El mes de agosto cerró con un saldo trágico que muestra la gravedad de la violencia patriarcal e institucional en nuestro país. Tres compañeras fueron asesinadas: Gabriela Denisse Banach (47 años), activista histórica encontrada muerta en su departamento de Rosario; Jéssica Núñez (44 años), referente comunitaria apuñalada en Córdoba; y Karina Isabella Meliandi (58 años), educadora y pionera de la formación pedagógica en Quilmes. A esta lista sangrienta se suman los ataques físicos a las militantes territoriales Anggie Pitala y Martina Duarte en sus propios barrios. Por Luana Haitht (*)
Todos estos hechos están atravesados por una misma matriz política: agresión a las mujeres travestis y trans que trabajan, militan y se organizan en los barrios. Hay una estructura social y económica que históricamente las expulsó del trabajo formal, la escuela, la vivienda digna, la familia y la salud pública.
Del acoso cotidiano a la agresión física
El caso de Anggie Pitala en el conurbano bonaerense muestra esta realidad sin anestesia. Durante un año y cuatro meses sufrió persecución, insultos y amenazas por parte de los vecinos de una casa pegada a la vivienda familiar que hoy cuida. El odio barrial terminó en un ataque brutal: un botellazo directo a la cara que le provocó cortes profundos y requirió puntos de sutura por dentro y por fuera del labio.
“El ataque viene hace ya un año y cuatro meses desde que me mudé a esta casa. Cada vez que salía a comprar o limpiaba el patio me agredían por mi identidad”, cuenta Anggie. El agresor —a quien ya había denunciado diez meses atrás sin que la Justicia moviera un dedo— actuó con la tranquilidad que da la impunidad.
Pero la violencia de Anggie no terminó ahí. Luego del ataque se le suma la violencia de las instituciones: la policía no le dio auxilio inmediato y tuvo que ir por sus propios medios al hospital, donde esperó siete horas para ser atendida. Al día siguiente, en la comisaría no le quisieron tomar la denuncia. Recién cuando intervinieron las redes del activismo logró radicar el escrito, teniendo que ir después a la Fiscalía para que sumaran los agravantes por violencia de género y por su identidad.
Para alguien que viene de sobrevivir a un ataque, tener que pelearle al Estado para poder acceder a la justicia es un hecho que sigue perpetrando la violencia y revictimiza al colectivo travesti-trans.
Travesticidio social: La desidia del Estado también mata
Para entender estos ataques hay que hablar de travesticidio social. Sher Lescano, activista trans e integrante de la marcha “Basta de Travesticidios”, define estas muertes como “crímenes evitables, provocados por un Estado ausente, la falta de políticas públicas y la negación de derechos básicos en una sociedad que mira para otro lado”.
El travesticidio social es el camino de exclusiones que empieza mucho antes de la muerte física: la expulsión de la casa cuando son chicas, el abandono de la escuela, la discriminación para conseguir trabajo, la falta de techo y los golpes de la policía. Todo esto fue documentado en el informe La Revolución de las Mariposas (realizado por el Ministerio Público de la Defensa de CABA junto al Bachillerato Trans Mocha Celis), donde se detalla cómo la falta de oportunidades arroja masivamente a las travestis a la prostitución para poder comer y pagar un alquiler.
A esto se le suma la crisis habitacional. Según el mismo informe, más del 65% de las travestis y mujeres trans viven en habitaciones de hoteles, pensiones de mala muerte o inmuebles tomados, cobrándoles alquileres carísimos por el solo hecho de ser travestis y bajo la amenaza constante de quedar en la calle.
Romper con el destino de la prostitucion
Ante las vulneraciiones y violencias del sistema prostituyente aparece una discusión histórica que el movimiento travesti-trans viene dando desde hace décadas, y que Lohana Berkins y Diana Sacayán llevaron como bandera de lucha: romper con la idea de que la prostitución es el único camino posible para las travestis. No se trata de juzgar ni perseguir a las compañeras que están en la prostitución, sino de señalar a este sistema capitalista y patriarcal que las empuja a la calle.
Las cifras del informe La Revolución de las Mariposas son contundentes: casi el 30% empieza a prostituirse entre los 11 y los 13 años; el 46% entre los 14 y los 18 años; y solo un 24% después de los 19. Esto significa que más del 75% de las travestis ingresan obligadamente al sistema prostituyente siendo niñas y adolescentes.
Anggie Pitala es sobreviviente de esa realidad. Empezó a prostituirse a los 14 años y pasó más de dos décadas expuesta a la violencia de la calle y a la persecusión de las fuerzas policiales: “A los 14 años empecé en la prostitución. Estuve 24 años ahí y pasé de todo: agresiones de clientes y violencia de la policía”. Por eso, cuando se exige el cumplimiento efectivo del Cupo Laboral Travesti-Trans también se exige la aprobación de la Ley de Reparación Histórica —una pensión para las sobrevivientes de los edictos policiales y la persecución estatal—. Este es un reclamo de justicia para el colectivo travesti-trans, que hoy sigue en lucha.
El cuerpo que no pueden someter, lo buscan eliminar
El ataque a Martina Duarte, militante abolicionista y territorial forma parte de esta misma violencia patriarcal que busca disciplinar a las travestis que se organizan en los barrios.
En el clima tenso tras la final del Mundial —donde la Selección argentina cayó frente a España—, Martina se encontraba en la parada de colectivo de su barrio hablando por teléfono con una amiga. En ese momento, sin mediar palabra, fue víctima de agresiones verbales y físicas de un desconocido, al grito fascista de: “¡Ustedes no tienen derecho!”.
Martina relata y analiza el ataque:
“Ese hombre no quería entablar una discusión ni intimidar verbalmente: quería descargar su furia y su frustración de manera impune sobre mi cuerpo.”
El patriarcado intentó acorralar siempre a las identidades trans en la noche y a lo clandestino. El cuerpo travesti es tolerado como objeto de consumo en la clandestinidad, pero se convierte en un objetivo a violentar y eliminar cuando se planta como sujeto político: cuando estudia, milita, trabaja y vive su vida a la luz del día.
Ningún botellazo, ninguna agresión en el barrio y ningún travesticidio son hechos individuales. Es la respuesta violenta de los sectores golpeadores y patriarcales que necesitan mantener a las mujeres y diversidades en el lugar de víctimas. Garantizar el derecho a existir, a estudiar, a trabajar y a vivir en paz sin tener que pedir permiso es una responsabilidad política y una tarea urgente en la construcción de una sociedad más igualitaria.
Las historias de Anggie y Martina, sumadas a la memoria desgarradora de los últimos travesticidios de agosto, nos recuerdan que los cuerpos disidentes no son mercancías descartables ni blancos de tiroteo para la frustración proxeneta. La deuda con el colectivo travesti-trans es una herida abierta en el corazón de la democracia. Ante la avanzada fascista y patriarcal, ni un paso atrás.
Por las que no están, por las sobrevivientes y por las generaciones que vienen: ¡Furia travesti! ¡Exigimos el cumplimiento del cupo laboral y Reparación Histórica Ya!
(*) Luana Haiht es militante de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, comunicadora social y activista feminista
