“Es un hijo del pueblo”, definió el PC de Corrientes al reclamar su aparición con vida “y que los responsables de su desaparición sean juzgados”. Y puntualizó que este hecho expone la situación que atraviesa a los tres poderes del Estado en esa provincia.
Después de casi veinte días, Loan Danilo Peña, un nene de cinco años, sigue desaparecido y esto es lo más terrible de una historia en la que aparecen demasiados elementos tan horribles como recurrentes, y que en su médula presenta una criminógena imbricación de actores pertenecientes a diferentes órganos de poder del Estado.
Como pasó en otros casos similares, al recorrer la secuencia de los hechos queda expuesto personal policial y judicial que, al menos, actuó con desidia, pero también un gobernador incapaz de demostrar por lo menos un poco de empatía con la situación que atraviesa un pibito pobre de cuya suerte nada se sabe desde que fue visto por última vez el 13 de junio. Y esto de que sea pobre no es un dato menor, porque aunque no lo diga explícitamente, el Código Penal y desde ahí todo el andamiaje jurídico que sustenta al Estado Liberal Burgués, está diseñado para proteger a la clase capitalista, justamente, de aquellas personas a las que empobrece, pero no para actuar con premura ante algo tan desesperante como que un nene pobre desaparezca.
Por eso es que la misma Justicia Federal que tiene mano rápida para firmar el procesamiento y las detenciones de personas que manifestaban contra la Ley Bases 2, de las que seis siguen presas, pasó más de una semana bostezando antes de voltear la mirada hacia lo que pasaba en la localidad de 9 de Julio donde fue visto Loan por última vez. Y también por eso es que mientras que el gobierno nacional destina cada vez más gendarmes y prefectos a pegar a trabajadores activos y jubilados que protestan contra las políticas de hambre que perpetra, las fronteras son coladores para que ingresen golpistas condenados en Brasil, entren y salgan mercancías de contrabando, al tiempo que se presentan como un prometedor Shangri-La para traficantes de personas.
Es que en lugar de atender a esos serios problemas, en sólo seis meses la Presidencia Milei desmanteló el equipo de rescate y acompañamiento a las víctimas de trata y el Comité Ejecutivo de la Lucha contra la Trata de Personas, al tiempo que se subejecuta severamente la partida presupuestaria que para estas áreas dependientes del Ministerio de Justicia habían quedado merced a la prórroga del Presupuesto 2023.
“Podemos hablar ya de una posible causa de trata”, es lo que dijo el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, cuando después de diez días de silencio decidió referirse públicamente al tema. Y lo hizo cuando el clamor popular que despertó la desaparición de Loan ya había sobrepasado las fronteras de 9 de Julio.
Una semana después y en modo panelista de TV, utilizó la red social X, para aseverar que “se ha dado un gran paso en la resolución del Caso Loan” a partir de la pista que abrió una tía del nene, cuando en una entrevista radiofónica dijo que Loan fue atropellado y su cuerpo arrojado en un descampado. De acuerdo a esta versión, quienes lo habrían hecho son Carlos Pérez y su esposa María Caillava.
Esto precipitó la puesta en escena de una suerte de reality show en la que desde las principales propaladoras del esquema massmediático dominante se viene diseminando pescado podrido en sucesivos montajes que tienen un fuerte tufo a interna policial, política y judicial. Y es en este marco que, para colmo, desembarcó Patricia Bullrich en el que la desazón social comienza a transformarse en bronca que el domingo por la noche volvió a plasmarse en una movilización que se dirigió hacia la sede del ejecutivo provincial y fue brutalmente reprimida por personal policial que utilizó gases, bastones y balas de goma.
Y en este punto hay que volver a insistir con que lo terrible de todo esto, más allá de las especulaciones, es que Loan sigue desaparecido, pero también que cualquiera sea el desenlace que tenga este caso, lo que ya queda claro es que existe una trama siniestra en la que participan el esquema político que gobierna esta provincia, su policía y al menos una parte del Poder Judicial que conforma un bloque de poder fáctico con el que el actual gobierno nacional pacta, tal como lo hicieron quienes los antecedieron en La Rosada desde hace varios años. Y que esta situación no es exclusiva de Corrientes.
Por eso es que poco y nada aporta a una resolución favorable del caso la sobreactuación de Patricia Bullrich, que burdamente se encargan de amplificar por estas horas las propaladoras del aparato massmediático afín al gobierno nacional, pero tampoco las tardías decisiones judiciales que se tomen como en el caso del ahora preso comisario Walter Maciel, quien continuaba en su cargo pese a que durante 2022 había sido denunciado por abuso sexual, por una agente policial. Esto fue hecho público por la periodista Griselda Blanco, quien apareció asesinada un año después en su domicilio en la localidad de Curuzú Cuatiá, caso por el que resultó detenido un empresario con el que tenía una relación sentimental.
