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Derechos Humanos

La Corte Suprema le bajó el precio a una cuestión clave de la causa abierta por el asesinato de Diana Sacayán ¿Fue travesticidio? Acerca de las complejidades y consecuencias que tiene poder determinarlo, reflexiona en dialogó con Nuestra Propuesta, la abogada, militante trans y funcionaria del Poder Judicial bonaerense, Cristina Monserrat Hendrickse.

Con los votos de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Manuel García Mansilla, la Corte Suprema desestimó que el asesinato de Diana Sacayán constituya un travesticidio y lo hizo por medio de una resolución de apenas una carilla, algo que constituye un cachetazo a los derechos de la comunidad Lgbt+ que se acomoda a la línea que señala la Presidencia Milei.

No llama la atención la actitud de los cortesanos, como tampoco que entre quienes estamparon su firma en escueto escrito esté García Mansilla, a quien Rosatti le tomó juramento pese a que Javier Milei lo metió a la Corte por la ventana, algo que quedó corroborado pocas horas después cuando por más de los dos tercios, el Senado Nacional rechazó su postulación junto a la de Ariel Lijo.

Cabe recordar que por el crimen de la activista travesti trans, Gabriel David Marino, fue condenado a perpetua el 18 de junio de 2018 por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 4. Pero el debate que dejó abierto ese Tribunal se refiere a si se trató o no de un travesticidio, ya que entre sus componentes Ivana Bloch, Julio César Báez y Adolfo Calvete hubo posiciones divergentes sobre ese punto en particular.

Por eso es que el caso pasó a la Cámara de Casación Penal cuyos integrantes Patricia Llerena, Jorge Luis Rimondi y Gustavo Bruzzone tampoco acordaron sobre este aspecto lo que dejó inconcluso un debate que presenta diferentes aristas y que en ese derrotero pasó por medio de un recurso de queja presentado por la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres a la Corte Suprema de Justicia, que fue impulsada asimismo por las querellas, el Ministerio Público Fiscal y la defensa de Marino. De esta manera, quedó convalidado el fallo previo de la Sala I de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional.

“Este tema es una madeja que es la Corte quien la debería resolver, diciendo fue o no fue travesticidio por tal y cual circunstancia”, porque si no nos dicen nada, nos dejan con la sensación de que nunca se va a considerar a ningún crimen como travesticidio, pero ahora no tenemos nada y eso es preocupante”, advierte Cristina Monserrat Hendrickse, quien destaca las diversas posiciones de los integrantes del TOF 54 y de casación, pero lamenta que la Corte no haya analizado el caso con la seriedad que merece.

Cristina Monserrat Hendrickse es abogada, pero también militante trans y funcionaria del Poder Judicial en la provincia de Buenos Aires. Y dialogó con Nuestra Propuesta sobre esta resolución de la Corte Suprema que deja mucho sabor a nada y vuelve a exhibir al máximo tribunal en un lugar de bastante decadencia.

 

* ¿Como militante trans, pero también desde la precisión que se puede hacer desde su formación profesional qué se puede decir sobre esta decisión que tomó la Corte?

Esta es una discusión que se ha dado en este proceso que inicia con el asesinato de Diana Sacayán el 12 de octubre de 2015. Tras las investigaciones y la recolección de pruebas se eleva ajuicio que se realizó ante el Tribunal Oral que estaba  integrado por los doctores Calvete y Báez además de la doctora Bloch. Se analizaron tres agravantes a la figura de homicidio que podrían haber concurrido en este caso. Uno es por el vínculo que es el que sostuvo la doctora Bloch, otro es el agravante por femicidio que es el que sostuvieron los doctores Calvete y Báez, quienes también sostuvieron el agravante por travesticidio.

Todos coincidieron en que la autoría del crimen ya estaba probada. Esta fue una sentencia que se fundamentó, con 414 carillas, el 6 de julio de 2018…y por qué  digo 414 carillas, porque es un tema que merece mucha discusión, inclusive el voto de la doctora Bloch que se pronunció en contra de considerarlo un travesticidio, tiene muchos  fundamentos como lo tienen los votos de los doctores Calvete y Báez que sí consideran que se trató de un travesticidio.

