Esta es la pregunta que hacen los trabajadores de Luz y Fuerza que demandan que el gobernador, Martín Llaryora, diga por qué busca que la Empresa Provincial de Energía de Córdoba emita obligaciones negociables por cincuenta millones de dólares. “Epec no debe convertirse en una caja negra para el gobierno o los empresarios amigos del poder”, advirtió desde la CoNAT Rodolfo Leyría.
La Empresa Provincial de Energía de Córdoba (Epec) anunció que va a salir al mercado de capitales con una nueva emisión de obligaciones negociables por cincuenta millones de dólares, en lo que pretende constituirse en el paso inicial para una estrategia de financiamiento de mayor escala. En ese caso, según indican sin ninguna precisión las autoridades de Epec ni el gobierno de la provincia, se espera que las hipotéticas inversiones aporten a reforzar la infraestructura eléctrica de Córdoba y a modernizar la central hidroeléctrica de Río Grande.
Sin embargo, lo que en principio puede parecer una noticia más, enciende luces de alarma cuando se advierte que todo este procedimiento aparece demasiado opaco, tal como lo denuncia Luz y Fuerza Córdoba cuando explica que no queda claro en absoluto quién es el que va a garantizar esta toma de deuda, qué activos o ingresos respaldarán las obligaciones, cuáles son las obras que se prevé financiar y de qué manera se van a ejecutar. Así como tampoco se explica qué va a pasar con los trabajadores dentro de ese nuevo escenario abierto.
Por eso, y tras recordar que desde mayo de 2025 y por decisión del gobernador Martín Llaryora, Epec se transformó en una Sociedad Anónima Unipersonal (SAU), Luz y Fuerza reclama que se suministre información completa que permita esclarecer qué es lo que se pretende hacer con este procedimiento, algo para lo cual resulta indispensable que la empresa haga público su plan estratégico y convoque a los trabajadores para debatir cualquier iniciativa de este calibre, lo que de mínima podría aportarle algo de transparencia al asunto.
“Esto es la continuidad de un modelo económico y político que tiene el gobernador Llaryora respecto a las empresas públicas, que transformó a Epec en una SAU, por lo que los cordobeses dejamos de tener el control político sobre ella, y a partir de eso tiene la posibilidad de endeudarse con estas obligaciones negociables, lo cual es muy peligroso”, definió Rodolfo Leyría, trabajador de Epec e integrante del cuerpo de delegados de Luz y Fuerza. “Ahora hablamos de cincuenta millones de dólares pero que en palabras del propio presidente de Epec, podrían ascender hasta 250 millones, por eso como trabajadores estamos preocupados por el futuro de Epec, que tiene el control de la generación, distribución y comercialización de la energía en Córdoba y que desde la dictadura de Onganía hasta el día de hoy sufrió intentos de ser privatizada”.
En este sentido, Leyría recordó que esta empresa modelo “sobrevivió a la ola neoliberal y privatizadora de Menem a partir de una férrea defensa de sus trabajadores y del resto del pueblo cordobés” y se fue consolidando “como una de las mejores empresas por la calidad del servicio que presta, tal como lo dicen los entes que nos regulan a nivel provincial y nacional”. De tal manera que el dirigente de la Corriente Nacional Agustín Tosco de Córdoba, reiteró su justificada preocupación en relación a “la idea de endeudar a Epec con estas obligaciones, y esto no quiere decir que no queramos que Epec invierta, sino que queremos que se sepa cuál es el rumbo que toma esta empresa que es estratégica, porque lleva el desarrollo a los sitios más recónditos de la provincia, cumpliendo un rol social que si comienza a vender sus acciones o desintegrarse, ninguna privada va a cumplir”.
Rodolfo Leyría sustentó esa hipótesis afirmando que Epec “no debe convertirse en una caja negra para el gobierno o los empresarios amigos del poder” y recordó que el camino que llevó a que Llaryora pueda convertir a Epec en una SAU comenzó a transitarse con el DNU 70/2023 firmado por Javier Milei, cuya constitucionalidad fue severamente cuestionada, pese a lo que la Cámara de
Diputados lleva casi tres años sin analizarlo. La doble vara para las prioridades parlamentarias, cada vez más disociadas de las prioridades del pueblo, quedó nuevamente de manifiesto cuando la semana pasada oficialistas y opositores levantaron en tiempo y forma sus manos a la par para habilitar los pliegos de los jueces impulsados por el Ejecutivo, restringiendo aún más esta democracia formal y fortaleciendo el corporativismo de la “familia judicial”.
“El gobierno de Córdoba se escuda en ese decreto y, en ese marco, acabó con 73 años de una Epec estatal, integrada, cordobesa y pública” recalcó Leyría al reclamar contra la constitucionalidad del decreto 70/2023 y puntualizó que “eso también deriva en que Epec pueda adquirir tremenda deuda sin el control político de la Legislatura y el Tribunal del Cuentas”.
En este escenario condicionado, el delegado de Luz y Fuerza Córdoba insistió en la exigencia de “información completa” y, en tal sentido, precisó la demanda de que “Epec publique el programa integral de endeudamiento previsto para los próximos años y que lo haga con transparencia y control público”. Al día de hoy, señaló que no se conoce información alguna “sobre las garantías que la empresa piensa poner, detalles acerca de las obras que espera financiar, cuánto costará cada una y bajo qué mecanismos de contratación se piensan hacer”. Y resaltó que, en definitiva, “nadie como los trabajadores, sabe dónde hay que invertir, ya que somos nosotros los que día a día mantenemos el servicio de energía en funcionamiento y por eso es que debemos ser consultados”.
