Crece la versión de que el domingo ante la Asamblea Legislativa, Javier Milei podría hacer un anuncio en tal sentido. “Esto ataca directamente al proceso de Memoria, Verdad y Justicia que en Argentina ha sido un ejemplo a nivel internacional, un proceso que durante mucho tiempo consideramos que sería una garantía de no repetición”, advirtió desde la Liga Argentina por los Derechos Humanos el abogado José Legarreta.
Durante las últimas horas cobró fuerza en distintos medios la versión de que en el mensaje que el domingo brinde ante la Asamblea Legislativa para el inicio de las Sesiones Ordinarias del Congreso, Javier Milei podría anunciar su intención de indultar a los genocidas que están condenados por haber sido encontrados penalmente responsables de crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura. Carlos Saúl Menem firmó en 1990 los decretos que favorecieron con el indulto, entre otros, a Jorge Rafael Videla, Emilio Massera, Roberto Viola, Agustín Agosti, Jorge Lambruschini y José Alfredo Martínez de Hoz. Y eligió hacerlo un 10 de diciembre, en coincidencia con el Día Internacional de los Derechos Humanos. Ahora, al inicio del Mes de la Memoria, y envalentonado con la aprobación de la reforma laboral inspirada en la de la última dictadura, Milei pretendería emular al presidente que tanto admira e ir por el mismo camino. Si bien ninguna voz oficial se ha pronunciado aún al respecto.
Por lo pronto el vínculo del gobierno con la “familia militar”, más allá de las rencillas internas entre Milei y su vicepresidenta Victoria Villarruel, se reforzó hacia fines del año pasado con el nombramiento de Carlos Presti como Ministro de Defensa. Cabe recordar que esta es la primera vez desde la recuperación de la vigencia constitucional en 1983, que se designa a un militar al frente de un ministerio y, en este caso, más precisamente al hijo de un represor de la dictadura que nunca condenó los crímenes de lesa humanidad cometidos por su padre ni por ninguno de los militares de aquellos años.
Para el gobierno fortalecer ese vínculo también es funcional desde una mirada que pretende profundizar la construcción de un Estado punitivista y policial, que vuelva imponer la idea de “seguridad nacional” en la que se basaron las dictaduras que ensombrecieron a nuestro país y al resto de la región durante las décadas del 70 y el 80 del siglo pasado en el marco del Plan Cóndor.
Ante este escenario y de cara a la movilización que va a recorrer todo el territorio nacional el 24 de marzo y durante las jornadas previas a ese día, el abogado entrerriano José Legarreta, integrante del Equipo Jurídico de la Liga Argentina por los Derechos Humanos (Ladh), subrayó que en medio “de este contexto complejo”, resulta preciso “construir una mayor unidad y movilización que permita poner en el primer plano de la agenda a la Memoria, la Verdad y la Justicia”.
Legarreta también hizo alusión al correlato existente “entre el modelo económico de la dictadura de 1976 y el que actualmente impulsa el gobierno nacional de Javier Milei”. Para muestra basta un botón. Sólo hay que repasar el mensaje dado por el entonces ministro de Economía José Alberto Martínez de Hoz el 2 de abril de 1976, donde hiciera público el programa de “Liberación Económica” de la dictadura, que se parece demasiado al que actualmente pone en práctica el gobierno de Milei, quien ha llegado a leer, en un plagio punto por punto, este viejo recetario presentándolo como nueva hoja de ruta para la Argentina.
“Lamentablemente en estos días comienza a sonar desde algunos círculos la palabra ‘indulto’”, alertó Legarreta y sin dudarlo añadió que se trata de “algo muy preocupante”, ya que “desde el propio Estado Nacional se está pensando y, aunque sea extraoficialmente, se divulga la idea de que se podría avanzar en un escenario de indulto generalizado para quienes han sido condenados porque cometieron delitos de los más graves que puede sufrir la humanidad, tal como son los crímenes de lesa humanidad”.
Se trata, como lo recuerda el abogado Legarreta, de “crímenes que por sus características lesionan a la humanidad como especie, no son crímenes comunes, y en nuestro país, como producto de la lucha popular, fueron llevados ante la Justicia, donde se los juzgó y condenó”. Por eso es que la posibilidad del indulto “ataca directamente al proceso de Memoria, Verdad y Justicia que en Argentina ha sido un ejemplo a nivel internacional, un proceso que durante mucho tiempo consideramos que sería una garantía de no repetición”.
El miembro de la Ladh de Entre Ríos planteó que “esta idea de avanzar hacia un indulto, no es más que un intento de lograr impunidad para quienes han sido responsables directos de cometer esos crímenes”, al tiempo que constituye “un ataque a la democracia, al sistema republicano y a la construcción de Justicia como un valor central para el equilibrio social que se precisa para el desarrollo y el buen vivir”. Y denunció que “este ataque de la derecha fascista que gobierna ahora en el país” no sólo afecta a “quienes fuimos afectados directamente”, sino que además “nos golpea a todos como sociedad”.
Al respecto, recordó que “soy hijo de un preso político, un camarada ferroviario que fue preso el 24 de marzo de 1976 por tener valores de solidaridad con el prójimo”. Y anticipó que en caso de que el indulto a los genocidas llegara a concretarse, “se va a abrir un escenario jurídico en el que va a haber que continuar transitando la búsqueda de Justicia”. Pero, por sobre todas las cosas, recalcó que para evitar que algo así prospere “va a ser fundamental profundizar la movilización popular y continuar levantando las banderas de los Derechos Humanos y las de Memoria, Verdad y Justicia”.