Es una cuestión bastante compleja dentro del derecho. Acá tenemos tres agravantes y no se han puesto de acuerdo los tres jueces, ya que hay dos que lo hacen y una que no está de acuerdo. Entonces la defensa del condenado apela a Casación y en 2020, en esa instancia se analiza el caso y tampoco se ponen de acuerdo.

Los tres jueces de Casación comparten el voto de la doctora Bolch del Tribunal Oral que dijo que no era travesticidio y lo hacen con fundamentos y sostienen que es femicidio la doctora Llerena y Bruzzone, pero no el doctor Rimondi quien sostiene que además hubo alevosía, es decir que agrega el Inciso 2.

 

* Va quedando claro que se trata de un caso que, en ese punto, presenta complejidades…

Esto que parece un rompecabezas y de hecho lo es, muestra lo complejo de la interpretación que requería el caso…y no sólo este caso, ya que sirve para otros casos, acerca de cuándo aplicar el agravante de travesticidio y cuándo no hacerlo. De hecho las consecuencias son solamente jurídicas para el futuro, porque igual la condena fue por perpetua, no es que el condenado zafó y no tiene perpetua y puede tener la expectativa de que le reduzcan la pena porque zafa del agravante. Esto no sucede, porque la condena en Casación terminó igual con el agravante del Inciso 11 de femicidio. Por eso, de todos modos, el responsable cumple condena igual.

 

* Lo que se plantea entonces es un debate cuyo resultado puede tener consecuencias en otros casos…

La discusión pasa por el terreno jurídico pero también simbólico y tiene que ver con qué efecto tiene o no visibilizar los travesticidios ¿A qué viene tanta disquisición? Tenemos 414 carillas del TOF para poder discutir estos temas, 52 carillas se tomó la Casación también para reeditar el debate al revisar lo que había decidido el TOF y modificarlo de acuerdo a su criterio. El punto es que después de cuatro años y medio, los jueces Rosatti, Rosenkrantz, Lorenzetti y el agregado por DNU García Mansilla escriben una carilla con un solo párrafo en el cual dicen que “es inadmisible”. Que es inadmisible el recurso planteado por los fiscales, por la acusación pública, en base a un artículo del Código Procesal Civil el 280 que concede a la Corte la facultad de rechazar recursos sn fundamentación alguna.

Entonces acá lo complicado es que si tenemos una cuestión jurídica que hay que aclarar, que como dice la fiscal, hay fallos de la Corte Interamericana que establecen los estándares para decidir cuándo es y cuándo no es travesticidio, opinión que podrá compartirse o no, pero lo menos que tenemos que esperar en un tema complejo que afecta la vida y el derecho de un colectivo, en un contexto global donde se expande la transfobia, tanto por los neonazis…los neofascistas europeos, norteamericanos y sudamericanos también, es que la Corte tratase este tema con la rigurosidad que merece. Que lo abordara coincidiendo o no con los votos de los doctores Calvete y Báez del TOF que sí determinaron que era travesticidio o con el de la doctora Bloch, el doctor Rimodi y la doctora Llerena y el doctor Bruzone que opinan diferente. Pero siempre dando fundamentos como para generar una estabilidad jurídica que, sobre este tema, no la hay.

 

* ¿Qué es lo que queda más allá de las definiciones o las faltas de definiciones de índole técnicas que evitó dar la Corte?

Lo que queda es que no hay agravamiento por travesticidio, porque no hay ningún fundamento ni explicación de la Corte. Una sola carilla diciendo esto es inadmisible por el Artículo 280 es lo que le dedicó. Y Lorenzetti aclara por ahí que el hecho de que “yo aplique el 280, no significa que esté ni a favor ni en contra de lo que se recurre”. Es la nada misma…el no pronunciarse, el violar la garantía del Artículo 18 de la Constitución Nacional que dice que tenemos derecho a una sentencia fundada en ley.

 

* En términos profanos sería que le bajaron el precio al caso…

Le bajaron el precio…no lo trataron cuando se trata de un tema riquísimo. Los fundamentos de la doctora Bloch que en la primera instancia del TOF se pronuncia en contra de calificarlo como travesticidio también hacen un riquísimo aporte, como lo son los de los doctores Calvete y Báez. Necesitábamos que la Corte, a la que le pagamos suntuosos sueldos con la nuestra, como les gusta decir a la derecha, se pronuncie seriamente.

