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Derechos Humanos

Con la participación de la Liga, diferentes organismos de Derechos Humanos de Salta recordaron a los caídos en la Masacre de Palomitas. “Debemos seguir luchando para que los juicios continúen”, dijo Mariana Leonard y añadió que “la Memoria debe seguir viva, tiene que saberse qué fue lo que pasó porque es parte de la historia argentina”.

“El 6 de julio de 1976 trasladaron a once presos políticos que estaban a disposición del PEN, desde la cárcel de Villa Las Rosas hacia la ciudad de Córdoba…eso fue lo que les dijeron”, refirió la integrante de la Liga Argentina por los Derechos Humanos de Salta (Ladh), Mariana Leonard, y continuó su relato señalando que todo se hizo en el marco de un terrible operativo en el que intervinieron miembros del Ejército, el Servicio Penitenciario y la Policía de Salta.

Todo pasó en medio de un apagón que alcanzó a toda la zona del penal que está en pleno centro de la capital provincial. “El personal del Ejército bajó en helicópteros en una canchita del fútbol ubicada dentro del penal y con un listado comenzó a llamar a los presos. La primera que llaman fue a Celia Raquel Leonard de Ávila que en ese momento estaba amamantando a Marcela, su hijita que había nacido el 11 de febrero de ese año en la cárcel. Celia era mi tía”, relata la referente de la LADH de Salta, Mariana Leonard.

El relato de Mariana es sereno, pero eso ni los largos años pasados desde el hecho que narra lo vuelven menos conmovedor, ni alcanza para disimular el dolor que continúa provocando esta herida que persiste abierta 49 años más tarde. “La obligaron a dejar de darle la teta a Marclea y las otras compañeras que estaban presas le acercaron algún abrigo para que se ponga porque no le permitieron llevar sus efectos personales y tampoco a la bebé” y en ese contexto los represores “comenzaron a nombrar a las otras compañeras, a Evangelina Mercedes Botta de Nicolai que hasta el día de hoy se encuentra en calidad de desaparecida, al igual que Georgina Graciela Droz”.

La Masacre de Palomitas sigue siendo un hecho que atraviesa a toda la sociedad salteña. Aquel 6 de julio a eso de las 19,30 horas, en medio de las penumbras, el Pabellón D del penal de Villa Las Rosas que era donde estaban alojados los presos políticos fue invadido por los uniformados que después de sacar a Benjamín Ávila, Roberto Luis Oglietti, José Víctor Povolo, Rodolfo Pedro Usinger, Alberto Simón Savransky y Pablo Eliseo Outes, arrancaron de las celdas a Georgina Graciela Droz, María Amaru Luque de Usinger, Evangelina Mercedes Botta, María del Carmen Alonso de Fernández y Celia Leonard de Ávila.

Bajo la mirada complaciente del subalcaide Luciano Rodríguez, se les informó a los presos políticos que iban a ser trasladados a Córdoba, “por razones de seguridad”. Poco después eran acribillados a tiros en el Paraje Palomitas, que está ubicado sobre la ruta nacional 34 a unos sesenta kilómetros al sur de la ciudad de Salta.

Con complicidad judicial, la dictadura intentó imponer la versión de que hubo un intento de fuga que derivó en enfrentamientos en distintos puntos de la región. Pasaron varios años para que la tarea consecuente de familiares de las víctimas y organismos de Derechos Humanos,  permitiera ir reconstruyendo la trama de lo que fue una ejecución masiva y planificada: una verdadera masacre.

“Los compañeros fueron trasladados hasta el Paraje de Palomitas donde cortaron la ruta en dos extremos para poder perpetrar la masacre sin ningún inconveniente”, al tiempo que “asaltaron y robaron un par de vehículos de personas que iban circunstancialmente por la ruta, que son los vehículos en los que después se encontraron baleados e incinerados con los cuerpos sin vida de algunos compañeros”, puntualiza Mariana.

El ensañamiento persistió después de perpetrada la masacre. “Hubo cuerpos como los del matrimonio Ávila, el de mi tía Celia y Benjamín, el de Paulo Eliseo Outes, el de José Póvolo que fueron entregados a las familias en cajones cerrados, les dijeron que en ellos estaban los cuerpos pero sin permitirles hacer ningún tipo de duelo ni misa ni nada. En el caso de mi familia únicamente pudieron concurrir al sepelio un par de deudos”.

