El perro y su cola

Tres años atrás, la planta de Cresta Roja ubicada en la localidad bonaerense de Luis Guillon, fue donde Mauricio Macri y María Eugenia Vidal montaron una escena con la que pretendieron exhibir al Gobierno Cambiemos como sinónimo de reactivación económica, trabajo y prosperidad.

Pero a poco de que se apagaran las cámaras, la realidad comenzó a ser otra: la planta nunca se reactivó, despidieron a más doscientos operarios y, ayer por la tarde, fuerzas policiales reprimieron brutalmente a trabajadores que se manifestaban en la entada de la fábrica para reclamar que los reincorporen, tal como prometieron Macri y Vidal.

Cresta Roja es también el lugar desde donde el presidente anunció que vetaba la Ley Antidespidos. Fue en mayo de 2016 cuando para echar al tacho de basura la norma que el Congreso acababa de sancionar, Macri invocó el compromiso de cámaras empresariales para no despedir personal.

Como pasó al año siguiente cuando -con el aval de la burocracia sindical- protagonizó un acto similar junto a empresarios, esa vez el acuerdo fue sólo papel pintado y los despidos y destrucción de fuentes laborales se profundizaron, al tiempo que se avanzó en la generación de condiciones de flexibilización de la relación entre capital y trabajo.

Pero no fue lo único que se profundizó y así lo demuestra la represión y criminalización de la protesta de los trabajadores de Cresta Roja.

Los datos que suministra la realidad son alarmantes. Durante los últimos días, en San Nicolás fueron suspendidos más de cuatrocientos operarios de la fábrica de motos Motomel y cincuenta de la productora de llantas Protto corrieron idéntica suerte. Todo el año estas plantas llevaron a cabo suspensiones totales y parciales de sus trabajadores: ahora, la pronunciada baja de los índices de producción y venta hacen temer lo peor.

Por su parte la gráfica Interpack también cesanteó obreros de la fábrica que posee en Lomas del Mirador y, desde el cuerpo de delegados, denuncian que la patronal busca vaciar la planta y flexibilizar las condiciones laborales.

En Junín, Induspol se sumó a otras empresas que decidieron bajar las persianas de las plantas que poseen en el parque industrial, lo que deja en la calle a casi cincuenta trabajadores.

Mientras que después de que no hace mucho echaran a personal contratado, la fábrica Navegante de Naschel despidió a cuarenta obreros de la planta permanente de la fábrica de bolsas y telas media sombra e hilo que posee en San Luis. Y otra textil, SportTech, cerró la fábrica de Villa Flandria donde tercerizaba trabajo para Adidas, Nike y Puma y despidió a sus 62 empleados.

Por otro lado, en la localidad santafesina de Casilda, los trabajadores de las plantas metalúrgicas de Industrias Agrícolas Rosario SA (Iarsa) y Marani, están de paro para exigir el pago de salarios atrasados.

País en riesgo

Está claro, entonces, que los acuerdos que se presentaron como medidas para proteger el trabajo, sólo fueron artilugios que le dieron a las patronales un paraguas protector para seguir ajustando, le suministraron a las burocracias sindicales una herramienta para negociar y al gobierno le permitieron avanzar en la reformulación regresiva de la relación entre los universos de capital y trabajo, algo que está en la esencia del “cambio cultural” que propende.

Y es en este camino en el que la destrucción de unidades productivas, sobre todo del sector pyme, tiene un sentido pedagógico en tanto apunta conceptualmente a la línea de flotación del proletariado.

Pero también posee un efecto práctico, ya que aporta a la construcción de un perfil productivo reprimarizado, en el que el capítulo industrial estaría reservado para transnacionales que deslocalicen unidades productivas, para pagar salarios del África subsahariana y destruir el medioambiente sin que nadie se los impida.

El Estimador Mensual Industrial del Indec, señala que -en octubre- la actividad de este sector retrocedió 6,8 por ciento, en lo que significa la sexta caída consecutiva desde mayo, lo que lleva el acumulado de lo que va del año a 2,5 y coloca la retracción de los últimos doce meses por encima del quince por ciento.

Pero si esto es alarmante, se vuelve peor cuando se aprecia el desagregado por actividad. La industria textil cayó 23,4 por ciento, la metalmecánica -sin contar la automotriz- se derrumbó 21,3, en el rubro de caucho y plástico la caída es de 17,2, para la industria automotriz 10,8, en el caso de la edición e impresión 7,3, 6,5 en el de la elaboración de químicos, 4,8 para los productos minerales no metálicos, 3,7 para el bloque de papel y cartón, la industria del tabaco 1,1 y la metálicas básicas 0,2 por ciento.

En este marco, casi el sesenta por ciento de las patronales industriales aguarda que la actividad siga cayendo, mientras que tres de cada siete empresas van a achicar su plantel de personal. Esto está en sintonía con los más de veinte mil operarios despedidos en lo que va del año y los casi cien mil que hay desde diciembre de 2015, según el relevamiento del Centro de Economía Política Argentina (Cepa).

