El gobernador de Mendoza Rodolfo Suárez cedió, sin obligación de canon, doce mil hectáreas de la cordillera de Los Andes a una empresa privada para que desarrolle un centro de esquí privado. “La cesión viola leyes provinciales y derechos ancestrales”, explicó Ernesto Arroyabe, del Partido Comunista mendocino.
“Esto es un regalo descarado” dijo Ernesto Arroyabe, militante del Partido Comunista de Mendoza, luego de conocerse que el gobernador Rodolfo Suárez cedió a la empresa Azufre S.A más de doce mil hectáreas de la cordillera de Los Andes para la instalación de un centro de esquí privado. “Esta política de entrega de los espacios públicos y de los recursos naturales tiene toda una tradición en Mendoza, que se refleja muy bien en Suárez y Cornejo”, remató el dirigente del PC.
“Lamentablemente la entrega de espacios y recursos públicos y naturales es una práctica recurrente que afecta a la cordillera de Los Andes porque se la considera como algo que es de todos pero no es de nadie, una cosa ahí abandonada que solo puede rendir a fuerza de iniciativa e inversión”, explicó el referente comunista y puntualizó que “este tipo de ideas, así de burdas, son las que están detrás de la decisión de ceder más de doce mil hectáreas de la cordillera a la empresa Azufre S.A”. La decisión de Suárez tiene antecedentes, que pueden ser remontados décadas atrás cuando se llevó a cabo el proyectó de Las Leñas, iniciativa que anticipó este tipo de concesiones. “Es una política que se fundamenta en la idea de que para estimular el desarrollo es necesaria la asistencia del gran capital transnacional”, enfatizó.
Un claro ejemplo de esta ideología se aplica también al uso del agua en Mendoza. En ese sentido, Arroyabe recordó que “Cornejo se cansó de repetir en todos lados, para fundamentar la política de entrega de los recursos naturales como en Portezuelo del Viento, que es un crimen que las aguas del río Colorado se pierdan en el mar". Esto ilustra que "para Cornejo que las aguas del río desemboquen en el mar representa un desperdicio, pero no aclara que no se refiere al curso de la naturaleza sino a las oportunidades de negocios privados".
Para tener una idea de la magnitud del desastre que produce este tipo de políticas no es necesario remontarse a conflictos interprovinciales como el que involucra a Mendoza y La Pampa por el río Atuel. La cuenca del río Mendoza, la cuenca más al norte que impacta en el Gran Mendoza, ha sido totalmente depredada. Esta cuenca terminaba en las Lagunas del Guanacache en el nordeste de la provincia, un sitio en el que había cultivo con río desde antes de la conquista y que fue por ejemplo el primer sitio del actual territorio argentino en el que se sembró trigo. “Hoy en día es un arenal desértico porque el agua se usa, toda, en propiedades mucho más arriba en el curso por lo que las Lagunas del Guanacache ahora son médanos” contó Arroyabe y sostuvo que “esto es un ejemplo claro de lo que sucede con los recursos naturales cuando son explotados por el capital”.
Sobre la privatización de las tierras cordilleranas en Malargüe, el dirigente comunista hizo hincapié en que “tiene varias transgresiones muy violentas". En primer lugar, "la decisión de Suárez desconoce a los puesteros ancestrales de la zona de Malargüe". Se trata de la zona en la que se crían la mayor cantidad de chivos en toda la provincia, producción que es gestionada por un frigorífico municipal que exporta carne caprina a los países árabes. Por eso, Arroyabe recordó que es una estrategia discursiva histórica de la derecha y la oligarquía la de asociar ciertos territorios con la idea de desierto, cuando en realidad practican una política de invisibilización y desplazamiento de sectores productivos que contradicen las lógicas del gran capital”.
En segundo lugar, amplió, “se están llevando puesta una ley provincial que otorga prioridad en la zona a los puesteros, cuya actividad no solo se asienta en usos y costumbres sino también en el reconocimiento del Estado, reconocimiento sobre el que están pasando por encima”. Por último y no menos importante, la cesión promovida por Suárez, “que es coherente con la política de privatización del radicalismo provincial”, es consecuencia también de la modificación que en su momento hizo Macri por decreto de la ley de tierras, que anteriormente prohibía la privatización y cesión de tierras en zonas de frontera, sensibles a la seguridad nacional. “Y ahora Alberto Fernández es tan legalista que permite la ilegalidad”, concluyó el dirigente, al no restaurar la ley de tierras anterior a las modificaciones arbitrarias introducidas por el macrismo y que permitiría frenar la política de entrega de la derecha mendocina.