Durante casi cinco años cajonearon este tema y en todo ese tiempo fue haciendo espuma…efervescencia el travesticidio y no se animan a tratarlo, no se animan a mojarle la oreja a la transfobia de la ultraderecha.

 

* ¿Y cómo se lee esto hacia dentro de la comunidad travesti trans?

Las personas trans y travestis tenemos temor, no sólo por los discursos de los miembros del gobierno nacional como el ministro de Justicia Cuneo Libarona, cuando en la Cámara de Diputados dijo que para el no había ideología de género y que solo había dos sexos llevándose por delante la Ley 26.743 y la Opinión Consultiva 24 del 2017 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que reconoce, tal como lo hizo nuestra ley, que la identidad de género es un derecho humano, porque afecta el derecho a la identidad y a la libertad de expresión, a la no discriminación y a expresar desarrollo persona. Por eso hablamos de Derechos Humanos inalienables, porque son inherentes a la persona y por lo tanto el Estado no los puede quitar.

Ni hablar de las declaraciones del presidente Milei en Davos, lo que generó como reacción la grandísima marcha antifascista en Buenos Aires y en todo el país como resistencia popular frente al avasallamiento de los Derechos Humanos por parte de este gobierno.
Además de está sentencia de la Corte, contemporáneamente el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, sale agrediendo a un juez de familia de la localidad  de Sarmiento, porque cumpliendo el Artículo 11 de la Ley 26.743, condenó a la obra social provincial a cubrir el cien por cien de las prestaciones de una de la práctica de salud trans. Dice que el juez hace ideología cuando lo que hace es aplicar la ley y sale a agredir al juez y a las instituciones, a cuestionarlo y denunciarlo.

 

* Se trata del caso del juez Santiago Martín Huaiquil…

Aunque dice que no está en ninguna batalla cultural, Torres califica de juez de ser ideologizado, por lo que se está sumando a esa batalla cultural que las personas trans, lo feminismos, los sectores progresistas, populares y de izquierda no pedimos. Porque es una batalla creada por ellos que creemos que no tiene que existir, ya que estamos en democracia y las batallas son para las guerras. En la democracia la herramienta no es el conflicto bélico, la herramienta es el diálogo social, el buscar consensos, respetar la voluntad de las mayorías pero también los derechos de las minorías…eso es diálogo social, eso es democracia como también lo es respetar a las instituciones y no atacar a un juez, insultándolo y agrediéndolo, porque aplica los recursos previstos por la ley.

 

* Hay una legitimación de ese tipo de conductas por parte de la Presidencia Milei…

Sí y se están llevando por delante a la democracia. Hoy día parece que defender a la Constitución Nacional te convierte en sedicioso, si hacés cumplir las leyes en el caso de la sentencia sos un sedicioso. Están estableciendo el terror…el terror de escarmentar a funcionarios judiciales como ya lo han hecho con distintos jueces como la doctora Andrea García Vior porque emitió voto en la Sala de Feria de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo contra el capítulo laboral del DNU 70/2023 y el caso de la jueza Karina Andrade por su actuación tras la represión de marzo a la marcha de jubilados.

 

* Son actitudes fascistas…

Ese amedrentamiento…ese patoterismo hacia la Justicia cuando los exponen frente a los atropellos que cometen violando la Constitución Nacional, es propio de los Camisas Negras.

 

* ¿Debería ser considerado travesticidio el caso de Diana Sacayán?

Este caso es importantísimo por lo simbólico y para saber cuándo sí y cuándo no, un homicidio perpetrado en perjuicio de una persona travesti o trans, constituye o no un travesticidio. Hoy no lo podemos saber…hoy en el Derecho Argentino no lo podemos saber. Yo podría dar mi opinión de por qué es travesticidio y otro jurista puede dar la suya de por qué no lo es…son cuestiones técnicas muy finitas. Pero no resolverlo es invisiblizar al colectivo travesti trans y esta es una cuestión que la Corte tiene el deber de resolver porque es una cuestión de Derechos Humanos que no puede tramitar con una planchuela y alegremente decir que es inadmisible por el Artículo 280 ¿Dónde está el fundamento de por qué es inadmisible? ¿Lo es porque hay un artículo que les da la facultad discrecional de hacerlo, un artículo de una ley que está en contra del Artículo 18 de la Constitución Nacional?

