Comunistas de distintos puntos del país se manifestaron en el mismo sentido ante las situaciones que se dan en el debate público por la legalización del aborto.
El debate orgánico sobre el aborto legal, seguro y gratuito, antes de manifestarse con convicciones y debido tratamiento en muchos estamentos políticos se asentó en el PC a la luz de las décadas que lleva dándose en el seno de esta fuerza política. Tanto es así, que los planteos al respecto son unánimes en la militancia de un lado y otro del país y siempre son contestan al espíritu reaccionario de los antiderechos.
Ilustra lo que afirmamos el hecho de que la declaración de Concordia por parte del intendente, Enrique Cresto, como ciudad pro vida, mereciera el rápido repudio del PC concordiense a través de un comunicado público. Al mismo tiempo, desde Suteba, la comunista Ayelén Bicerne dijo con toda claridad: “el debate es por si el aborto debe seguir siendo clandestino o si el Estado tiene que ser garante y partícipe de proporcionar que el aborto se dé en las mejores condiciones de salubridad y en hospitales públicos”.
La medida tomada por la municipalidad de la segunda ciudad entrerriana, amén de representar un artero golpe para quienes militaron la candidatura de Cresto desde otras perspectivas e inclinaciones (es del FpV), significa que bajo invocación de San Antonio de Padua, patrono de la ciudad, se ratifique a Concordia, en palabras del jefe local de gobierno, “no solamente en la defensa de la vida desde la concepción y la defensa de las dos vidas sino en todos sus términos”.
La ciudad, conocida por estar entre las 10 con más desocupación del país y sufrir la pobreza mucho más que cualquier otra urbe entrerriana, es colocada por obra y gracia de su intendente en un sitial que no fue el elegido por sus habitantes. De hecho, el Consejo Deliberante ya había tratado la idea de declarar “pro vida” a la ciudad y la iniciativa había sido derrotada en el debate legislativo.
El PC local caracterizó como “mesiánico y antidemocrático” el decreto con el que Cresto colocó, a la fuerza, a los 160 mil concordienses del lado de los defensores del aborto clandestino. El partido adujo también que lo firmado va “contra el Estado laico y las mujeres”.
“Resulta mínimamente del siglo XIX ignorar, pasar por alto y finalmente violentar la existencia de un Estado laico, de la pluralidad de voces en democracia y del propio funcionamiento republicano de las instituciones”, dijeron los comunistas, agregando que lo firmado por Cresto se hizo “a espaldas del pueblo y de toda representación popular”.
El debate es preciso
Desde la provincia de Buenos Aires y con la misma coherencia, por su parte Ayelén Bicerne, subsecretaria de Igualdad de Géneros y Diversidad de Suteba, recordó que “la movilización en la calle y la convocatoria no solamente están apelando a la despenalización del aborto sino exigiendo otros programas de educación sexual y procreación responsable y la ley de Educación Sexual Integral”.
“Estamos continuamente movilizadas”, dijo en referencia al movimiento de mujeres y, con respecto al debate pasado y ya ganado por quienes esperan que en Argentina el aborto sea legal, seguro y gratuito, sostuvo: “la dinámica de militancia se mantiene igual”.
Pero expresó que “lo que sí ha cambiado es por parte de los organismos antiderechos que apelan con ese eslogan irónico de ‘salvemos las dos vidas’”. En ese camino, informó que (y lo prueba el decreto concordiense) “hubo mucho más movimiento por parte de esas personas para batallar contra nosotras”. En ese marco, dijo: “hay mucha guita metida ahí, cuando nosotras lo hacemos a pulmón”.
Bicerne también consideró el rol de muchas religiones en el debate. Sobre ello, enfatizó: “constitucionalmente la Argentina como país sustenta, ya sea moral como económica y políticamente, el culto católico”, pero resaltó: “el debate es por si el aborto debe seguir siendo clandestino o si el Estado tiene que ser garante y partícipe de proporcionar que el aborto se dé en las mejores condiciones de salubridad y en hospitales públicos”.
