanos (Ladh) está involucrada en esta causa y su vicepresidente, Gerardo Etcheverry, subrayó la importancia de que a medio siglo de que fueran cometidos estos delitos, cuatro genocidas deban sentarse en el banquillo de los acusados para responder por sus crímenes.
“Lamentablemente no creo que ninguno de ellos vaya aportar ninguna pista nueva que pueda permitir echar luz sobre lo sucedido en esos años”, sostuvo el vicepresidente de la Ladh y apuntó que lo más relevante de la investigación que deriva en este juicio “es que ratifica el papel que tuvo la Side y la responsabilidad de sus integrantes en la represión desatada durante esos años”.
Y, en este sentido, recordó que en algunos casos como el de Finnen, se trata de individuos que continuaron actuando dentro del esquema del aparato de Inteligencia, “aún después de acabada la dictadura”, algo que “demuestra con claridad una continuidad, incluso, durante los gobiernos constitucionales posteriores a 1983”.
