Con esta consigna se volverá a movilizar para protestar contra la privatización del noventa por ciento de las acciones de AySA. El gobierno prevé que el martes 15 de septiembre se abran las ofertas. “Si se avanza en esto el agua va a dejar de ser un derecho humano para convertirse en una mercancía”, advirtió Emanuel Ríos, Subsecretario de Educación Ambiental y Desarrollo Sustentable de Suteba. La firma israelí Mekort, que ingresó con fuerza a nuestro país durante el gobierno del Frente de Todos, asesora el proceso de privatización de esta empresa nacional estratégica.
El gobierno nacional prorrogó hasta el martes 15 de este mes la fecha tope para la presentación de ofertas de quienes postulen para quedarse con el noventa por ciento de las acciones de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), una extensión del plazo que busca favorecer la incorporación de nuevos interesados en la privatización de la empresa que presta servicios de agua y cloacas a Ciudad de Buenos Aires y veintiséis partidos de su conurbano, donde suma alrededor de 3,7 millones de usuarios.
La apertura de sobres estaba prevista originalmente para el jueves 27 de agosto y por eso es que ese día, con la consigna “El agua no se vende”, un colectivo integrado por diferentes organizaciones que se oponen a la privatización, se movilizó hacia la sede del Ministerio de Economía y ahí, entre otros, estuvo el subsecretario de Educación Ambiental y Desarrollo Sustentable de Suteba, Emanuel Ríos, quien recalcó que AySA es “una empresa estratégica que fue recuperada en 2006 por el gobierno de Néstor Kirchner, después de que durante los años 90 fuera privatizada por el gobierno de Menem, lo que la llevó a pasar todo un proceso de deterioro porque no se hicieron obras”.
En este sentido, manifestó que “el ejemplo de esta empresa sirve para refutar a los que nos quieren vender que lo privado es lo mejor”, ya que “después de haber pasado por lo que tuvo que pasar cuando la privatizaron, en este momento AySA es una empresa que tiene superávit”. Por lo tanto, Ríos, que además es Secretario Sindical del PC bonaerense, denunció que “quieren entregar una empresa que deja alrededor de un nueve a un diez por ciento de renta anual, algo que es una barbaridad para una empresa de este tipo”.
Por eso mismo es que diferentes espacios sociales, ambientalistas, políticos y sindicales, entre los que están ambas CTA , también presentaron una carta dirigida al Ministro de Economía, Luis Caputo, en la que manifiestan su oposición a la privatización de AySA, así como al marco regulatorio que la posibilita, que es el DNU 70/2023 sobre el cual desde hace varios meses pesa un pedido de inconstitucionalidad que la Cámara de Diputados no trata y que es el que le da luz verde al Decreto 493/2025. “Ese decreto suprime el derecho humano al agua cuando, entre otras cosas, habilita los cortes del suministro en caso de que los usuarios tengan dificultades para pagar el servicio”, señaló Ríos y agregó que “también baja los estándares de control de calidad del agua, lo que tiene un severo impacto negativo en la salud de quienes la consumimos”.
En este punto cabe citar que con la flexibilización y eliminación de los parámetros de control de calidad del agua que antes estaban vigentes, se imposibilita contar con alertas tempranas en casos de riesgos de posible contaminación, al tiempo que entre otros controles se eliminan los de cianuros, nitritos, floruros y alcalinidad, lo que configura un escenario en el que la población del área abastecida por AySA, pasa a quedar en zona de riesgo.
Así las cosas y después de criticar “el absoluto secretismo que rodea a este proceso de privatización”, Ríos recordó que tal proceso no debería avanzar, puesto que pesa sobre él una cautelar que fue dispuesta por el Juzgado Contencioso Administrativo 2 de La Plata a raíz de una presentación que oportunamente hiciera la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. “Esa decisión obliga a Milei y Caputo a que se abstengan de avanzar en esa dirección”, puntualizó el dirigente de Suteba y La Violeta Docente antes de alertar que si prospera la privatización “todos los usuarios de AySA vamos a pasar a pagar tarifas dolarizadas, porque no va a existir nadie que regule el precio que disponga la empresa que se quede con ella”. De forma que, afirmó, “el agua va a dejar de ser un derecho humano para convertirse en una mercancía”.
Por ejemplo, Lomas de Zamora, Moreno, Ituzaingó y Lanús son algunos de los municipios del Gran Buenos Aires cuyos concejos deliberantes se pronunciaron contra la privatización, algo que también va a expresarse el martes 15, cuando se lleve a cabo una movilización hacia la sede de la Cartera Económica, “que esperamos que pueda ser lo más amplia posible, para manifestar nuestra oposición a la privatización, en la que ya se anotaron diferentes grupos como el que lidera José Luis Manzano, que es asesorado por la empresa israelí Mekorot, que ya tiene una creciente y peligrosa presencia en diferentes puntos del país”.
A la hora de pensar la construcción de una alternativa política en nuestro país dispuesta a revertir todas y cada una de las políticas de ajuste y entrega impuestas por el mileísmo y no apenas a administrar los enormes daños sociales provocados, es necesario tener presente que las puertas para el avance en Argentina de Mekorot, empresa que se roba el agua de Palestina contribuyendo al genocidio contra su pueblo, fueron abiertas de par en par durante el gobierno del Frente de Todos. Gobierno durante el cual también se convalidó la estafa del FMI, que hoy ordena cada paso de la economía y la política de esta Argentina neocolonial.
