¿Quién se quedó con los dólares del sobreendeudamiento? Una protesta que advierte sobre un problema creciente.
Las ciudades de Buenos Aires, Córdoba, Rosario y La Plata entre otras de las principales del país, fueron el epicentro de una movilización convocada por la Red de Trabajadores Precarizados, Informales y Despedidos que suma a trabajadores de diferentes modalidades en las que el precariado avanzó durante los últimos años.
Ahí, entre otros, pudo verse a operadores de call center, repartidores que desarrollan su actividad por medio de aplicaciones y personal de servicio doméstico.
Básicamente demandan acceder al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), que se los incluya en los alcances del DNU 329/2020, entre otros reclamos que cuestionan este tipo de relación entre los universos del capital y el trabajo que se arraigó todavía más en tiempos de pandemia.
Pero también que se los encuadre sindicalmente, y se oyeron voces que piden que se garantice un ingreso universal de treinta mil pesos, para lo que se postula que es preciso avanzar en un esquema impositivo que grave a las grandes fortunas.
La protesta de ayer visibilizó a varios sectores de la actividad económica, en los que las limitaciones que impone el aislamiento social preventivo y obligatorio, expuso con crudeza la situación de informalidad de la relación laboral, algo que quedó reflejado cuando11.382.417 personas solicitaron el IFE.
Un mes atrás, un informe del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa), señaló que el 55 por ciento de los hogares de todo el país tiene como jefe a un trabajador en relación de dependencia registrado y, de ese universo, el 16 por ciento es pobre.
Por su parte, el trabajo que se hizo en base a datos proporcionados por el Indec, advierte que el 22 por ciento presenta como jefe a un asalariado no registrado y, de ese segmento, el 43 por ciento vive en la pobreza. Entre el 23 por ciento restante el jefe es cuentapropista y ahí el 35 por ciento son pobres.
Y aquí es prudente volver a señalar que las limitaciones impuestas por la pandemia, sólo pusieron en superficie una problemática cuyas características se fueron construyendo, sobre todo, durante la Presidencia Macri.
Pese al crecimiento poblacional, de 2015 a trimestre inicial de 2019, de acuerdo al Indec, no se crearon puestos laborales “de calidad” suficientes dentro del sector privado donde el noventa por ciento fueron trabajos precarizados.
A la hora de atajarse ante esta evidencia, desde el universo del capital argumentan que la traba está en los “altos costos laborales”. Pero de acuerdo a un trabajo de la Universidad Nacional de Avellaneda, la incidencia de la carga impositiva sobre el salario es en Argentina diez puntos menos que en países como Bélgica y Alemania, mientras que en el caso de las indemnizaciones por despido, se coloca en el mismo rango que Australia.
¡Mucha plata!
Se está precarizando el mercado laboral y este cambio de perfil que se verifica en el universo del trabajo argentino, atenta contra los derechos laborales, el acceso a la protección social y la capacidad de agremiación.
Pero, asimismo, complica la vida de personas concretas a la hora de planificar su propio futuro.
El escenario de precarización que dejó la Presidencia Macri, deja claro que lejos de ponerse al margen del proceso económico como pretende el discurso neoliberal, ese gobierno intervino con toda la fuerza que del Estado a la hora de regular para favorecer el desarrollo de un determinado modelo social.
En estos días se está conociendo un informe del Banco Central que da cuenta de las características que tuvo la fuga de capitales perpetrada entre 2015 y 2019, que superó los 86 mil millones de dólares.
Este relevamiento explica en gran medida dónde fue a parar el sobreendeudamiento que dejó el Gobierno Cambiemos, que complica más del ochenta por ciento del PIB.
Pero también señala que más de la mitad de los 86 mil millones, se concentraron en empresas y personas humanas que compraron dólares durante ese período.
Aquí, otra vez aparece este mecanismo perverso por el que, con el aparato estatal a su disposición y desde una clara identidad de clase, permitió que se endeuda a todos los argentinos para abastecer de dólares baratos que se fugaron sin aportar al sistema productivo.
¿Cuántos de los beneficiarios de este mecanismo de fuga y sobreendeudamiento estarán en la lista de los potenciales alcanzados por el proyecto de ley que pretende gravar excepcionalmente a las hiperfortunas que operan en el país?
Sin dudas, ese es un dato que resulta interesante destacar, cuando comienza el debate sobre quién debe hacer el esfuerzo que demanda sostener a la economía sobre la línea de flotación, en tiempos de pandemia.
Pero que también será imprescindible tener en cuenta al día siguiente, cuando en el barajar y dar de nuevo, el universo del capital intente terminar de imponer al precariado como forma vincular con el universo del trabajo.
