El gobierno nacional apura la licitación del corredor del Río Paraná, pese a que los estudios de impacto ambiental dejan muchas dudas. “Su recuperación para el Estado argentino tiene que ser un horizonte que debemos tener muy en claro desde el Partido Comunista”, puntualizó Norberto Galiotti.
Queda claro que para la Presidencia Milei el corredor del Río Paraná, la Hidrovía Paraná-Paraguay, es una de las principales joyas de la corona con la que pretende hacer un formidable negocio que viene tironeado entre dos facciones representadas por Mauricio Macri y Santiago Caputo, en una situación que se volvió inocultable cuando a principios de año el ex presidente acusó al gobierno de haber armado una comisión amañada para la licitación de una nueva concesión.
Ya en ese momento, desde el Partido Comunista de Santa Fe, Norberto “Champa” Galiotti, advertía sobre el verdadero carácter de esa licitación, que se correspondía con una historia “de multinacionales que pugnan porque ahí se ejecutan todo tipo de negocios, entre otros, la evasión y doble facturación de granos y el narcotráfico”, al tiempo que aseveraba que “todas las operaciones montadas por las empresas que pretenden usufructuar el tránsito fluvial por el Río Paraná, muestran cabalmente cuál es la calaña que tienen”.
Esos dichos no son para nada antijadizos, ya que esa vez sólo se presentó la oferta de Dredging Environmental and Marine Envy (Deme) para un negocio que, durante tres décadas, promete una rentabilidad de 410 millones de dólares anuales y para el que se habían confeccionado pliegos licitatorios hechos a medida, ya que entre otras cosas excluyen la posibilidad de que empresas chinas puedan presentarse porque dejan afuera a aquellas firmas que cuenten con participación estatal.
Así las cosas, el corredor posee un carácter estratégico tanto para los intereses soberanos del país, como para el esquema de negocios que la clase capitalista lleva a cabo por medio del gobierno encabezado por Javier Milei. Pero también para la política imperial que en el marco de su remozada Doctrina Monroe, ya tiene desplegados a lo largo del Río Paraná a integrantes del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos.
En tal contexto no sorprendió la puesta en marcha del Plan Paraná, que un mes atrás comenzó a tener luz verde a partir de su publicación en el Boletín Oficial por medio de la Resolución 1307/2025, que a modo de herencia, dejó Patricia Bullrich en su segundo paso por el Ministerio de Seguridad Nacional y que constituye el programa federal más ambicioso de los últimos años para el control integral del que representa el corredor logístico de mayor volumen del país.
Este plan fue presentado a mediados de octubre en la Isla del Cerrito y en esa ocasión se especificó que apunta a reforzar la presencia policial “y fortalecer la cooperación internacional ante una amenaza que trasciende fronteras y jurisdicciones”. Para ello plantea cinco objetivos: desarticular organizaciones ilícitas dedicadas al contrabando y al crimen organizado, reforzar los controles en puertos públicos y privados, intensificar la inteligencia criminal y financiera, acelerar la cooperación interinstitucional nacional e internacional y desplegar tecnología avanzada como drones, radares y scanners. Todo esto, bajo el control de capitales privados y la omnipresente supervisión del imperialismo yanqui.
Con tal finalidad fue creado también el Comando Unificado Plan Paraná, que encabeza Prefectura Naval bajo la coordinación de la Secretaría de Seguridad Nacional y que también suma a Gendarmería, Policía Federal, PSA, Aduana, Migraciones y la Unidad de Información Financiera, entre otros organismos.
Asimismo, hace explícita la articulación con agencias internacionales como la DEA, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas con el fin de “potenciar la inteligencia criminal y financiera frente a redes que operan simultáneamente en varios países”.
Dado este paso, la Presidencia Milei espera poder concretar la licitación del corredor durante 2026. Y para eso fue apresurando los mecanismos con los que confía en poder llegar sin problemas a concesionar el corredor, entre ellos la audiencia sobre el dragado del lecho del Paraná, que para dejar la mesa servida a la licitación, el gobierno pretende llevarlo a 46 pies para que puedan navegar los Súper Panamax que son barcos de mucho calado, algo que “representaría un costo operativo y logístico pensado para que las multinacionales puedan incrementar sus ganancias aunque esto signifique la destrucción ambiental y serios problemas para las comunidades costeras”, tal como refirió Galiotti.
La audiencia fue a principios de noviembre y más del noventa por ciento de los participantes se pronunció en contra de profundizar la canalización del río, al menos sin que antes se lleven a cabo pormenorizados estudios de impacto ambiental. Pero en las antípodas de la opinión que mayoritariamente expresaron vecinos y abogados ambientalistas a la hora de analizar el Informe de Gestión y Evaluación Ambiental, que es uno de los pasos previos a la licitación de la vía troncal, aparece en bloque el sector agroexportador que abiertamente respalda el proceso licitatorio.
Al respecto, las entidades ponderaron lo que en tal sentido viene haciendo la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, pero fueron puntuales al demandar que el Estado no se inmiscuya en el tema más allá de garantizar que la licitación se haga efectiva. Entre quienes se pronunciaron en esa dirección aparecen actores del poder real como la Bolsa de Comercio de Rosario, la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina, el Centro de Exportadores de Cereales, la Unión Industrial Argentina, la Cámara de Puertos Privados Comerciales, la Cámara de Actividades Portuarias y Marítimas y la Comisión Permanente de Transporte de la Cuenca del Plata.
Cuestión de soberanía
Lo cierto es que en medio del lobby mileísta por la belga Deme y aquel del macrismo a favor del consorcio neerlandés Boskalis Dredging International, y más allá del traspié sufrido en febrero cuando debió declarar nula la licitación de la Vía Navegable Troncal, el gobierno nacional avanza con este nuevo capítulo de la entrega de soberanía.
Por eso es que la postura del PC es clara, tal como la manifiesta Galiotti cuando asevera que el corredor tiene que quedar en manos del Estado, ya que “la solución a los problemas que impone el capitalismo en su forma neoliberal, fascista o como se presente, es recuperando los resortes de su economía y teniendo soberanía plena sobre las riquezas que producen nuestro pueblo y territorio”.
Y en esto, insistió, lo que se está jugando es el control del comercio exterior en Argentina. “Por eso se están disputando una bolsa que presenta un gran valor y lamentablemente todo indica que este tipo de mafias empresariales van a acabar siendo las beneficiadas por el gobierno de Milei que, aunque haya demorado un poco en la licitación, va a acabar otorgando la concesión en complicidad con todas las fuerzas que lo acompañan y avalan”.
De ahí que sin dudarlo, el dirigente del PC insistiera con la reivindicación central de que el corredor del Río Paraná vuelva a estar en manos del Estado Nacional. Para la iniciativa entreguista que está terminando de ajustar el gobierno, indicó que “las dragas que se van a utilizar son argentinas, tal como lo son las balizadoras, el personal técnico y práctico” y resaltó que, fundamentalmente, “el Río Paraná pertenece a los argentinos como también el tránsito fluvial y marítimo, que por tal razón debe estar bajo el control estatal”.
Por lo tanto, Champa Galiotti subrayó que, independientemente de lo que pueda pasar con el intento de volver a concesionar la vía fluvial, la recuperación del control del Paraná para el Estado argentino “debe ser un horizonte que tenemos que tener muy en claro desde el Partido Comunista” porque la solución a los problemas que impone el capitalismo “pasa por recuperar los resortes de la economía, siempre teniendo soberanía plena sobre las riquezas que producen nuestro pueblo y nuestro territorio”.
