A propósito de la vacancia de Dina Boluarte, Ricardo Lopez Risso, miembro del Comité Central y de la Comisión de Relaciones Internacionales del Partido Comunista Peruano, escribió el siguiente artículo para Nuestra Propuesta.
La caída de Dina Boluarte satisface solo el 50% la demanda del pueblo peruano. El otro 50% de la demanda [el cierre del Congreso] no está satisfecha, deberá ser el castigo en las urnas en las elecciones de abril 2026.
La vacancia por incapacidad moral de Boluarte no es el triunfo de la generación «Z» ni de los trabajadores, ni de las dos huelgas del transporte de pasajeros, ni tampoco es la consecuencia directa de su incapacidad para enfrentar la crisis de la inseguridad que asola el Perú, agravada por su recurrente alejamiento de la realidad.
Boluarte para suceder a Pedro Castillo luego de ser vacado, pactó con lo más abyecto de la ultraderecha congresal [las bancadas de Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza País, Podemos y Alianza para el Progreso], librándose de las acusaciones constitucionales que pretendían su destitución como Primera Vicepresidenta del Perú. Este pacto evitó el cierre del Congreso y el adelanto de las elecciones generales, permitiendo la continuidad de las mafias y el control del país desde el Congreso.
Boluarte ya investida como Presidenta siguió gozando de los privilegios del pacto con la ultraderecha, por lo que el Congreso desestimó los pedidos de vacancia e investigaciones por los casos “Rolexgate”, “waiquis en la sombra”, “cirugías y abandono del cargo”, “Qali Warma”. El objetivo de los aliados de la entonces presidenta era soportarla en el cargo para mantener la continuidad del Congreso que vacó a Pedro Castillo.
Una vez que la entonces presidenta Dina Boluarte en el mes de marzo convocó a elecciones generales para presidente, vicepresidentes, senadores y diputados para abril 2026 su suerte ya estaba decidida: sus aliados de la ultraderecha congresal podrían prescindir de ella en cualquier momento, su continuidad ya no era necesaria, de ser destituida el Congreso ya no se cerraría ni habría elecciones complementarias, la continuidad de la ultraderecha congresal está asegurada hasta el 27 de julio de 2026.
Como ocurre en todo el mundo, los partidos políticos desprestigiados en el ejercicio del poder intentan mejorar sus imágenes en las vísperas de elecciones. En el Perú la situación no es distinta. En plena crisis de la minería ilegal, en el Congreso han sido presentados más de 20 proyectos de ley de diferentes bancadas para legalizar sus actividades ilegales. La desacreditación de Dina Boluarte ante el incremento de la violencia delictiva, la corrupción policial, la inutilidad de los “Estados de emergencia” que la llevó a recomendar como medida para enfrentar las extorciones “…que no contesten las llamadas de desconocidos”.
En fin de cuentas, para sus aliados congresales Dina Boluarte ya se había convertido en una carga inútil a la que la ciudadanía deploraba pero que se mantenía por sus alianzas con estos.
El ataque delincuencial contra la agrupación musical “Agua Marina” en pleno concierto fue el pretexto para deshacerse de la carga electoralmente inútil que significaba Boluarte, por ello, ahogarla en el estanque congresal fue una tarea fácil.
El ascenso de José Jerí a la Presidencia del Perú consolida el poder la coprocracia que gobierna desde el Congreso. Jerí viene premunido de denuncias por abuso sexual, desobediencia a la autoridad, además de investigaciones por el inusitado incremento de su patrimonio personal desde que asumió el cargo de congresista en reemplazo del electo y destituido martín Vizcarra.
