La Asamblea Nacional de Ecuador decidió continuar con el proceso de juicio político y eventual destitución del presidente Guillermo Lasso.
El Parlamento de Ecuador aprobó por 88 votos, que avanza con un juicio político contra el presidente Guillermo Lasso por malversación de fondos públicos y, ahora, el pleno del cuerpo deberá volver a reunir un mínimo de 92 votos para confirmar su destitución. En contra del juicio, que se prevé comience hoy martes, votaron 23 diputados y cinco se abstuvieron.
La solicitud es la de “enjuiciar políticamente al presidente de la República por la infracción constitucional de peculado”, señaló el texto votado por una amplia mayoría de los 116 legisladores de la Asamblea Nacional que estuvieron presentes en la sesión. Según la acusación, “se evidencia el desvío o distracción de los fondos” generados por la empresa estatal Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec) con compañías privadas como Amazonas Tanker, con las que tenía relación contractual para el transporte de crudo.
El siguiente paso es que el presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, continúe con el trámite del proceso de juicio político acorde al artículo 92 y siguientes de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Según el artículo 142 de dicha norma, luego de la aprobación por más de setenta votos, tal como se alcanzó la semana pasada, se debe convocar a una nueva sesión para que los parlamentarios se pronuncien a favor o en contra de la censura y destitución del presidente.
Lasso podrá ser sancionado de reunirse un mínimo de 92 votos de los 137 integrantes del Parlamento y, en caso de ser destituido, el vicepresidente asumiría la primera magistratura hasta el año 2025. Y el juicio debe llevarse adelante aún si el presidente ecuatoriano no asiste a la sesión del pleno.
“No tenemos gobierno”, aseveró Bruno Soria desde el Partido Comunista Ecuatoriano (PCE), sobre lo que viene siendo la gestión del presidente Lasso y en charla con Nuestra Propuesta, remarcó que el mandatario “llevó a la deriva al país” y fue claro al alertar que a Ecuador “ahora lo gobierna la policía con quien el presidente tiene acuerdos tras la represión de junio de 2022”. Hace algunos días, el presidente de Ecuador firmó un decreto ejecutivo que aprueba operaciones militares y policiales contra el “terrorismo”.
Asimismo, Soria hizo hincapié en que la crisis es tal en Ecuador, que el aumento de la pobreza llevó a que “muchos jóvenes de bajos recursos opten por sicariato”, algo que atribuyó a que “no hay trabajo ni obra pública y el sistema de salud y educativo se encuentran en condiciones lamentables”.
Uno más complicado que el otro
Por otra parte, la Fiscalía General de Ecuador (FGE) solicitó el arresto domiciliario para el ex presidente Lenin Moreno, al que acusa, junto con otras 36 personas, del delito de corrupción por supuestamente recibir sobornos de una empresa china a cambio del contrato para construir la mayor hidroeléctrica del país.
La fiscal general, Diana Salazar, pidió “prisión preventiva para todos los investigados; sin embargo, debido a que 14 de ellos superan los 65 años (...) se pide el arresto domiciliario”, como en el caso de Moreno, pero también requirió al juez Adrián Rojas, de la Corte Nacional de Justicia, retener e inmovilizar las cuentas de todos los imputados, incluidas las de aquellos que residen en el extranjero, como es el caso de Moreno, que ejerce en Paraguay desde 2021 de comisionado de la Organización de Estados Americanos (OEA) para Asuntos de Discapacidad. Y, en ese sentido, solicitó al magistrado autorización para solicitar cooperación judicial internacional de Suiza, España, China, Panamá, Paraguay, EE.UU. y Belice.
Los 37 indagados, entre los que están familiares cercanos del ex presidente, “habrían recibido cerca de 76 millones de dólares en coimas”, que según la Fiscalía es “el monto más alto judicializado por actos de corrupción en Ecuador” dentro del caso conocido como Ina Papers.
La FGE denominó ahora el caso como Sinohydro, por tratarse de una supuesta estructura de corrupción alrededor de la construcción del proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair, desarrollado por la empresa china.
La fiscal general, Diana Salazar, informó que solicitó fecha y hora a la Corte Nacional de Justicia (CNJ) para llevar a cabo la audiencia de formulación de cargos por el presunto delito de cohecho en contra de 37 personas, incluyendo al ex mandatario, a su esposa, Rocío González, y a su hija Ina Moreno. “El monto del presunto cohecho sería de unos 76 millones de dólares, que corresponderían a aproximadamente el cuatro por ciento del valor contratado por la obra, que inicialmente fue de casi 1.979 millones de dólares; aunque en la práctica su costo rebasó los 2.245 millones”, detalló.
Por su parte, Soria aseguró que “cuanto antes va a salir el trámite de extracción de Lenin Moreno por no presentarse al jurado” y al respecto remarcó que en este momento el que hasta hace poco fuera presidente de Ecuador y su familiares directos, “están considerados prófugos de la justicia”.
Asimismo, prevé que Moreno no va estar preso en una cárcel común, sino mediante arresto domiciliario por su salud y edad”, tras lo que aclaró que “los familiares no correrán la misma suerte, ya que ellos si van a ir a prisión” y sostuvo que “lo más probable es que tendrán que hacer un resarcimiento económico”.
Vale citar que desde que se abrió el 28 de marzo de 2019, este caso no había tenido muchos avances, pero durante las últimas semanas parece haber cobrado nuevos bríos. “Parecía que este caso no se iba investigar por el control político que tiene la derecha en el Poder Judicial”, sostuvo Soria y advirtió que a la luz de los acontecimientos, “el impulso que está tomando tenga que ver con una estrategia para que la opinión pública le saque un poco los ojos de encima a Lasso”. Y, para finalizar, fue contundente cuando dijo que “Moreno no tiene una buena imagen dentro de la sociedad ecuatoriana y las personas ya toman a su caso, como si se estuviera juzgando a cualquier ciudadano común y corriente”.
