Los dos principales responsables de la Masacre del Pabellón Séptimo recibieron penas de veinticinco años. “Fue una verdadera masacre”, señaló Iris Avellaneda, quien en ese momento, como presa política, estaba alojada a pocos metros del sitio de la matanza. Y puntualizó que “para que ningún genocida quede fuera del alcance de la ley, hay que seguir luchando y resistiendo, siempre por Memoria, Verdad y Justicia”.
Juan Carlos Ruiz y Horacio Martín Galíndez eran, respectivamente, jefe y titular de la División Seguridad Interna del penal de Devoto cuando ahí -el 14 de marzo de 1978- fueron masacrados 65 detenidos que estaban alojados en el Pabellón Séptimo. Por tal motivo, el jueves pasado ambos recibieron una condena de veinticinco años de prisión porque el tribunal integrado por Nicolás Toselli, Adriana Palliotti y Daniel Obligado consideró que son penalmente responsables del hecho, pero también de los tormentos a los que fueron sometidos 88 sobrevivientes. El tercer acusado en esta causa era Gregorio Zerda, quien en esos días era celador en el penal y que resultó absuelto.
La causa fue pisada durante casi cuatro décadas, pero hace catorce años el tesón de los familiares y sobrevivientes, junto con la decisión política y la capacidad profesional de la querella encabezada por las abogadas Claudia Cesaroni y Natalia D’Alessandro, consiguió que se pudiera transitar el camino que acabaría con Ruiz, Galíndez y Zerda sentados en el banquillo. Las condenas que recibieron Ruiz y Galíndez coinciden con las que habían sido pedidas por la querella, que al final de la jornada anticipó que, junto con la Fiscalía, va a apelar la absolución de Zerda.
Por este mismo hecho que pasó a la historia como la Masacre del Pabellón Séptimo, hace pocas semanas el juez federal Daniel Rafecas dispuso que se procese a tres ex agentes del Servicio Penitenciario Federal y también a Guillermo Federico Rivarola, quien fungía como magistrado en 1978 y, como tal, quedó a cargo de la causa que instruyó de manera tal que se blindara la versión oficial que decía que los detenidos eran los responsables de haber iniciado un motín que derivó en un incendio y que, por lo tanto, eran ellos mismos los culpables de las muertes.
Rivarola sabía lo que pasó realmente, ya que indagó a dos sobrevivientes que le dijeron en qué circunstancias tuvo lugar el incendio, pero también que guardiacárceles molían a palos a quienes lograban salir del lugar. Como juez estaba obligado a tomar tales denuncias para investigarlas, pero nada de eso hizo.
La masacre comenzó durante la madrugada del 14 de marzo de 1978, cuando agentes penitenciarios ingresaron violentamente al Pabellón Séptimo para hacer una requisa. Los golpes de los uniformados fueron resistidos por los detenidos que colocaron sus camas de hierro para bloquear el paso y en tales circunstancias, los guardias dispararon gases lacrimógenos y balas de plomo, lo que provocó focos ígneos en los colchones que rápidamente fueron ganados por un fuego descontrolado, que cubrió de humo y llamas a todo el pabellón. Los guardias no hicieron nada por apagar el incendio ni permitieron que los reclusos salieran a tiempo del sitio, que fue rápidamente consumido por las llamas. Recién ahí, los funcionarios del presidio abrieron las rejas para que comenzaran a salir los sobrevivientes, a los que recibieron con bastonazos.
Esta trágica historia que la dictadura, y sus cómplices en el Poder Judicial durante años de democracia formal, intentaron ocultar es retratada por la propia Cesaroni en el libro “Masacre en el Pabellón Séptimo”, en base al cual y sobre lo narrado por uno de sus sobrevivientes, Carlos “el Indio” Solari compuso la canción “Pabellón Séptimo” (Relato de Horacio). Tras conocerse la condena, la autora del libro, querellante de la causa y abogada de la Liga Argentina por los Derechos Humanos destacó que “lo importante es que dejó de ser un motín y se reconoció como un crimen de Estado”.
En primera persona
En 1978 Iris Avellaneda estaba alojada en el Pabellón 25, que era el reservado a las presas políticas de la dictadura “ahí cerquita del incendio que, la verdad, fue una verdadera masacre”, refirió quien hoy es la presidenta de la Liga Argentina por los Derechos Humanos (Ladh) y que el jueves estuvo presente en la sala donde el Tribunal dio a conocer la sentencia y más tarde asistió al acto que los organismos de DDHH y organizaciones políticas convocaron en Plaza de Mayo. “Galíndez también era el jefe de Seguridad de nosotras, un hijo de perra que nos tenía a maltraer y ni que hablar a los presos comunes”, recordó y después de destacar la tarea realizada por las abogadas Cesaroni y D’Alessandro, no ocultó su satisfacción por las condenas y destacó la importancia de apelar la absolución de Zerda.
Iris reflexionó que “estos tipos se creen que porque tienen un arma encima, nunca les va a llegar su San Martín, pero por suerte y después de tantos años tuvieron el suyo y es algo buenísimo que se los haya llevado a juicio y se los condene”. Y subrayó el contraste existente entre la imagen de omnipotencia con la que alardeaban Galíndez y Ruiz cuando se sentían dueños de la vida de quienes estaban encarcelados, y la que dieron el jueves durante la lectura de las sentencias, donde “Galíndez hizo lo mismo que en su momento hizo Patti…apareció tirado en una cama haciéndose el enfermo y el otro haciendo gestos con su boca abierta, como si le faltara el aire”.
Pero toda esa actuación no logró inmutar al tribunal “que dio una buena condena”, algo que “fue importante para los familiares de las víctimas de esta masacre tremenda”. Y, en ese contexto, recordó que durante los días posteriores al hecho “cuando íbamos por un pasillo que estaba cerca del Pabellón Séptimo se sentía un olor raro, espantoso y entonces las celadoras nos tuvieron tres días encerradas y después nos dijeron que se había incendiado el pabellón, pero nada más”.
La titular de la Ladh recalcó que sobre el final de un año muy difícil, la sentencia por la Masacre del Pabellón Séptimo es una buena noticia que, a su vez, resulta esperanzadora de cara a un 2026 en el que “con los cincuenta años que se cumplen del golpe cívico-militar-eclesiástico, los que pasamos ese período tan terrible debemos trabajar para que el 24 de marzo sea un acto masivo”, ya que “a pesar de todo lo que vivimos, de todo lo que nos hicieron, conmemorar esa fecha es fundamental”. Iris Pereyra de Avellaneda finalizó remarcando que “todo lo sucedido son cosas que quedan en el corazón y en el alma de una y no podemos olvidar ni volver atrás”, por lo que “hay que seguir avanzando para que ningún genocida quede fuera del alcance de la ley, por eso tenemos que continuar luchando y resistiendo, peleando por los 30 mil compañeros y siempre por Memoria, Verdad y Justicia”.