 

* ¿Qué camino se puede seguir para subsanar lo que hizo la Corte?

Deseo que la Fiscalía, si no sufre demasiadas presiones y lawfare, pueda llevar este caso hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que pueda pronunciarse y eventualmente Argentina no se aviene a corregir esto, que haya una sentencia de esa Corte contra la Argentina, porque lo que se está violando principalmente es el derecho a la sentencia, el derecho al acceso a la justicia no sólo para los familiares de Diana Sacayan que son los primeros legitimados para esto, sino  de todo el colectivo travesti trans. Nosotras estamos viviendo con miedo, entonces necesitamos que haya un fallo de la Corte que diga cuándo una agresión hacia nosotras constituye o no un agravante de un delito. Hoy no lo tenemos, hoy nos siguen asustando como asusta Trump en EE.UU. y como pasa en otros países donde se están propagando leyes anti Lgtb como en Polonia, Hungría y en Italia con Meloni que está anulando las partidas de nacimiento de las familias homoparentales. Y es preocupante que la Corte no tenga valor para poder límites a un gobierno que es un gobierno fascista.

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Organismos de Derechos Humanos pidieron que Rogelio Frigerio los reciba para plantearle su “profunda preocupación” por el desmantelamiento del Registro Único de la Verdad,  que viene siendo vaciado por las políticas del mandatario provincial, en sintonía con el ajuste y el negacionismo del gobierno nacional.

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“Son perversos”. Así definió Iris Pereyra de Avellaneda a la diputada Lilia Lemoine y los mileístas que se burlaron públicamente de las víctimas de los Vuelos de la Muerte. Familiares de víctimas pidieron, con la adhesión de organismos de Derechos Humanos, que Lemoine sea expulsada del Congreso y la denunciaron por el delito de apología del terrorismo de Estado.

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El juez Federal Martín Cormick declaró la nulidad del protocolo antipiquetes que puso en marcha, hace dos años, la entonces ministra de Seguridad. “El Protocolo es una señal política que dice que ‘está bien’ reprimir a los manifestante  y esta resolución judicial va en sentido contrario a ese criterio”, reflexionó el vicepresidente de la Liga, el abogado Gerardo Etcheverry.

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En la continuidad de lo que fue el celebrado en Concepción del Uruguay, esta vez la cita fue en la localidad uruguaya de Fray Bentos, donde organismos de Derechos Humanos de ambos márgenes del Río de la Plata, reflexionaron sobre el Plan Cóndor su impacto y vigencia.

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Dieciséis represores fueron sentenciados a cadena perpetua en el contexto de la Megacausa del Comando V del Éjercito por crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura. “La justicia tarda en llegar y el reloj corre a favor de estos genocidas, por eso es muy importante lo de este juicio”, dijo desde el PC bahienese Guillermo Colantuono, quien sostuvo además que “para que lo de Memoria, Verdad y Justicia sea una realidad plena es necesario construir una estrategia de poder popular”. Por su parte, el diario La Nueva Provincia deberá rectificar lo publicado entonces en sus páginas, cuando presentara a estas víctimas del secuestro y la desaparición como “ultimadas en enfrentamientos en la vía pública”.

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La Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena a prisión perpetua impuesta al ex gendarme Eduardo Abelardo Britos por el homicidio del campesino Wenceslao Pedernera, cometido en 1976 durante la última dictadura militar en La Rioja.

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“2025 fue un año de lucha en el que no tuvimos la fuerza suficiente para frenar todas las iniciativas del gobierno, pero nunca dejamos de luchar y continuaremos haciéndolo”, recalcó en la ocasión Gerardo Etcheverry, el vicepresidente de la LADH. En tanto que su presidenta, Iris Pereyra de Avellaneda, destacó las condenas que en el cierre de este año obtuvieron los responsables de la Masacre del Pabellón Séptimo y la resistencia contra los cierres de los sitios por la Memoria, como la que ella misma protagoniza desde la Comisión de Campo de Mayo.

