La Corte Penal Internacional recibió la demanda de la Asociación Americana de Juristas contra el presidente estadounidense y sus principales secuaces, a quienes acusa de haber cometido delitos de lesa humanidad en el contexto de la agresión contra la República Bolivariana de Venezuela.
La semana pasada, la Asociación Americana de Juristas (AAJ) demandó ante la Corte Penal Internacional (CPI) al presidente estadounidense, Donald Trump, por delitos de lesa humanidad ejecutados por las tropas de su país durante la agresión contra Venezuela que tuvo su punto más letal el 3 de enero con el operativo que dejó alrededor de un centenar de personas asesinadas y el secuestro del mandatario bolivariano, Nicolás Maduro, y de la diputada Cilia Flores.
De acuerdo a la presentación hecha por la AAJ, tales ataques fueron cometidos por el gobierno de Trump “en violación de normas imperativas del derecho internacional”, ya que se trata de “ataques contra embarcaciones civiles en aguas internacionales, el uso de la fuerza armada contra territorio venezolano sin autorización jurídica internacional, la privación ilegal de la libertad de personas protegidas, así como actos de pillaje y apropiación de bienes civiles y recursos naturales, en violación de normas imperativas del derecho internacional”.
Ahí se da cuenta de las numerosas violaciones al derecho internacional, a la carta de Naciones Unidas y el derecho marítimo, pero también de los crímenes contra población civil y los asesinatos en altamar al hundir naves sin abordar, investigar ni presentar pruebas de las acusaciones que fueron utilizadas como excusa para hacerlo. Y se puntualiza que tal agresión militar fue sin mediar una declaración de guerra ni estuvo autorizada por el Congreso estadounidense, como así que en ella participó personal destacado en una veintena de bases militares que ese país tiene en zonas cercanas a Venezuela que actuó bajo órdenes directas del presidente de los Estados Unidos.
Por eso es que la presentación hecha ante la CPI es clara al solicitar que sean juzgados y sancionados con la máxima pena tanto Trump como los secretarios Marcos Rubio y Pete Hegseth, pero también los oficiales del Estado Mayor Conjunto general Dan Caine, almirante Christopher W. Grady, el jefe de Estado Mayor del Ejército general Randy A. George, el comandante del Cuerpo de Marines, general David H. Berger, y el jefe del Comando Sur, teniente general de Marines, Francis Donovan junto “a su plana mayor sin excepción”.
Al respecto, la presentación de la AAJ, que entre las muchas firmas de adhesión lleva las del Partido Comunista de la Argentina y la de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, hace hincapié en que todos ellos contribuyeron a que Trump “cumpla su sueño de ser el Señor de la Guerra, lo contrario al Premio Nobel de la Paz al que aspiró y que luego le cedió por su agresión a Venezuela, otra belicista, María Corina Machado, quien convirtió ese galardón en un deshonor”. Al tiempo que subraya que el presidente estadounidense “inició la guerra en su propio país contra todo lo que huela a progresismo, incluyendo a quienes defienden la vieja democracia representativa que ya le estorba, y tomó como pretexto el atentado a un joven derechista fanático suyo para invadir estados con su cuerpo de camisas pardas hitlerianas del ICE”.
Más denuncias contra el imperialismo
Por su parte, el viernes pasado, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU advirtió que Estados Unidos está incumpliendo la Carta de Naciones Unidas y el derecho internacional con las sanciones que viene profundizando contra Cuba que, entre otras cosas, provocan el desmantelamiento del sistema de alimentación, de sanidad y de suministro de agua.
Como se recordará, durante las últimas semanas la Administración Trump le dio una vuelta de rosca más a la presión que viene ejerciendo su país sobre Cuba desde hace más de seis décadas, al establecer que va a redoblar los aranceles a los países que exporten petróleo hacia La Isla. De este hidrocarburo dependen casi la totalidad de las plantas termoeléctricas que generan electricidad en el país caribeño.
En tanto que el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, hizo hincapié en que tales sanciones “afectan a los más vulnerables y no cumplen ni con la Carta de Naciones Unidas ni con el derecho internacional”, ya que cualquier tipo de sanción “debe ser impuesta por el Consejo de Seguridad de la ONU y no por un país” de manera unilateral.
Al respecto, Türk fue claro al sostener que en el ámbito sanitario el efecto de este tipo de decisiones se ve con suma crudeza, ya que afecta el funcionamiento de las unidades de cuidados intensivos y de las salas de urgencia, al igual que la producción o almacenamiento de vacunas y otros medicamentos sensibles a la temperatura. “Si la cadena de frío se rompe entonces no hay suministro de vacunas y puede haber brotes de enfermedades que pueden diseminarse rápidamente” recalcó.
