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Sáb, Ene
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Sindical

La Presidencia Milei publicó los decretos 340/2025 y 342/2025 por los que, respectivamente, limita el ejercicio del derecho de huelga y modifica la Ley de Asociaciones Sindicales. “No tienen pies ni cabeza y además de ser inconstitucionales por su contenido y forma, son burdamente desprolijos” advirtió el abogado laboralista e integrante del Partido Comunista de Ciudad de Buenos Aires, Hugo Mir.

“Es inconstitucional por su contenido, pero también por su forma, ya que utiliza decretos en momentos en que pese a todas las críticas que podamos hacerle, el Congreso Nacional está funcionando”, denunció el abogado laboralista e integrante de la Dirección del Partido Comunista de Ciudad de Buenos Aires, Hugo Mir, al referirse a los decretos 340/2025 y 342/2025 que fueron publicados ayer en el Boletín Oficial por los que, respectivamente, el Gobierno Nacional limita el ejercicio del derecho de huelga y modifica la Ley de Asociaciones Sindicales.

Entre otras cosas, por decreto la Presidencia Milei está inventando una nueva categoría para encuadrar y restringir que se lleven a cabo medidas de fuerza en un amplio abanico de actividades que, desde una mirada totalmente amañada, podrían incidir en el funcionamiento de las que califica como servicios esenciales, al tiempo que vuelve a sacar de la galera iniciativas que incluyó en el DNU 70/2023 que oportunamente el Poder Judicial rechazó por considerarlas inconstitucionales, a instancias de una presentación que hizo la CGT.

“El decreto 340 restringe gravemente el derecho de huelga ya que modifica el artículo 24 de la Ley 25.877, que fue la reforma laboral progresista del gobierno de Néstor Kirchner, que se sancionó durante marzo de 2004”, recordó Mir y puntualizó que lo de ayer remite al DNU 70/2023 “que fue la primera acción de este infame gobierno enemigo de los trabajadores, que  destruía prácticamente la totalidad del derecho laboral entre otros aspectos del Estado Nacional y que en enero de 2024 fue suspendido por la Cámara de Apelaciones del Trabajo que, poco después, lo declaró inconstitucional”.

Asimismo, remarcó que la Ley Bases que finalmente fue sancionada, presenta en su capítulo 4 una reforma laboral que también es regresiva, aunque no tanto como la que intentó el DNU 70/2023, “pero también es inconstitucional, por lo cual planteamos ese aspecto en cada una de las demandas que se inician en este tiempo de inseguridad jurídica, que es lo que siempre provoca el neoliberalismo”, ya que “destruye el derecho laboral, precariza las relaciones del trabajo, genera un universo nuevo de trabajo sin registrar e inseguridad jurídica”.

Y, en este sentido, hizo hincapié en que otro objetivo que persigue la Presidencia Milei con estos decretos, “es disciplinar al movimiento obrero, destruir derechos y beneficiar al capital concentrado…a la burguesía monopólica, al establishment que actúa en nuestro país en alianza con el Imperio”.

Por eso es que el decreto 340 “restringe severamente el derecho de huelga, estableciendo que un piso del 75 por ciento de la dotación de trabajadores donde se hayan decidido medidas de fuerza, deben garantizar la actividad del sector porque ha sido declarado esencial”, algo que si se llevara a la práctica “haría que la huelga deje de tener razón de ser, porque la medida de fuerza no se podría llevar a la práctica”.

Por otra parte, Mir no dudó cuando aseveró que el decreto “es flagrantemente inconstitucional, porque atenta contra el artículo 14 bis que establece la garantía ante el despido arbitrario y el derecho de los trabajadores a asociarse colectivamente y sindicalizarse para su protección individual y colectiva”, así como contra el inciso 19 del artículo 75 “que establece que toda ley, debe ser progresista y no regresiva”, mientras que “esto ni siquiera es una ley sino un decreto que viola la Constitución Nacional”.

Y fue claro al hacer hincapié en que se trata de un decreto “absolutamente confuso”, ya que “comienza hablando de la Marina Mercante que se propone desmantelar y atacar los derechos laborales de los trabajadores navales, pero repentinamente su texto cambia la temática para abordar  la restricción del derecho de huelga y nombra una cantidad enorme de servicios esenciales”, por lo cual “no tiene pies  ni cabeza y además de ser inconstitucional por su contenido y forma, es burdamente desprolijo”.

Por otro lado, al analizar el decreto 342 que modifica el artículo 56 de la Ley de 23.515 de Asociaciones Sindicales que data de 1988, advirtió Mir que “resulta insólito que en este texto que viola la Constitución Nacional, el gobierno invoque el artículo 14 bis de la propia Constitución”. Y añade que “lo que pretende, es desentenderse del rol de arbitraje en la negociación entre empleadores y empleados, pero recalca que se reserva hacerlo en el caso de los sindicatos que estén acéfalos”. Es decir que “abre la puerta a que interventores designados por este gobierno, queden al frente de sindicatos por períodos muy amplios de tiempo que puedan prorrogarse”.

Con este telón de fondo, Mir destacó que ambos decretos son violatorios del artículo 14 bis de la Constitución Nacional, pero También del Convenio 87 de la OIT y de la Opinión Consultiva 27/21 de la  Cote Interamericana de Derechos Humanos, por lo cual representan “una avanzada grosera de un gobierno que quedó envalentonado por un relativo éxito que tuvo en la elección del domingo pasado y entonces avanza con estos decretos que, irremediablemente, tienen que ser declarados inconstitucionales”.

¿Pero por qué la Presidencia Milei se anima a dar este paso? “Lo hace para generar hechos políticos”, reflexionó Mir y resaltó que “es un modo de desgastar al campo popular…de esmerilarlo y presionarlo con el fin de provocar condiciones negativas para el conjunto del movimiento obrero y dar una señal positiva hacia sus amos, que son el capital concentrado representado en espacios como AEA, las energéticas y la banca privada que son quienes sostienen financieramente al gobierno”.

Ante esto, “los comunistas desde la Corriente Nacional Agustín Tosco, estamos reunidos en consulta, la Asociación de Abogados Laboralistas ya fijó postura y esperamos que cada sindicato se exprese”, remarcó y fue categórico al señalar que además resulta preciso “que se pase a la acción política llamando a una movilización…a un paro general, porque el enemigo avanzará hasta el momento en que nosotros le pongamos un dique”.

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