Por su parte, otro de los actores que aparecen alrededor de la desaparición de Loan, el ex oficial de la Armada Carlos Pérez, está mencionado en una publicación que hizo Natacha Jaitt durante 2018, en medio de una operación de inteligencia que nunca quedó claro hacia dónde disparaba, que tuvo su punto más escabroso con la participación de la modelo en el programa de Mirtha Legrand, donde repartió acusaciones a diestra y siniestra.
Una investigación posterior hecha por quien se hizo cargo de la Agencia Federal de Inteligencia en 2019, Cristina Caamaño, reveló que detrás de esa participación estuvo uno de los hombres fuertes del esquema de inteligencia que está enquistado en el Estado, Eduardo Miragaya, a quien además se vincula a Patricia Bullrich. Esa noche del 31 de marzo de 2018, Jaitt fue al estudio de El Trece acompañada por una estrecha colaboradora de Miragaya, Ana Polero, que de acuerdo a testimonios de quienes estuvieron presentes, fue quien le daba letra entre tanda y tanda.
Así las cosas, los detenidos por el Caso Loan, imputados de haber perpetrado el delito de “captación de personas con fines de explotación agravada por ser la víctima un menor de 18 años” son Pérez y Caillava como autores materiales, Berbardino Antonio Benítez, Daniel Oscar Ramírez y Mónica del Carmen Millapi como partícipes primarios. Por su parte, Walter Adrián Maciel se encuentra detenido bajo el cargo de “encubrimiento por favorecimiento real calificado por la gravedad del delito precedente y la calidad de funcionario público el autor, en carácter autor”.
Hay responsables
Todo huele a podrido alrededor del caso Loan, todo menos el dolor y la reacción popular que despertó. Y en este sentido es que se vienen multiplicando movilizaciones que exigen su aparición, pero que también posan la mirada sobre los lazos de connivencia existentes entre los órganos institucionales de poder y el poder fáctico que gobierna Corrientes, que este caso va exhibiendo con crudeza.
Por eso es que durante las últimas jornadas se sucedieron marchas en localidades como San Roque, Santa Lucía y Goya, mientras persisten las que desde los momentos iniciales tuvieron lugar en 9 de Julio y la ciudad de Corrientes donde la semana pasada una multitudinaria movilización que partió desde Plaza Cabral y recorrió diferentes calles haciendo paradas ante la Legislatura, el Ministerio de Seguridad, el Superior Tribunal de Justicia, la Jefatura de Policía antes de arribar hasta la Casa de Gobierno.
“Loan es un hijo del pueblo”, definió el Partido Comunista de Corrientes al reclamar su aparición con vida “y que los responsables de su desaparición sean juzgados”, al tiempo que puntualizó que este hecho expone la situación que atraviesa a los tres poderes del Estado en esa provincia.
“Estamos movilizados acompañando al pueblo de Corrientes”, definió la presidenta del PC provincial, Sonia López, antes de cuestionar que ninguno de los organismos en los que hizo paradas la movilización, haya recibido los reclamos que la marcha sintetizaba. “La gente necesita que los funcionarios den la cara”, remarcó y lamentó que se haya perdido tiempo antes de que la causa pasara a la Justicia Federal, ya que “siempre supimos que era lo que correspondía ante lo que puede ser un secuestro y es en concreto la desaparición de un niño”.
Al respecto, hizo hincapié en que era preciso que desde que desapartó Loan, “se activara el protocolo de trata, esto es, que se cerrara la provincia y sus caminos, que se activara la búsqueda y el Alerta Sofía”. Y fue contundente cuando tras sostener que todo esto se fue poniendo en marcha “sólo por la lucha del pueblo, sobre todo de 9 de Julio”, denunció que lo hecho por las autoridades de Corrientes “fue a favor de que Loan no aparezca”.
También presente en estas movilizaciones, otra integrante del PC, Soledad Yorg, tiene mucho que decir al respecto ya que fue delegada del Comité de Lucha contra la Trata hasta que la Presidencia Milei destruyó ese organismo (Ver Desarticulan el Comité de Lucha contra la Trata). “Esto es la crónica de una tragedia anunciada”, lamentó y advirtió que “cuando tenemos un presidente que anuncia en campaña que se pueden vender órganos, que se pueden vender niños y que el ser humano es mercancía, claramente que lo primero que se va a hacer es desarticular dentro de ese esquema todos los armados federales que combatan y luchen contra este delito que mueve tanto dinero en el mundo”.