Leer más…Brindis de la Liga

Militares e integrantes de distintas fuerzas de seguridad que actuaron en Comodoro Rivadavia desde principios del año 1976 en el centro clandestino Las Casitas y en otros escenarios, como la sede de Prefectura y de la Policía provincial, fueron condenados por sus crímenes en la dictadura. 

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Así lo recalcó la secretaria de Géneros de la Asociación de Maestros y Profesores de La Rioja, Analía Fonzalida, al reflexionar sobre la campaña nacional con la que Ctera pide que se lleve a juicio a los responsables del asesinato de los hermanos Arancibia. “Isauro fue el maestro que no sólo enseñó una asignatura, sino también a pensar”, definió.

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Ante un nuevo aniversario de este caso emblemático, Nuestra Propuesta dialogó con uno de los abogados querellantes que tuvo la causa, Duilio Ramírez, quien reflexionó sobre las enseñanzas que deja el proceso que llevó a las condenas de nueve de los responsables de la Masacre; un ejercicio indispensable en momentos en los que desde el gobierno nacional se pretende borrar todo lo vinculado a la lucha por los Derechos Humanos.

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Diciembre es, en la Argentina y en todo el continente, un mes de lucha y de memoria. En ese marco, se realizó en Buenos Aires un nuevo foro latinoamericano por la libertad de los presos del Imperio en el continente, junto con diversas actividades y comunicados conmemorativos a cuarenta años de la sentencia dictada por el tribunal que llevó adelante el Juicio a las Juntas.

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Desde La Violeta en Suteba, Alba Werenchuk, hizo hincapié en la pertinencia que tiene la campaña llevada a cabo por Ctera para sumar firmas en apoyo al pedido de inicio del juicio oral por los asesinatos de Isauro y Arturo Arancibia.

Leer más…Contra la complicidad del Poder Judicial

Los dos principales responsables de la Masacre del Pabellón Séptimo recibieron penas de veinticinco años. “Fue una verdadera masacre”, señaló Iris Avellaneda, quien en ese momento, como presa política, estaba alojada a pocos metros del sitio de la matanza. Y puntualizó que “para que ningún genocida quede fuera del alcance de la ley, hay que seguir luchando y resistiendo, siempre por Memoria, Verdad y Justicia”.

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Con epicentro en Plaza de Mayo ayer jueves se conmemoró el Día Internacional de los Derechos Humanos. En este contexto, el vicepresidente de la Liga, Gerardo Etcheverry, fustigó la designación de Joaquín Mogaburu como subsecretario de DDHH, ya que “es una persona que justifica lo hecho por la dictadura con el argumento falaz de ‘la historia completa’”.

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Así lo definió desde Agmer el integrante de la CoNaT, Leandro Pozzi, al referirse a la campaña lanzada por Cetra para exigir que se juzgue a los responsables del crimen de los hermanos Arancibia. Y añadió que “estos delitos son imprescriptibles por ser de lesa humanidad”.

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En Quilmes, militantes del Partido Comunista y la Corriente Nacional Lohana Berkins restauraron un mural que honra la memoria de Florencia Gómez.  Y coincidieron en afirmar que, a través del arte y el muralismo “renovamos nuestro compromiso de seguir exigiendo verdad y justicia por Flor”.

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Fue en Avellaneda,  donde se pintó un mural y se festejó el cumpleaños del fotorreportero herido de gravedad en marzo pasado por la gendarmería al mando de Patricia Bullrich en el marco de una protesta de jubilados. Mientras continúa con su recuperación, Pablo envió un saludo a quienes estuvieron presentes en la jornada, en la que participaron el Partido Comunista y la Liga Argentina por los Derechos Humanos.  

Leer más…Festival por Pablo Grillo

La Sociedad Rural de Corrientes bautizó la plaza central de su predio como Juan Carlos De Marchi, en homenaje a un ex capitán que fue condenado dos veces por crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura cívico-militar. “Hay una relación estrecha entre quienes hoy gobiernan y los condenados por los delitos de lesa humanidad” sostuvo el titular de La Fede de esa provincia, Jeremías Giordano. Finalmente, el repudio popular hizo que la placa en homenaje al genocida fuera retirada. 

