Tanto el Frente Popular para la Liberación de Palestina como la Relatora Especial de Naciones Unidas para los Territorios Palestinos Ocupados, rechazaron la resolución votada la semana pasada por el Consejo de Seguridad.
El Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP) hizo público su categórico rechazo a la Resolución 2803, adoptada el lunes pasado por el Consejo de Seguridad de la ONU, que fue redactada por Estados Unidos y respalda el plan del presidente Donald Trump para la Franja de Gaza, donde se incluye la creación de un gobierno transitorio y el despliegue de una fuerza internacional para que actúe en ese enclave.
Tal resolución resultó aprobada por trece votos a favor y las abstenciones de la República Popular China y la Federación Rusa. Cabe recordar que se trata de la segunda fase del plan de veinte puntos presentado por Trump que vehiculizó un alto el fuego el 10 de octubre. Pese a eso, tal como lo confirmó el Ministerio de Sanidad de Gaza, desde que se adoptó esa decisión hasta el sábado pasado suman 318 los palestinos asesinados por Israel, al tiempo que 788 fueron heridos por las fuerzas de ocupación.
La cartera sanitaria gazatí también da cuenta de que si bien la cifra publicada de palestinos ultimados por el régimen de Benjamín Netanyahu desde octubre de 2023 hasta el alto al fuego anunciado en la Franja asciende a alrededor de setenta mil, se trata de números provisorios ya que todavía hay víctimas bajo los escombros y en las calles a las que las ambulancias y los equipos de defensa no pueden llegar, a causa de los constantes ataques a los que son sometidos por las fuerzas sionistas.
“La consideramos un intento de imponer una tutela a través del llamado ‘Consejo de la Paz’, al cual se le han otorgado poderes de gobierno transitorios y soberanos que reproducen la ocupación bajo un nuevo disfraz, marginan el papel palestino y socavan la autoridad de la ONU”, advirtió el FPLP. Sobre dicha resolución añadió que “vincula la retirada de la ocupación y el cese de las hostilidades a las condiciones propias de la ocupación, restringe la reconstrucción y la ayuda a sus dictados, profundiza la separación entre Cisjordania y Gaza, y se centra en el papel y las responsabilidades de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (Unrwa) hacia los refugiados palestinos”.
Asimismo, enfatizó que “toda fórmula que ignore la voluntad nacional o que otorgue a la ocupación o a EE.UU. la autoridad para determinar el destino de la Franja de Gaza nunca será vinculante para nuestro pueblo ni se aplicará” y aclaró que la administración de Gaza “debe ser puramente palestina y cualquier fuerza internacional debe tener un mandato claro de la ONU con la misión exclusiva de proteger a los civiles y asegurar los corredores humanitarios”.
Por lo cual, desde el Frente Popular para la Liberación de Palestina remarcaron su rechazo a las cláusulas relacionadas con el desarme “y las que consideran a la Resistencia como terrorismo, en una clara desposesión del derecho legítimo de nuestro pueblo a la autodefensa y una transformación de la fuerza internacional de un mecanismo de protección en una fuerza ofensiva que proporciona a la ocupación cobertura para continuar sus políticas”.
También sostuvieron en su comunicado que “dejar la resolución sin enmiendas y garantías vinculantes proporciona a la ocupación cobertura para reanudar su agresión utilizando nuevos medios”. Por lo que llamaron a los mediadores y garantes a que adopten medidas inmediatas “para evitar que los derechos de nuestro pueblo a la liberación y la autodeterminación sean conculcados”. Puesto que, aseguró el FPLP, “nuestro pueblo, que ha hecho sacrificios continuos, no aceptará ninguna fórmula que disminuya su soberanía y continuará su lucha hasta lograr la completa libertad en su tierra”.
Relatora Especial de la ONU
Por su parte, la Relatora Especial de la ONU para los Territorios Palestinos Ocupados, la abogada italiana Francesca Albanese, recalcó que con la Resolución 2803, el Consejo de Seguridad “viola el derecho de autodeterminación” y “traiciona al pueblo palestino”, a la vez que consolida la “presencia ilegal de Israel en el territorio palestino ocupado”.
Albanese expresó su “profunda perplejidad”, ya que “pese a los horrores de los últimos dos años y la jurisprudencia clara de la Corte Internacional de Justicia, el Consejo ha optado por no basar su respuesta en el mismo cuerpo de derecho que está obligado a defender: el derecho internacional de los derechos humanos, incluido el derecho a la autodeterminación, el derecho que rige el uso de la fuerza, el derecho internacional humanitario y la Carta de la ONU”.
En tal sentido, recordó que el Artículo 24 de la Carta de la ONU “deja claro que, en el desempeño de sus funciones, el Consejo ‘actuará de acuerdo con los Propósitos y Principios de las Naciones Unidas’”. Sin embargo, la Resolución 2803 lejos está de aportar a que se pueda trazar un camino hacia el fin de la ocupación; muy por el contrario, lo que hace es fomentar que se afiance el control externo sobre la gobernanza, las fronteras, la seguridad y la reconstrucción de la Franja de Gaza.
Por eso es que la Relatora Especial de la ONU para los Territorios Palestinos no dudó en afirmar que “la resolución traiciona al pueblo que dice proteger”. En tanto que, como señaló, consolida las asimetrías de poder “al disponer un mandato, el de ‘asegurar las fronteras’, ‘proteger a los civiles’ y ‘desmantelar armas’, que se centra casi exclusivamente en desarmar a los grupos armados palestinos, mientras no hace nada para acabar con la causa principal de la violencia: el asedio ilegal y continuo de Israel, la ocupación, la segregación racial, el apartheid y la limpieza étnica”.
Reforzando esta línea manifestó que “no es legal” crear “una fuerza militar que responde a una llamada ‘Junta de Paz’ presidida por el presidente de los Estados Unidos, que es parte activa en este conflicto, porque ha proporcionado continuamente apoyo militar, económico y diplomático a la Potencia ocupante ilegal”.
Por todo ello calificó a la Resolución 2803 como “un descarado intento de imponer, mediante la amenaza de fuerza continuada contra una población virtualmente indefensa, los intereses de Estados Unidos e Israel, lisa y llanamente”. Sobre las consecuencias que tendría su aplicación indicó que “en esencia, dejará a Palestina en manos de una administración títere, asignando a Estados Unidos, que es cómplice del genocidio, como el nuevo administrador de la prisión al aire libre que Israel ya ha establecido”.
Tras recordar que la Corte Internacional de Justicia fue contundente cuando dictaminó que “la autodeterminación es un derecho inalienable del pueblo palestino y la ONU y todos los Estados tienen la obligación de asistir en su realización”, puntualizó que “esto sólo puede comenzar con la retirada inmediata e incondicional de la presencia ilegal de Israel en el territorio palestino ocupado”. Por lo tanto, consideró que “reemplazar un administrador abusivo por otro no es autodeterminación, es ilegal”.
Finalmente reflexionó que “marginar el derecho internacional hace a la ONU cómplice, socava la Carta de las Naciones Unidas y sólo puede conducir a una intensificación de la carnicería humana en la Franja de Gaza”.
