Ante la falta de consensos en el Congreso Nacional para imponer la reforma laboral, el gobierno y las empresas avanzan en una reforma de hecho aprovechándose de la crisis económica. En 2018 crecieron las solicitudes de planes preventivos de crisis, un mecanismo con el que los sectores patronales extorsionan a los trabajadores para imponer indemnizaciones reducidas y bajar los salarios. En las últimas horas se sumó la láctea Verónica a la larga lista de solicitantes
En medio de la incertidumbre por el año electoral y de una crisis económica que se profundiza día a día el gobierno avanza en su decisión, junto a las principales empresas del país, de imponer de hecho una reforma laboral. El mecanismo estrella aplicado por las patronales con el visto bueno del gobierno es el Procedimiento Preventivo de Crisis de Empresas, una herramienta estipulada en los artículos 98 a 105 de la Ley Nacional de Empleo (Ley 24.013) y en tres decretos complementarios.
Este mecanismo es una práctica que las empresas comenzaron a poner en marcha durante los primeros coletazos de la crisis en 2016 tras la devaluación y la apertura de las importaciones y que ahora, en el último año, se volvió un procedimiento que arrecia en todo el país. En 2018 hubo 108 pedidos, 25 más que en 2017 y 53 más que en 2016
En concreto, los Ppce son una herramienta legal con la que cuentan las patronales para suspender o despedir trabajadores con indemnizaciones reducidas cuando median “razones de fuerza mayor” o falta de trabajo por razones “no imputables”. La ley establece la conformación de una mesa de negociación entre la empresa, el sindicato y el Estado. Sin embargo, el empleador puede aplicar medidas sin acuerdo entre las partes. En ese caso, al trabajador le quedará un fangoso recorrido por los juzgados laborales para cobrar, algún día y en el mejor de los casos, una indemnización actualizada.
Si durante los primeros dos años y medio las patronales contaron con el visto bueno del Ministerio de Trabajo comandado por Jorge Triaca, tras la degradación de este en Secretaría los Ppce se volvieron más fáciles y recurrentes.
Los Procedimientos Preventivos constituyen una verdadera herramienta neoliberal para facilitar despidos, suspensiones y regatear el pago de indemnizaciones. Presentados como un mecanismo de excepción, en lo que va del gobierno de Macri se han constituido como una práctica corriente de los sectores patronales.
Qué la crisis económica es severa no quedan dudas. Pero tampoco quedan dudas de que muchas de las empresas que solicitan la aplicación de este mecanismo han cosechado cuantiosas ganancias en la última década. Y cuando la crisis económica se expande, deciden descargar los costos en los trabajadores.
La implementación por parte de las empresas de los Ppce tiene como objetivo disciplinar a los trabajadores, efectuar despidos y bajar salarios con paritarias cero o por debajo de la inflación. Claro está que se trata de un chantaje que solo puede ser aplicado con el visto bueno del gobierno.
Y aquí es donde entra en escena el Fondo Monetario Internacional. Como se sabe, una de los requisitos que el organismo impone a sus acreedores es el de “equilibrar las cuentas” y hacer “competitiva” a la economía para que el país tenga capacidad de pago. Para ello, uno de los objetivos es el de bajar los costos, y para el gobierno y el FMI el salario es un costo.
La disminución del “costo laboral” es el verdadero objetivo detrás de los Ppce. Puede ser que haya empresas que apliquen el procedimiento para emprender un proceso de deslocalización -como en el caso de Metalpar, la fábrica chileno-brasilera de carrocerías de colectivos más grande del país que cerró su planta de Loma Hermosa para concentrar la producción en Brasil- pero lo cierto es que se trata en su mayoría de empresas grandes que pretenden sortear la crisis económicas con las facilidades que les otorga el gobierno y canalizar la disminución de ganancias en los trabajadores.
Entre las principales empresas que aplicaron los Ppce en los últimos meses se destacan Coca Cola, Verónica, Sancor, Ilolay, Editorial Atlántida, Fate, La Nirva, Alpargatas, Legacy, Longvie, Buquebús, Eyelit, Musimundo, OLX, Pepsico, Supermercados Toledo, Wanama, Avianca y Autopartes Hutchinson, entre otras.
¿Cómo afectó al empleo la aplicación de este mecanismo? El Ministerio de Producción y Trabajo difundió que en 2018 hubo 191.300 empleos registrados menos, una baja del 1,5 por ciento mientras que la economía decreció un 2,6 según el Indec. Si bien la merma no se puede atribuir en su totalidad a la implementación de los Ppce, lo que queda claro es que su instalación como empleo corriente en el sector laboral se volvió una práctica extorsiva entre las patronales y el Estado macrista en el contexto de una severa crisis económica.