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Ayer 7 de diciembre recibimos la dolorosa noticia del fallecimiento de Oscar Castelnovo, un militante por los Derechos Humanos que tendió siempre su mano solidaria a los presos políticos sin importar su ideología o filiación partidaria. Periodista y escritor, hizo de su oficio una tribuna para la defensa encendida de los luchadores perseguidos por el mismo sistema que los marginaba y para amplificar el ideal de una sociedad con garantías y derechos universales consagrados en la realidad concreta de los pueblos. Apasionado por sus convicciones, vivió para entregarse sin especulaciones a las causas justas. Militó en el PC y la Liga Argentina por los Derechos Humanos. Fue redactor del Diario Sur y de Nuestra Propuesta allá por la década neoliberal del 90´. Ya en este siglo, fundó la Agencia Rodolfo Walsh y la Agencia para la Libertad. Y a cada artículo, cada libro y cada palabra escrita a lo largo de su vida les puso siempre el cuerpo.

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El próximo jueves por la tarde la Plaza de Mayo va a volver a ser el escenario de una jornada convocada “con los Pañuelos Blancos como bandera” en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos. 

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“Como decimos siempre, a donde vayan los iremos a buscar, tengan la edad que tengan”, dijo desde La Violeta, Julieta Alonso, al celebrar que Ctera lleve a cabo la campaña nacional para exigir que se juzgue a los acusados del asesinato de Isauro y Arturo Arancibia.

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La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal revocó la condena a prisión perpetua que pesaba sobre el ex policía federal y ex guardiacárcel Juan Carlos Alzugaray por el secuestro y desparición del abogado y militante boliviano Gustavo Medina Ortíz y llamó a dictar una nueva pena, en una decisión que cuestiona el alcance que tuvo el Plan Cóndor.

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El jueves 11, Plaza de Mayo va a volver a pintarse de resistencia para conmemorar el Día Internacional de los Derechos Humanos. “La idea es reforzar el proceso de construcción de Memoria, Verdad y Justicia y reafirmar el compromiso que hemos hecho durante las últimas cuatro décadas”, puntualizó Malena Silveira desde la Liga.

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Fue en Tafí Viejo, Tucumán, en un nuevo aniversario del fallecimiento de este joven militante de la Fede, baleado por una patota de Antonio Domingo Bussi en 1987. Ante su tumba, integrantes del Partido Comunista y familiares lo recordaron, exigiendo justicia y reafirmando el compromiso de seguir levantando sus banderas.

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Se sustanció en Resistencia un nuevo Juicio por la Verdad. En este caso se pudo establecer qué pasó con el militante misionero Carlos Tereszecuk. “Estos procesos son un aporte contrario a la corriente de crueldad que parece imperar, porque si por el poder fuera, nombres como los de Tereszecuk y tantos otros seguirían en el olvido”, sostuvo el abogado querellante, Duilio Jorge Ramírez.

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Un docente de bioquímica fue sancionado por reivindicar el Banco Nacional de Datos Genéticos y el Índice de Abuelidad, instrumentos científicos que han hecho un aporte clave para devolverles su identidad a decenas de Nietes recuperados por Abuelas. Contundente reacción solidaria por parte de organizaciones de Derechos Humanos y políticas, entre ellas el Partido Comunista.

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Un represor organiza una marcha hacia Plaza de Mayo para pedir que larguen a los genocidas condenados. Por primera vez desde 1983 un militar va a estar al frente del Ministerio de Defensa y el subsecretario de Derechos Humanos defiende en la ONU el “Protocolo Antipiquetes” y la “memoria completa”.

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“Frente a un gobierno que desprecia el sistema democrático y busca silenciar opositores, es indispensable organizar una activa oposición a este proyecto, para evitar este nuevo ataque a nuestros derechos y garantías”, advirtió la Liga Argentina por los Derechos Humanos.

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El gobernador de Salta paraliza el Comité contra la Tortura que es una instancia autárquica que monitorea el accionar de fuerzas policiales y penitenciarias en la provincia. La Mesa de Derechos Humanos advirtió que peligra su funcionamiento ya que el ejecutivo no llama a concurso para cubrir los cargos que vencen dentro de tres meses.

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Estos dos colectivos regionales coincidieron en denunciar la peligrosidad que tiene el ataque de hoy de Estados Unidos en Caracas y otros puntos de Venezuela.

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