El gobierno de Javier Milei decidió avanzar sobre el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de ANSES para poner hasta 2 billones de pesos a disposición de los bancos con el fin de que hagan negocios privados con créditos hipotecarios. Mientras las jubilaciones mínimas continúan perdiendo poder adquisitivo y millones de hogares se hunden en el endeudamiento, Luis Caputo presentó como política de vivienda una operación que coloca recursos previsionales al servicio del sistema financiero y la especulación inmobiliaria. El Movimiento Jubilados de Liberación denunció el nuevo avance y reclamó el control de trabajadores y jubilados sobre el FGS. “La plata de lxs jubiladxs no es para los bancos”, advirtió.
El gobierno de Javier Milei volvió a poner la mira sobre los recursos previsionales y esta vez lo hizo a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de ANSES. El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció una operatoria por hasta 2 billones de pesos que serán colocados en entidades bancarias para que estas financien créditos hipotecarios destinados a la compra de viviendas.
La medida fue presentada por el oficialismo bajo el argumento de ampliar el acceso al crédito y generar un supuesto efecto multiplicador sobre la economía, aunque los requisitos de ingresos, ahorro previo e historial crediticio dejan afuera a las familias trabajadoras que atraviesan mayores dificultades. Es decir, a la enorme mayoría de nuestro pueblo.
La operatoria contempla que los recursos del FGS sean licitados para constituir depósitos a plazo fijo en bancos, que luego utilizarán esos fondos para otorgar los préstamos. Según la información difundida, el gobierno espera que el programa alcance a unas 18 mil personas, una dimensión por demás reducida frente al déficit habitacional existente y a la magnitud del patrimonio previsional que se pone a disposición de nuevos negociados financieros.
El anuncio se produjo mientras la Cámara de Diputados avanzaba con el programa económico y financiero del Gobierno. La denominada Ley de Inocencia Fiscal II obtuvo media sanción con 139 votos afirmativos, 110 negativos y dos abstenciones, al tiempo que también avanzó la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central impulsada por el oficialismo. En ambos casos, para seguir favoreciendo la evasión fiscal de una casta empresarial y poner las resrvas del BCR a aceitar la bicicleta financiera, La Libertad Avanza contó con el apoyo de siempre de sus aliados, incluyendo el de aquellos que llegaron a sus bancas fungiendo de opositorres y ya no cuidan ni las formas.
El paquete legislativo expresa una orientación que privilegia la desregulación, la reducción de controles sobre los capitales y el fortalecimiento de las condiciones de funcionamiento del sistema financiero. En ese escenario, el uso del FGS para fondear bancos aparece como una pieza más de una política que coloca al Estado al servicio de la intermediación financiera mientras reduce su capacidad para garantizar derechos sociales. La discusión parlamentaria también volvió a poner en evidencia la distancia entre las prioridades oficiales y las necesidades concretas de jubilados, trabajadores y familias populares, que con ingresos insuficientes, enfrentan como pueden el aumento de costos y niveles inéditos de endeudamiento. La oposición insistió durante la sesión en que el problema previsional no reside en la falta de recursos para el sistema financiero, sino en la insuficiencia de los haberes frente al costo de vida y en la necesidad de recuperar derechos. Entretanto, siguen sin aparecer propuestas y definiciones de fondo para constituir la alternativa política unitaria que pueda revertir este escenario adverso.
La situación de quienes cobran las jubilaciones más bajas vuelve todavía más cuestionable el destino elegido para el FGS. El haber mínimo más el bono perdió 12,7 por ciento de su poder adquisitivo entre diciembre de 2023 y marzo de 2026, de acuerdo con un análisis de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública. Este deterioro pronunciado se explica especialmente por el congelamiento del bono previsional en 70 mil pesos desde marzo de 2024, mientras el resto de los ingresos previsionales continuó actualizándose por los índices (desactualizados) de inflación. Un cálculo difundido por La Nación, medio al que nadie (excepto Milei y Caputo en sus arranques de fundamentalismo ideológico ultraliberal) podría considerar como crítico al gobierno, ubicó en alrededor de 2,93 millones a las personas que cobran jubilación mínima más bono y remarcó la pérdida real de 12,7 por ciento para ese universo. La consecuencia concreta es que millones de adultos mayores tienen cada vez más dificultades para afrontar la compra de alimentos, medicamentos, pago de alquileres, servicios y otros gastos indispensables. En lugar de utilizar los recursos previsionales para recomponer esos ingresos y garantizar condiciones dignas de vida, el gobierno decide poner una parte del patrimonio del sistema a trabajar para los bancos.
