¿Qué se esconde detrás de intento por reformar el Código Penal que impulsa la Presidencia Milei? “Es inaplicable y sólo beneficiaría a empresas que quieran hacer negocios construyendo cárceles”, sostuvo el vicepresidente de la Liga, el abogado Gerardo Etcheverry.
Entre los principales pilares de la institucionalidad liberal burguesa están el Código Civil y el Código Penal. El Civil es el que dice quién es el dueño de la propiedad privada individual y quiénes heredan esos bienes, mientras que el Penal es aquel que señala quién puede usar un palo para pegarle por la cabeza a quienes cuestionen lo que dice el Código Civil. Por eso es que vale la pena revisar de qué va el intento por reformar el Código Penal que en estos días debe analizar el Congreso, sobre todo porque desde donde se lo impulsa, es desde un esquema de gobierno que abiertamente y como pocas veces antes, favorece la extrema concentración de la propiedad privada individual.
Si bien por ahora se trata sólo de un anteproyecto, el tema volvió por un rato a las primeras planas después de una presentación que poco tiempo atrás hiciera Javier Milei, junto a sus ministros de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y de Seguridad Patricia Bullrich, en una ceremonia en el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza, en la que fue la última actividad que como candidato a diputado nacional realizó José Luis Espert.
El texto que fue elaborado por una comisión presidida por el penalista Jorge Buompadre e integrada, entre otros, por el propio Cúneo Libarona, presenta un cuerpo normativo que pasa de 316 a 920 artículos en los que promueve un endurecimiento de las penas y una deriva hacia un marcado punitivismo. “La idea de esto es la de ‘la prevención general’ que es dar miedo a la población para que no cometa delitos”, explicó el vicepresidente de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, el abogado Gerardo Etcheverry. “Esa es la idea de quienes creen que por poner penas elevadas los delitos no van a ser cometidos”, algo que no dudó en calificar como “un desvarío” porque, como recordó a modo de ejemplo, “en los países donde hay pena de muerte no hay menos delitos por ello”.
En ese sentido aclaró que en nuestro país “durante los últimos años las penas por homicidios no subieron y hubo una baja notable en la cantidad de homicidios”, por lo que “evidentemente no hay una relación directa entre el aumento de las penas y la disminución de los delitos, con lo que todo el cuerpo del Código que parte de esa base, lo hace desde una idea que es falsa y cuya ineficacia fue demostrada infinitas veces”.
¿Pero entonces qué es lo que persigue este intento de reforma? “Hay una cuestión fundamental y es que este anteproyecto pone, una vez más, a la propiedad por encima de la vida”, adviertió Etcheverry y puntualizó que “cambia un poco algunas penas vinculadas con la vida como el mínimo por homicidio simple, que lo sube de ocho a diez años”, mientras “en materia de propiedad multiplica montones de veces las penas mínimas y las máximas”.
Al respecto, indicó que “en el caso del robo se multiplica 36 veces la pena minima, mientras que en el de homicidio lo hace cuatro, lo que brinda una idea de qué es lo que quieren defender quienes inspiran y redactan este anteproyecto”. Y alertó que “los agravantes que hoy tiene el hurto son menos de diez, pero el nuevo texto pone más de treinta y en algunos de ellos van a penas altísimas, cuando hablamos de un hurtos, que es una sustracción de propiedad sin lastimar nadie ni romper nada, sin causar ningún daño”.
Asimismo, el nuevo Código Penal que promueven Milei y su banda “también busca que el personal policial tenga la mano absolutamente libre”, algo que “garantiza una presunción de que actúa adecuadamente cuando mata o hiere a alguien, aunque es una presunción que puede admitir prueba en contrario, porque lo único que faltaba es que ni siquiera pudiera admitirla, que fuera absoluta”, detalló Etcheverry.
Además de todas estas aristas, el vicepresidente de la LADH también cuestionó el anteproyecto por su inviabilidad. “Es un Código que, si se aplicara, haría que el porcentaje de población en las cárceles fuera tal vez mayor que el de EE.UU. que es el país que tiene el más elevado porcentaje de gente en la cárcel” subrayó y destacó que “su aplicación sería carísima por la cantidad de gente que habría que meter presa”, e insistió con que además “no resguarda la vida y queda claro que aumentar las penas no garantiza que no se cometan los delitos”.
Entre la nueva lista de agravantes de penas que incluye el proyecto, abundan aquellos que son lo suficientemente ambiguos como para poder apretar todavía más los torniquetes del control social por parte del Estado. “Un ejemplo es el hurto”, explicó el abogado de la Liga y sostuvo que “todo hurto de carteras o billeteras es agravado y aparece con una pena que es superior a la de un robo y estamos hablando de un hurto, ni siquiera de un arrebato porque eso ya es un robo”. En relación a esto reflexionó que “una persona que hurta, que saca cosas sin dañar a nadie, por lo general es alguien que aprovecha un descuido y lo hace por una necesidad, no hablamos de bandas ni de nadie que cause daños gravísimos, sino de una categoría de daño mínimo y a esa persona se la podría meter un montón de años presa con este nuevo Código”. Además, “si alguien se apropia de una cosa perdida ahora la pena es de multa, lo cual es razonable, pero en este Código podría tener pena de cárcel”.
¿Pero entonces quién se beneficiaría si este anteproyecto se convierte en Código Penal? “La idea de este Código sólo le puede servir a empresas que quieran hacer negocios construyendo cárceles, ese es el único sentido práctico que puede tener este proyecto de Código, para cualquier otra cosa es un desvarío total que carece de justificación teórica porque está demostrado que aumentar las penas no disminuye los delitos y eso es lo único que busca, aumentar penas, excepto para policías e integrantes de otras fuerzas de seguridad”, aclaró Etcheverry.