Otro dato interesante que refleja el Indec es el referido a la construcción, segmento que el propio ejecutivo intentó presentar como ejemplo de que la reactivación de la actividad estaba a la vuelta de la esquina. Este segmento retrocedió en octubre 6,4 por ciento comparado a igual período de 2017 y 3,7 en relación a septiembre.

Es que el ajuste que impone el FMI presiona sobre la obra pública. Se suspendió “hasta nuevo aviso” la puesta en marcha del mecanismo de inversiones en obras de infraestructura conocido como Participación Público-Privada. Al parecer, no alcanzó con el entusiasmo de Macri y La Rosada para convencer a los empresarios para que pongan en marcha obras que ya se licitaron.

Todo indica que convencer a un empresario es más difícil que arrancar sonrisas y aplausos de una claque dispuesta en la platea del Colón, más aún cuando muchos ven que detrás del Caso de los Cuadernos, se esconde una maniobra que busca un barajar y dar de nuevo que permita la irrupción de empresas estadounidenses en un sistema altamente cartelizado como el de la obra pública argentina.

Y, sobre todo, cuando el riesgo país trepa a niveles preocupantes -ayer alcanzó los 744 puntos básicos- lo que refleja que esos mercados, que Cambiemos esperaba que propiciaran lluvia de inversiones, en realidad desconfían -y fuerte- sobre la solvencia de un gobierno que ya hizo los deberes, pero a un costo que -entre otras cosas- dejó muy vulnerable a la economía del país.

La banda y el dólar

El acuerdo suscripto entre el Gobierno Cambiemos y el FMI, puso a Argentina en un estado de fragilidad que se potencia por un escenario global sumamente inestable, tal como quedó demostrado al día siguiente de que terminara la cumbre del G-20.

De todos modos, el ejecutivo logró mantener el precio de la divisa estadounidense dentro de la banda de flotación, lo que le permite ganar oxígeno sobre el fin de un año complicado, pero sobre todo de cara al 2019 cuando espera revalidar su estancia en La Rosada.

¿Pero quién paga el costo de esta política monetaria que lleva a cabo el Banco Central?

Las instrucciones del FMI son claras y la mecánica complicada. Las tasas de interés por las nubes provocan una severa restricción monetaria, con la que se busca desacelerar la economía de forma lo suficientemente drástica como para ir morigerando la curva inflacionaria ascendente.

Pero aquí es donde el perro comienza a morderse la cola, ya que cuando retocan la tasa, automáticamente salta el precio del dólar. Pero toda esta jugarreta tiene ganadores y perdedores: la que se llevan por medio del carry trade, lo paga la economía real.

Y esto es lo que no deberá perderse de vista cuando, al conocerse los índices de noviembre y diciembre, La Rosada festeje y diga que la inflación empezó a ceder.

Porque, aunque por retracción de consumo la inflación se vaya acomodando en un rango inferior al que tocó al promediar el año, cuando se mire hacia atrás se podrá ver el tendal que va quedando en términos de cierre de fábricas y pérdida de puestos trabajo, caída de la actividad y –en términos reales- de la recaudación impositiva. Y aquí está otra de las claves para advertir lo que se viene.

La recaudación fiscal crece por debajo de la inflación, lo que en términos de moneda contante puso a la de noviembre un diez por ciento abajo de la de igual período de 2017.

Esto atenta contra el objetivo manifiesto del gobierno que es el déficit fiscal primario cero para 2019, en un contexto en el que el quince por ciento del gasto público previsto es el que se asigna al renglón de pago de intereses de deuda pública.

¿De dónde pensará el Staff Cambiemos sacar el dinero para achicar la diferencia, cuando está claro que el ajuste planteado a partir de las previsiones del Presupuesto no va a alcanzar para llegar al déficit cero?

Desde lo que la lógica de su ideología le permite, el ejecutivo ya echó mano a todas las herramientas de que dispone para intentar frenar el déficit. Pero por supuesto ni siquiera amagó con cobrar impuestos -en serio- ahí donde están los ganadores del modelo.

Por eso trabaja para mantener el tipo de cambio que le permita mejorar el déficit de balanza comercial, algo que logró a fuerza de la caída de importaciones -sobre todo- de bienes de capital, pero también merced a la merma del turismo hacia el exterior y la potenciación de aquel de tipo receptivo.

Así consiguió otro poco de aire que le permite jugar con la banda de flotación del dólar, pero todo -y esto hay que recalcarlo- a un costo altísimo que se paga en términos de ajuste que cae sobre el salario de trabajadores activos y jubilados.

Y, entonces, el perro vuelve a morderse la cola. Porque el ajuste no puede traer otra cosa que más caída de la actividad económica, lo que provoca despidos y depreciación del salario real, y el que se queda sin trabajo o gana menos deja de pagar impuestos, entre otros el IVA porque consume menos. Esto lleva a que haya más déficit y, por eso, se viene más ajuste.