¡Qué culpa tiene el tomate!

La Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) realizó ayer una protesta en Plaza de Mayo, para reclamar una ley de acceso a la tierra, un plan de viviendas y políticas de fomento de la agroecología. También solicitó la creación de colonias agrícolas o “parcelas agroecológicas” en todo el país, con el propósito de consolidar la soberanía alimentaria.
Para ello instalaron una colonia agrícola en Plaza de Mayo donde hubo animales de granja, frutas y verduras. Además, se donaron alrededor de plantines a las personas que transitaban por la zona.
Con esta iniciativa, la UTT buscó visibilizar el reclamo de pequeños y medianos productores, frente a la necesidad de que se garantice el acceso a la tierra para los trabajadores del campo. Un cartel, señalaba que si Plaza de Mayo fuera una colonia agrícola, allí se podrían producir alimentos para 250 familias.
En sintonía con algunas políticas del Ministerio de Hábitat y Vivienda de la Nación, que recientemente relanzó una nueva fase del Procrear, la UTT reclamó por la creación de un “Procrear Rural” que permita a los trabajadores de la tierra acceder a una vivienda digna y a una parcela para trabajar.
Al respecto Zulma Molloja, militante de la UTT, aseveró que “con un 35 por ciento de lo que Mauricio Macri le prestó solo en un mes a Vicentin, el Estado argentino puede generar un fondo de crédito para dar tierras para producir y vivienda digna a 1.000 familias por mes”.

Colonias

En 2016 y 2018 habían ingresado al Congreso de la Nación un proyecto de ley que contemplaba la creación de colonias agrícolas, pero ambas iniciativas perdieron estado parlamentario, debido a la falta de voluntad política de tratarlas en el recinto.
Ahora, con un nuevo gobierno, en medio de la crisis económica y sanitaria que atraviesa el país, la UTT presentará por tercera vez el proyecto.
Uno de los puntos más sobresalientes de la iniciativa es el que prevé la creación de colonias agrícolas en tierras fiscales.
Aquí, hay un punto en común con el nuevo Procrear y su complementariedad con el Plan Nacional de Suelo Urbano, cuya articulación permitirá la creación de nuevas viviendas en terrenos fiscales, previo acuerdo con provincias y municipios.
Qué distinto, por ejemplo, que resuenan estas iniciativas frente a la política de negociado del Gobierno de la Ciudad con el sector privado, para convertir terrenos fiscales en “emprendimientos” inmobiliarios y/o grandes centros comerciales.
La producción agrícola popular y sustentable así como el acceso a la vivienda se relaciona, directamente, con el acceso a la tierra. En otro artículo publicado recientemente en Nuestra Propuesta, se detalló que para solucionar el problema del déficit habitacional, que afecta a por lo menos cuatro millones de personas en todo el país, es necesario avanzar en una reforma agraria, esto es, en una redistribución del suelo, con el propósito de construir nuevos espacios urbanos, que a su vez se constituyan en armonía con el medio ambiente.
Vale recordar que en Argentina el sesenta por ciento de los alimentos que se consumen en el mercado interno, son producidos por pequeños productores que apenas poseen el trece por ciento de las tierras disponibles. Por el contrario, las grandes empresas agrarias -como Vicentín y otras-, controlan al menos el 36 por ciento del suelo cultivado.
Frente a esta desigualdad, el proyecto busca no solo equilibrar la propiedad de la tierra, sino también mejorar la calidad de la producción y ofrecer alimentos baratos mediante técnicas agroecológicas, lo que beneficiaría a la salud y el bolsillo de millones de trabajadores.

Tranqueras cerradas

Así las cosas, el problema de la propiedad de la tierra, pero también la decisión de qué y cómo se produce, sigue siendo central para definir si Argentina va a ser un país en el que entren 45 millones de personas o al que le sobren, por lo menos, treinta millones.
¿Acaso se puede pensar en ofrecer alternativas de vida digna a millones de personas que viven apiñadas en los conurbanos de las grandes ciudades, si más allá de estas fronteras sólo encuentran tranqueras cerradas?
¿Es posible abrir esas tranquera sin tocar una matriz productiva anacrónica, que durante los últimos cuatro años se concentró más todavía, al tiempo que se reprimarizaba?
Difícil si además de discutir la propiedad de la tierra, no se hace lo propio con la tasa de rentabilidad que deja el sector agroexportador. Y, fundamentalmente, si no se cuestiona que los alimentos que se producen en Argentina sean considerados comodity. Esto es, que el pan que se sirve en la mesa de los hogares argentinos, hecho con trigo producido en el país, se pague a precios europeos.
Cuestionar estas cosas, es cuestionar los privilegios que derivan de la extrema concentración del negocio agroexportador.
Un ejemplo revelador lo brinda un reciente informe del Ministerio de Agricultura, que da cuenta de quienes se quedaron con el negocio que dejó vacante Vicentin, después de que entrara en cesación de pagos, pese al generoso aporte de 1.300 millones de dólares con que lo benefició, en su ocaso, la Presidencia Macri (Ver ¿La Ruta del Dinero V o la Ruta del Dinero MV?).
De acuerdo al trabajo de la cartera de Agricultura, durante el semestre inicial del año los volúmenes de embarques que hasta entonces hacía Vicentin, pasaron a engrosar las cuentas de las restantes grandes cerealeras que literalmente se repartieron el negocio en el que, a su vez, creció la extranjerización.
La parte del león se la quedó su socia en Renova, el holding de capitales suizos Glencore, cuyos embarques se incrementaron de 3,3 a 4,8 millones de toneladas. Y otra que se quedó con una suculenta tajada es la estadounidense Cargill, que embarcó algo así como setecientas mil toneladas suplementarias.
Esto es lo que se quiso evitar con el frustrado DNU 522/2020 que, el 9 de junio, ordenó la intervención de Vicentin por sesenta días. Esto es lo que facilitó la masa de maniobra que caceroleó exhibiendo carteles donde se leía “soy Vicentin”.