La postura del MJL
En este punto adquiere particular relevancia la denuncia del Movimiento Jubilados de Liberación, que cuestionó el destino de los recursos previsionales y rechazó que el patrimonio acumulado por generaciones de trabajadores sea utilizado para garantizar rentabilidad financiera. El MJL sintetizó su posición en una consigna que concentra el núcleo del conflicto y que atraviesa toda su declaración. “EL FGS no se toca: la plata de lxs jubilados no es para los bancos”. A partir de allí, la organización señaló:
“denunciamos el nuevo avance del Gobierno de Javier Milei, sobre el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de ANSES”. En su comunicado publicado ayer, agregó que “el ministro de Economía, Luis Caputo, pretende utilizar hasta 2 billones de pesos del patrimonio previsional para proveer fondos a los bancos, que serán quienes administren esos recursos y otorguen créditos hipotecarios bajo condiciones que dejan afuera a la mayoría de las familias trabajadoras, porque hoy no dan los ingresos para pagar las cuotas, salvo para los hijos del poder”. El planteo del MJL pone así el foco en la contradicción central de la medida, que consiste en utilizar patrimonio previsional para ampliar la disponibilidad de crédito bancario mientras quienes construyeron ese patrimonio padecen el deterioro de sus ingresos y de sus condiciones de vida.
El Movimiento de Jubilados Liberación también describió las consecuencias sociales de la política oficial y sostuvo que “mientras tanto, lxs jubiladxs seguimos padeciendo haberes de miseria, medicamentos inaccesibles, dificultades para acceder a la salud y una vida cotidiana cada vez más difícil”. La declaración fue todavía más contundente al afirmar: “literalmente ¡nos están matando!”. Desde el movimiento rechazaron que el patrimonio del sistema previsional pueda convertirse en una herramienta para garantizar ganancias del capital financiero y afirmaron que “no aceptamos que el patrimonio construido con el trabajo y los aportes de generaciones enteras, sea utilizado para garantizar la rentabilidad del sistema financiero”. En la misma línea, sostuvieron que “El FGS pertenece al mundo del trabajo de lxs jubiladxs y no a los bancos”. La denuncia identifica de ese modo una disputa de fondo acerca del destino de los recursos previsionales, ya que mientras Milei y Caputo los incorporan a una estrategia de financiamiento del sistema bancario, las organizaciones de jubilados reclaman que sean utilizados para garantizar derechos y mejorar las condiciones materiales de quienes aportaron durante toda su vida laboral.
El MJL cuestionó además el argumento oficial según el cual la iniciativa permitiría beneficiar a quienes más necesitan acceder a una vivienda. “Una vez más el gobierno miente, cuando dice que esta medida beneficia a quienes más necesitan una vivienda porque los requisitos de ingresos, ahorro previo e historial crediticio dejan afuera justamente a quienes atraviesan mayores dificultades económicas”. La declaración contrapone esa orientación con una política que priorice directamente las necesidades de los jubilados y del conjunto del pueblo trabajador. “La plata de lxs jubiladxs debe usarse para aumentar las jubilaciones para que alcancen para comer, tener remedios”. El planteo no se limita al reclamo previsional y propone una política económica integral, porque el MJL sostiene que ese aumento debe estar “acompañado de una política de aumento para todos lxs trabajadorxs y el pueblo, para garantizar cuatro comidas diarias, mandar los pibes bien calzados a la escuela y pagar la vivienda”. Desde la organización agregaron que esa política “tiene que multiplicar la producción y el empleo, política que debe aplicarse bajo control público y social”.
