Ante la especulación financiera del mercado inmobiliario que disparó masivas movilizaciones en Madrid, Barcelona y otras varias ciudades y después de que las bancadas parlamentarias de derecha obstruyeran iniciativas para intentar habilitar una moratoria que evite los desalojos, el gobierno español anticipó la convocatoria a elecciones.
“La campaña electoral ha empezado ya y nuestra tarea es organizar un Frente Amplio con un programa basado en la defensa del derecho a la vivienda y del Estado social, garantía de derechos sociales, laborales y de las libertades públicas ante la amenaza del fascismo”, recalcó el Secretario General del Partido Comunista de España (PCE), Enrique Santiago, después de que el lunes pasado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciara que las elecciones previstas para mayo de 2027 se adelantarán para el próximo 29 de noviembre.
Sánchez adoptó esa decisión después de que el viernes pasado las bancadas parlamentarias del independentismo catalán de Junts, el Partido Popular y Vox, bloquearan los Decretos Maricarmen, por los cuales el Gobierno intentó avanzar con medidas urgentes tendientes a garantizar el derecho a la vivienda, limitar la especulación de los fondos buitre que actúan en el mercado inmobiliario y aprobar una moratoria que evite los desalojos.
Maricarmen Abascal tiene 87 años y el 23 de septiembre fue desalojada del departamento ubicado en Madrid que alquilaba, donde vivió durante más de siete décadas. El caso provocó la eclosión de un problema de vieja data que atraviesa a toda España. A partir de ese momento comenzaron a desarrollarse movilizaciones en la capital española que rápidamente se multiplicaron en más de un centenar de localidades como Barcelona, Vitoria-Gasteiz, Donostia e Iruñea, también Valencia, Zaragoza, Málaga, Santander, Las Palmas, Cádiz, Granada, Valladolid, Vigo, La Coruña, Santiago de Compostela, Sevilla y Bilbao convocadas por el Movimiento por el Derecho a la Vivienda y en las que miles de personas se pronuncian contra los desalojos, el elevado precio de los alquileres y la especulación inmobiliaria.
En este contexto Santiago, quien también es portavoz parlamentario de Izquierda Unida, evaluó que el adelantamiento de las elecciones puede convertirse en “el comienzo inmediato de una nueva etapa política”. Y sostuvo que resulta preciso que las fuerzas situadas a la izquierda del PSOE sean capaces de “articular una candidatura amplia” . Al respecto, fue claro cuando añadió que España “debe seguir siendo un país con un gobierno de izquierdas en un contexto donde el autoritarismo y la ultraderecha acaban con las libertades, con los derechos de los trabajadores y con la democracia”.
Por otro lado, coincidió con Sánchez en que “la derecha ha hecho ingobernable el país con su permanente sabotaje a los avances sociales”, algo que quedó exhibido el viernes pasado “cuando Junts rompió un acuerdo que había cerrado con la mayoría de gobierno para abordar urgentemente dar una solución a los problemas que en materia de vivienda padecen millones de personas” y añadió que a raíz de la posición de ese partido catalán “se hace imposible sostener una mayoría de gobierno, por lo que lo más lógico era darle la voz a nuestro pueblo” y convocar a elecciones anticipadas.
Pero de todos modos, Santiago subrayó que todavía se está a tiempo de sacar adelante los Decretos Maricarmen y propuso “volver a aprobarlos en el Consejo de Ministros y que sean ratificados en la Diputación Permanente del Congreso, que ejerce la función legislativa tras la disolución de las Cortes y que tiene mayoría progresista”.
Sin dudarlo, el titular del PCE hizo hincapié en que se trata de una medida necesaria porque “pese a los avances”, alcanzados durante la actual gestión gubernamental, “siguen pendientes muchas injusticias, hay muchas metas sociales que conquistar y muchos problemas que resolver”.
“Vivienda por derecho, pública y social”, ya que “no debe especularse con el hogar”, son las principales consignas con las que el PCE participa de las jornadas de movilización con las que se visibiliza el hartazgo popular que provoca la crisis habitacional que se manifiesta con datos concretos como los que entrega el Banco de España, que da cuenta de que el déficit habitacional ya se acerca al millón de unidades y que esto afecta principalmente a las personas jóvenes, ya que conforme el Instituto Nacional de Estadística, el 47,3 por ciento, quienes tienen de 26 a 34 años, continúan viviendo con sus padres porque no pueden comprar y ni siquiera alquilar una vivienda a raíz de los elevados precios.
“Lejos de tratarse de una cuestión coyuntural, la vivienda se ha transformado en el mayor factor de empobrecimiento y desigualdad, al ser degradada a objeto de especulación por un mercado voraz que engulle sistemáticamente los ingresos del trabajo, bloquea la emancipación juvenil y vulnera de forma flagrante el derecho a una vida digna”, puntualizó el Partido Comunista de España y aseveró que esa “dinámica extractivista erosiona directamente el alcance real de las conquistas sociales y laborales alcanzadas en los últimos años, neutralizando el impacto positivo de las subidas del Salario Mínimo Interprofesional y de los incrementos logrados en la negociación colectiva”.
Por eso ello es que “nuestro Partido lleva tiempo trabajando la Campaña por el Derecho a la Vivienda, que sitúa como horizonte estratégico e irrenunciable la construcción e implantación a gran escala de un Parque público de Vivienda en alquiler social y asequible”, al tiempo que considera que “la confluencia de las organizaciones sociales que trabajan por el derecho a la vivienda con las organizaciones sindicales de clase resulta estratégica para situar como premisa irrenunciable que tener un empleo debe garantizar, de manera efectiva, el acceso a un hogar digno”, remarcó Santiago.
Con este telón de fondo, cabe recordar que durante 2011, explotó en España la protesta que se articuló en lo que se llamó el Movimiento de los Indignados que, de alguna manera, derivó en la ruptura del esquema bipartidista que se había construído al calor de la Constitución de 1978. Esa vez la bronca detonó porque a raíz del estallido de la burbuja inmobiliaria, muchas personas ya no podían pagar las hipotecas y perdían sus viviendas. Pasaron quince años y ahora la bronca es porque muchos ni siquiera pueden pagar el precio que se les exige para poder alquilar. Queda claro que en el centro o en la periferia del sistema, el capitalismo siempre va a encontrar algo para empeorar la vida de los trabajadores.
