Reproducimos la entrevista a Ernesto Arroyabe, dirigente del Partido Comunista mendocino, realizada ayer en el programa Informe de Pájaros de Radio con Aguante y publicada por el medio digital Puro Contenido; luego de la aprobación en la Legislatura de Mendoza del informe de impacto ambiental del proyecto minero San Jorge, que habilitó su explotación, pese a las advertencias de especialistas del CONICET y organizaciones socioambientales.
El educador popular Ernesto Arroyabe denunció un “saqueo económico” y un “riesgo hídrico catastrófico” para una provincia ya golpeada por la crisis del agua, al tiempo que cuestionó el silencio de los grandes medios y la fractura de la representación política y sindical.
Por primera vez en más de una década, la Legislatura mendocina aprobó el informe de impacto ambiental que habilita un proyecto minero metalífero a gran escala. Mientras el gobierno provincial celebra un supuesto “desarrollo”, especialistas, científicos y organizaciones sociales denuncian que se abre una puerta peligrosa: la del agua contaminada y el saqueo económico en una de las provincias más áridas del país.
Ernesto Arroyabe, militante del Partido Comunista, educador popular en defensa del agua e integrante de la Fundación Puente de Letras, trazó un panorama completo del tema, en una entrevista con el programa Informe de Pájaros por Radio con Aguante.
https://www.youtube.com/watch?v=6Iy2y3PAgVA
Las calles resisten el avance del negocio minero en Mendoza
La Plaza Independencia, ese corazón político y cultural de la capital mendocina, amaneció el martes 9 de diciembre con un silencio extraño. No había cámaras encendidas, ni flashes, ni movileros listos para registrar el momento. Y sin embargo, en la Legislatura provincial se votaba una de las decisiones más sensibles para el futuro ambiental y económico de Mendoza: la aprobación del informe de impacto ambiental del Proyecto San Jorge, una explotación de cobre, con presencias de oro y plata, ubicada en la cuenca del río Mendoza.
“No vi un fotógrafo, un camarógrafo de ningún medio. La falta de difusión fue total”, cuenta Ernesto Arroyabe. Habla con la voz entre la indignación y el cansancio, después de días de movilización en una provincia donde el agua es, literalmente, la vida misma.
La luz verde al proyecto San Jorge se concretó con la aprobación en el Senado, una semana después de haber pasado por la Cámara de Diputados. Arroyabe subraya que esta habilitación se da a pesar de la vigencia de la Ley 7722, que prohíbe el uso de cianuro y otras sustancias altamente
San Jorge: un proyecto chico, un riesgo grande
Lo aprobado este martes en el Senado, tras el aval de Diputados la semana pasada, no es aún la explotación en sí, sino su informe de impacto ambiental. En los hechos, significa la vía libre para una mina metalífera en una provincia donde la discusión minera renace cada tanto con el mismo vértigo que las resistencias sociales.
Aunque continúa vigente la emblemática Ley 7722, que prohíbe el uso de cianuro y otras sustancias extremadamente tóxicas, el proyecto San Jorge utiliza otros compuestos cuyo impacto ambiental, según especialistas, “también está comprobado”.
Pero la dimensión ambiental es solo una parte del problema.
“El saqueo económico es brutal. Las regalías son irrisorias y no hay control real de lo que se llevan”, explica Arroyabe. El educador pone sobre la mesa una comparación difícil de ignorar: mientras en Chile empresas privadas pagan regalías del 30% al 40%, en Argentina, tras sucesivas flexibilizaciones, las mineras pagan apenas 1,6%.
Y el modelo de exportación, agrega, agrava el cuadro: “Se exporta un caldo concentrado de minerales, sin procesar. No se industrializa nada, es saqueo puro”.
El gobierno provincial, alineado con la posición histórica de Alfredo Cornejo, defiende el proyecto como un motor para la matriz productiva local. Pero la cantidad de empleos estimados, siempre la zanahoria de las mineras, desnuda otro argumento flojo.
“Hablan de 2800 puestos de trabajo, pero los directos reales son 380. En una provincia de un millón y medio de habitantes, eso no mueve nada”, explica.
Ciencia silenciada, universidad condicionada
La voz científica tampoco estuvo ausente, aunque fue acallada. Varios grupos de investigadores del CONICET, entre ellos especialistas del Instituto Argentino de Investigaciones de Zonas Áridas, realizaron un informe crítico que llegó a publicarse en la web del organismo. Pero duró apenas unas horas
“Hubo una gestión directa de la vicegobernadora Hebe Casado para bajarlo. Fue bochornoso”, denuncia Arroyabe
En la Universidad Nacional de Cuyo, la situación se divide: mientras varios especialistas publicaron alertas rigurosas, el rectorado, de conducción radical alineada con Cornejo, no emitió posición institucional.
La preocupación no es caprichosa. Mendoza es una provincia construida alrededor del agua: del riego, de la vitivinicultura, de su sistema de oasis, acequias y glaciares. Y la mina se ubica en la cuenca del río Mendoza, ya deteriorada, donde el agua no abunda y sí aumentan los conflictos por su uso.
“La cuenca está mutilada. Las lagunas donde terminaba el río hoy son médanos. Esto puede ser catastrófico”, describe.
La calle, las asambleas y una participación que duele
En Mendoza, la defensa del agua tiene un capítulo inolvidable: diciembre de 2019, cuando miles de personas forzaron al gobierno de Suárez a dar marcha atrás con la modificación pro-minera de la Ley 7722.
Esta vez, la movilización fue grande, pero no masiva. Y eso deja señales inquietantes.
“Las grandes organizaciones sindicales no están a la altura. La situación social es angustiosa, peor que en 2001”, lamenta Arroyabe. “Lo que sí crece es la participación juvenil, muy fuerte, muy valiosa”.
Las asambleas por el agua siguen siendo el motor principal. Y quienes trabajan en barrios populares, insisten en que la conciencia ambiental no puede construirse sin comprender la dimensión económica del problema.
“Nosotros trabajamos la lectura crítica como un derecho humano. Pero somos un equipo pequeño, no hay coordinación. Falta tejido social”, analiza.
Minería, política y poder
El proyecto San Jorge está integrado por la suiza Sonda Metals GmbH y la argentina Alberdi Energy, presidida por Martín Rapallini, titular de la Unión Industrial Argentina.
No es menor: el cobre es un mineral codiciado a nivel global, y Argentina no lo industrializa. No fabrica cables, no procesa metal, no genera cadenas de valor.
Un proyecto “piloto”, lo llaman. Pero para Arroyabe, lo que prueba es otra cosa: “La política está jugada orgánicamente con la minería. No es solo corrupción: es un proyecto de provincia y de país”.
El proyecto avanza con una clara voluntad política, según Arroyabe. El gobernador Cornejo está “orgánicamente jugado a la minería como proyecto político”, una postura que se ha visto en otras provincias como San Juan y Catamarca.
¿Y ahora qué?
El educador se detiene un momento. Respira, busca palabras que no suenen derrotistas.
“Lo que ustedes están haciendo, dar difusión, es lo más importante ahora”, dice, en torno a la importancia del debate del tema. Y vuelve sobre lo central: el agua como territorio político, como derecho, como límite.
Ernesto Arroyabe, militante del Partido Comunista, educador popular en defensa del agua e integrante de la Fundación Puente de Letras.
Porque lo que se aprobó no es solo un proyecto minero. Es un modelo. Una definición sobre qué se entiende por desarrollo. Una apuesta (o una renuncia) sobre el futuro.
Y en Mendoza, donde cada gota cuenta, la disputa recién empieza.