Beneficios crediticios para la banca, usura para el pueblo
La discusión sobre el FGS se vuelve todavía más grave si se observa qué ocurre con el acceso al crédito para los sectores populares. ANSES no está otorgando nuevos créditos personales para jubilados, pensionados ni titulares de la Asignación Universal por Hijo, aunque mantiene habilitados los mecanismos vinculados con préstamos anteriores. De esta manera, mientras restringe el crédito directo destinado al consumo y a las necesidades inmediatas de quienes reciben prestaciones sociales, el mileísmo impulsa una operatoria mediante la cual recursos previsionales pasan a las entidades bancarias para ampliar su capacidad de prestar. La diferencia expresa una orientación política precisa acerca de quién debe administrar y aprovechar los recursos generados por el sistema previsional. Los millones de argentinos que necesitan cubrir alimentos, medicamentos, servicios o gastos escolares quedan expuestos al crédito bancario y a las billeteras virtuales, con porcentajes cada vez más usuarios y sin ningún tipo de control, mientras el sistema financiero recibe fondos previsionales en condiciones que fortalecen su capacidad de intermediación “con la nuestra”. El resultado es una transferencia regresiva de recursos y altísimos riesgos hacia los hogares, mientras el capital financiero dispone de nuevas fuentes de fondeo. El problema no es entonces la existencia del crédito, sino el modo en que se organiza el crédito y quién controla los recursos que lo sostienen.
Un relevamiento del Instituto de Estadísticas y Tendencias Sociales y Económicas estableció que el 92,3 por ciento de los hogares argentinos registra algún tipo de deuda y que el 88,9 por ciento de las obligaciones relevadas se encuentra impaga o en situación de incumplimiento. El mismo estudio registró un fuerte crecimiento del endeudamiento múltiple, con un 28,4 por ciento de los hogares endeudados acumulando más de tres obligaciones. La situación muestra que el crédito dejó de representar para una parte creciente de las familias una herramienta vinculada con proyectos de largo plazo y pasó a funcionar como mecanismo para sostener consumos indispensables frente a ingresos que no alcanzan.
En ese contexto, colocar recursos del FGS en bancos para financiar nuevos créditos hipotecarios no constituye una respuesta a la emergencia económica de los hogares, sino una forma de ampliar el circuito financiero sobre una sociedad cada vez más endeudada. El contraste resulta evidente entre una política que no recupera el poder adquisitivo de las jubilaciones y otra que busca convertir recursos previsionales en liquidez para las entidades financieras. La Rosada vuelve así a presentar como solución política una medida financiera que no hace más que agravar una problemática que tiene raíces salariales, previsionales, productivas y sociales.
El zarpazo sobre el FGS permite observar con particular claridad el sentido de la política económica del gobierno de Milei. Mientras se proclama que el Estado debe retirarse de la economía, sus instrumentos y recursos son utilizados para garantizar condiciones favorables para los grandes actores financieros. Mientras se reivindica la libertad individual, millones de hogares pierden capacidad de consumo y recurren al endeudamiento para sostener gastos cotidianos. Mientras se habla de una supuesta recuperación, las jubilaciones mínimas continúan en niveles de indigencia, muy por debajo del poder de compra que tenían al comienzo de la actual gestión, con el cual llegar por entonces a fin de mes ya resultaba más que complicado.
El FGS, construido con aportes y contribuciones vinculados con generaciones de trabajadores, constituye un patrimonio estratégico del sistema previsional y su destino no puede quedar subordinado a las necesidades de liquidez de los bancos. La discusión que abre esta medida excede por eso una operatoria financiera puntual y coloca nuevamente en el centro el debate acerca de quiénes deben beneficiarse con los recursos producidos por el trabajo social. Frente al avance del capital sobre los recursos previsionales, la defensa de las jubilaciones dignas, del trabajo y de la seguridad social exige organización, movilización y control público y social.
