Derechos Humanos

En Italia entra en la recta final el proceso que lleva a juicio a uno de los asesinos del secretario de organización del PC de San Juan, Alberto Carbajal, perpetrado en 1977. “Si se es consecuente con lo que se debe hacer pueden seguirse llevando adelante estos procesos para que los responsables del Genocidio Argentino reciban la condena que merecen”, sostuvo Daniel Torre.

Al promediar el año y con el Partido Comunista de la Argentina como querellante, el represor Carlos Malatto va a tener que sentarse en el banquillo de los acusados de un juzgado italiano, para responder penalmente por los crímenes que perpetró cuando, durante la última dictadura cívico-militar, fue segundo jefe del Regimiento de Infantería de Montaña 22 de San Juan (RIM-22) que por entonces comandaba el genocida Jorge Olivera.

La anulación de las leyes de impunidad por las que se había visto favorecido, sorprendió a Malatto viviendo en Mendoza donde fue detenido y acusado de haber cometido veintinueve crímenes que por su carácter de lesa humanidad son imprescriptibles.

Cabe recordar que la conquista histórica que significó la anulación de las leyes de “punto Final” y “Obediencia Debida”, se efectivizó hace algo más de veinte años, mediante una ley elaborada por el PC en tiempos de Izquierda Unida y tomada por el kirchnerismo. De esa manera se reabrió el caminote los juicios por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar.

Sin embargo luego de que Malatto fuera capturado en Mendoza, la Cámara de Casación Penal habilitó su libertad mientras esperaba un juicio que nunca tuvo lugar ya que el represor aprovechó para irse a Chile, desde donde buscó un horizonte más seguro y se dirigió hacia Italia, país del que es ciudadano y donde cuenta con contactos poderosos entre la ultraderecha, principalmente en lo que queda de la logia P2.

Y mientras Italia negaba su extradición, lo que le permitía vivir plácidamente en aquel país, durante 2013 sus cómplices del RIM 22 fueron juzgados y condenados en San Juan, pero ya en junio de 2022 la fiscalía de Roma a cargo de Piazzale Clodio, abrió una investigación contra Malatto en el contexto de una causa en la que se investiga la desaparición forzada y asesinatos de más de treinta víctimas del Plan Cóndor.

Se trata de crímenes que fueron perpetrados en la provincia de San Juan entre 1976 y 1977, y entre ellos aparecen el de quien fuera secretario de organización del PC local, Alberto Carbajal, que fue asesinado tras ser torturado en una celda, al tiempo que también se lo imputa por el asesinato de quien era rector de la Universidad de San Juan, Juan Carlos Campora y la desaparición forzada de la militante Marie Anne Erize Tisseau, Jorge Bonil, Alberto Carvajal, Daniel Russo, Alfredo Lerouc, Marta Saroff y Florentino Arias.

En 2022 la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación a cargo de Horacio Pietragalla, presentó ante la Fiscalía romana un escrito en el que solicitó que la investigación judicial se extienda a todos los crímenes que se le imputan a Malatto, porque remarcó que “es muy importante mostrar la voluntad del Estado argentino de ser parte civil en estos juicios”. Lamentablemente con la llegada de Javier Milei a La Rosada ese criterio cambió.

Pero de todos modos el proceso judicial continuó sustanciándose en Italia y en este último tramo se confirmó que junto al PCA se aceptó como parte querellante a La Universidad Nacional de San Juan, a las centrales sindicales Confederazione Generale Italiana del Lavoro, a la Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori y Unione Italiana del Lavoro, al Partido Demócrata y a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos.

Al respecto, el secretario político del PC de San Juan, Daniel Torre, celebró que la confirmación de quiénes son los querellantes en la causa se convierta “en un paso más para obtener la condena de los autores materiales del asesinato de Carvajal” y recordó que durante los dos juicios de lesa humanidad que se sustanciaron en su provincia “se condenó a la patota cuyos integrantes más tristemente célebres eran Olivera, De Marchi y Malatto. Todos resultaron condenados a diferentes penas salvo este personaje siniestro que se fugó a Italia, resguardado por sus vinculaciones con grupos de extrema derecha de aquel país y a quien, tras muchos años de búsqueda, se logró detener”.

Asimismo, resaltó que fue entonces cuando “toda una red de organizaciones entre las cuales están las centrales obreras italianas, la Universidad de San Juan, la Apdh y el Partido nos presentamos como querellantes para aportar a que pueda ser juzgado y condenado en Italia”, ya que “aunque a través de los testimonios vertidos en los juicios de lesa humanidad hechos en San Juan, quedó clara su responsabilidad por los crímenes que ahora se juzgan en Italia, al estar fugado no se lo podía condenar en Argentina”.

Vale hacer hincapié en que resulta importante y justo que el PCA sea aceptado como querellante, pero también que esto suceda en un momento en el que desde el gobierno de Argentina se pone en tela de juicio el concepto básico de Memoria, Verdad y Justicia. “Estamos en medio de una ofensiva negacionista que tiene como principales protagonistas a Javier Milei, Victoria Villarruel y su séquito de ultraderechistas vinculados a diferentes agrupaciones de familiares de los genocidas”, advirtió Torre y por eso no dudó al señalar que “este juicio cae en un momento justo, porque va a saldar la deuda pendiente que representa que este represor estuviera en libertad, pero también es un aire fresco para toda la política de Memoria, Verdad y Justicia”.

Y esto, puntualiza Torre tras destacar la relevancia que tuvo en el proceso que llevó al juicio el equipo que encabeza el abogado Jorge Iturburu, vuelve a dejar en claro que “debe haber juicio y castigo para todos los culpables”, ya que “aún hay centenares de nietos que continúan sin aparecer, una cantidad enorme de genocidas a los que no se ha podido juzgar y varios juicios por crímenes de lesa humanidad que están en curso”. Pero también, insistió en que el próximo desenlace del juicio a Malatto “debe ser una clara señal de que, si se es consecuente con lo que se debe hacer, pueden seguirse llevando adelante estos procesos para que todos los responsables del Genocidio Argentino reciban la condena que merecen” y asimismo “para que no queden dudas de que, como dice la consigna, ‘como a los nazis les va a pasar…porque adonde vayan los iremos a buscar’”.

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