Y, en tal dirección, recordó que el gobierno nacional desmanteló el Comité que “es un organismo federal con presencia en todo el país y que, entre otras cosas, hubiera permitido que a las dos horas exigiéramos el Alerta Sofía, en lugar de lo que se hizo que fue bastante después” y estuvo mal ejecutado, ya que “los avisos ni siquiera llegaron a los controles de gendarmería de las fronteras”. Por lo que sin dudarlo aseveró que “todo se ha hecho se ha hecho mal y esto tiene responsables políticos”, tras lo que apunto a “la policía que responde al gobierno de Valdés que ha ido en contra de los protocolos que tiene nuestro país e incluso de lo que dice la Corte Suprema de Justicia y los organismos internacionales que siempre indican que hay que ir por la hipótesis de máxima que acá es la de trata de personas”.
En este marco, el PC de Corrientes instó a sostener la intensidad de la movilización “en todas las ciudades de la provincia pidiendo justicia por Loan que es un hijo del pueblo”, tras lo que puntualizó que “como pocas veces antes, la desaparición de Loan está dejando expuesta la oscuridad absoluta en la que se encuentra sumergida la Justicia, la Policía y el Gobierno de la Provincia de Corrientes”. Y recordó que recién después de nueve días durante los que se insistió con que el niño se había perdido en el campo, comenzó a investigarse “lo que era obvio desde un principio: el posible secuestro de Loan con la posibilidad que sea una víctima más de la trata de personas”.
Así las cosas, lamentó que “la desgracia de la desaparición de Loan desnuda la fragilidad de la vida humana en Corrientes, cuando se trata de gente de pueblo” y, en este sentido, recordó que hace una década cuando fue secuestrada la nieta del empresario propietario de seis casinos, Jorge Goitia, “rescataron a la menor en pocas horas y fueron rápidamente apresados y condenados los culpables”. Pero, sostuvo, como Loan “es un hijo de pueblo, no tuvo la oportunidad de ese apoyo de las autoridades”.
En esta dirección el PC de Corrientes pregunta por qué la Policía provincial y el Poder Judicial tardaron tanto en aceptar otra línea investigativa que no sea la del niño perdido, pero también por qué se demoró el pedido de intervención de la Justicia Federal y cuál es la razón por la que el gobernador Valdés no se presentó rápidamente en la localidad donde vive y fue visto por última vez Lohan “ni pidió mayor celeridad a la Justicia Provincial y Federal para acompañar con respeto el reclamo de los vecinos”.
Y en este punto, insistió con que la jurisprudencia nacional e internacional, coinciden en recomendar que ante la desaparición de menores se vaya por la hipótesis de máxima, es decir, secuestro con fines de trata de personas y que, por lo tanto “se activen los protocolos de búsqueda federal, para que sea justamente la Justicia Federal la encargada de llevar adelante la investigación y búsqueda, algo que en este caso no se hizo”.
Así las cosas, el PC provincial también remarca que resulta prudente preguntar si en caso de que se confirme que se está ante un secuestro, “¿es Loan el primer niño correntino que sufrió esta situación con visible encubrimiento de casi todas las instituciones públicas?”. Y, al respecto, denuncia que con lo que pasa en estos días, “queda al descubierto un entramado mafioso y la incapacidad que, como mínimo, exhiben las autoridades para intervenir correctamente en estos casos”, tras lo que puntualiza que esto es así, ya que aunque Argentina tiene protocolos de búsqueda, no fueron utilizados con la celeridad que el caso requiere “y esto no puede ser por desconocimiento”.
Asimismo, recalca que fue el pueblo de 9 de Julio quien buscó a Loan y entendió que no estaba perdido en el campo, así como que es fue desde esa misma comunidad y sus organizaciones, desde donde se exigió que se active la Alerta Sofía y que se convoque a la Justicia Federal, ante el posible secuestro del pibe. Y todo esto pasó “mientras las autoridades perdían todo el tiempo vital”.
Por eso es que, en este contexto, el PC provincial apuntó contra el papel que viene teniendo la ministra Bullrich y denunció la actitud del gobierno nacional, “tan altanero para arremeter con represión violenta contra el pueblo cuando se hace una protesta pacífica”, pero que se exhibe ineficiente “cuando debe enfrentarse a verdaderos delitos y poderes mafiosos como la desaparición de un niño del interior”.
