El Congreso de Perú abrió la puerta a que militares estadounidenses se instalen en el país para asesorar a sus pares y policías locales.
El Congreso de Perú aprobó un proyecto de resolución legislativa, por el que se autoriza a partir de mañana y hasta el último día de 2023, ingresen tropas militares de EE.UU. a territorio peruano para adiestrar a personal de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.
A la hora de justificar el aval parlamentario solicitado por el gobierno de facto que encabeza Dina Boluarte, el secretario de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha Contra las Drogas, el legislador Alfredo Azurín, señaló que los militares estadounidenses van a realizar actividades de “cooperación y entrenamiento” con las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional.
Y, aunque el legislador aseveró que el destacamento estadounidense “no tiene como objetivo implementar alguna base militar extranjera en el territorio peruano y no afectará la soberanía nacional”, el contexto en que se autoriza el pedido del ejecutivo resulta más que sugestivo.
Es que este aval parlamentario se llevó a cabo a sólo dos semanas de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, exhibiera documentos que dan cuenta de las graves violaciones a los Derechos Humanos que perpetraron militares y policías durante la represión desatada contra las protestas que se opusieron al golpe de Estado que acabo con el gobierno que encabezaba Pedro Castillo.
Pero también a poco más de tres meses de que durante un encuentro del Atlantic Council, la titular del Comando Sur estadounidense Laura Richardson, advirtiera que para Washington Latinoamérica es relevante “por todos sus ricos recursos” y, en este sentido, recalcara que a EE.UU. “le queda mucho por hacer en esta región que nos importa, ya que tiene mucho que ver con la seguridad nacional y por eso tenemos que empezar nuestro juego”.
De acuerdo a sondeos hechos por diferentes consultoras, que fueron publicados durante las últimas semanas, Dina Boluarte y el gobierno que encabeza, tienen casi un ochenta por ciento de desaprobación entre los peruanos. Y, en estos días, la presidenta de facto va a tener que presentarse ante la Fiscalía de la Nación para declarar sobre los asesinatos perpetrados en el contexto de las protestas contra el Golpe, en una causa en la que se la investiga por los cargos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves.
El actual gobierno de Perú se sustenta políticamente en una mayoría automática del Congreso, que está constituida por el fujimorismo y la ultraderecha de Renovación Popular que, paradójicamente, son los dos partidos que perdieron las elecciones contra Castillo.
Ese diseño está blindado por la Constitución que nació del autogolpe que llevó a cabo Alberto Fujimori, pero a su vez es el principal garante de un esquema de inestabilidad político-institucional que favorece la ronda de negocios de la clase capitalista que actúa en Perú, que es cada vez más rica, pero también cada vez más concentrada y transnacionalizada.
Y con este telón de fondo, el aval que brinda EE.UU. al suministrar oficialmente su asesoramiento a militares y policías peruanos, es una señal positiva para la clase capitalista que actúa en Perú y también para Boluarte que con esta renovada guardia pretoriana, seguramente va a sentirse más cómoda cuando esté cara a cara con la Fiscalía que debe decidir si la imputa como genocida.