Fue recién durante abril de 1984, cuando se hizo la exhumación de los cadáveres por orden del juzgado federal que intervino en la causa abierta por este caso y, entonces, se pudo determinar que efectivamente se trataba de los restos de Celia y Benjamín. “Estaban esposados y tenían rastros de haber recibido disparos con diferentes tipos de bala en varias partes de sus cuerpos”, explicó Mariana, tras lo que insistió con que durante varios años se quiso enmascarar la masacre haciéndola pasar por un intento de fuga y enfrentamiento armado en el que habrían caído aquellos cuyos cadáveres fueron entregados.

Las lesiones causadas por diferentes tipos de proyectiles en los restos de Celia y Benjamín dejan al desnudo el intento de encubrimiento de este feroz y minuciosamente planificado crimen. El cuerpo de María del Carmen Alonso fue hallado en la localidad tucumana de Ticuchos, estaba dentro de uno de los autos que poco antes habían sido robados por los militares, acribillado e incinerado. Otros cuerpos fueron encontrados en Jujuy. “Todos son lugares no muy alejados del Paraje Palomitas sobre la misma ruta, por lo que se puede establecer con certeza que todo fue parte del mismo montaje por el que se intentó encubrir la masacre” denuncia Leonardo. En toda esta historia jugó un papel clave el ex juez federal Ricardo Lona quien, ya durante el presente siglo, fue juzgado por esta causa y falleció cuando se encontraba bajo prisión domiciliaria.

 

Acto

En este marco la Ladh es parte de los organismos de Derechos Humanos de Salta que organizaron el acto que tuvo lugar en el parque donde está ubicado el monolito que recuerda a quienes fueron asesinados en la Masacre de Palomitas, donde también está el Arco de la Memoria que honra a todos los detenidos desaparecidos salteños que fueron secuestrados en esa provincia y en otros sitios.

Durante el acto, recalcó Mariana Leonard, “se hizo un paréntesis para hablar también del actual gobierno que encabeza Javier Milei. Principalmente se habló sobre el papel de la vicepresidenta, Victoria Villarruel, que es negacionista y amiga de las fuerzas represivas de esa época, de hecho su padre y su tío estuvieron involucrados en el terrorismo de Estado”.

Tras lo que hizo hincapié en que en la oportunidad “también se denunciaron todas las injusticias que se están cometiendo desde el gobierno de Milei”, al tiempo que “hubo una mención especial para reclamar por Palestina Libre, que haya un alto el fuego y el fin de la masacre que se perpetra principalmente sobre la Franja de Gaza, tal como siempre lo reclamamos de la Liga”.

Así las cosas, además del caso del juez Lona, durante los juicios conocidos como Palomitas I y Palomitas II, fueron encontrados penalmente responsables de los delitos por los que se los acusaba y condenados por los tribunales federales, a militares y policías que tuvieron participación en la Masacre. Ellos son Carlos Alberto Mulhall, Hugo César Espeche, Luciano Benjamín Menéndez, Miguel Gentil, Joaquín Guil y Juan Carlos Alzugaray. Pero todavía quedan responsabilidades que están pendientes de condena, que se están analizando en el juicio Palomitas III donde en el banquillo de los acusados deben sentarse Rodríguez y el guardiacárceles Vicente Puppi.

“Estamos en el juicio Palomitas III, esta causa fue una de las primeras llevadas a juicio en Salta y por eso tiene la particularidad de que se sustancia con el código anterior que no permite el juicio oral y público, por lo que su trámite es por escrito y esto lo vuelve menos ágil”, explicó Mariana y advirtió sobre el peligro que a casi medio siglo de los hechos, representa la impunidad biológica para la Memoria, la Verdad y la Justicia. Asimismo, recordó que “uno de los acusados era Carlos Alberto Mulhall, quien falleció durante 2014”.

¿Pero cómo quedó instalada dentro de la comunidad salteña la memoria sobre este hecho? “La Masacre de Palomitas fue una de las más terroríficas que hubo en el país. En Salta se la conoce, se sabe lo que pasó y esto es algo que siempre intentamos trabajar con la militancia más joven como para que no se pierda la memoria”, refiere Leonard y añade que en esta dirección “damos charlas en colegios secundarios y siempre como organismos de Derechos Humanos tratamos de mantener viva la memoria”.

La Masacre de Palomitas atraviesa la historia colectiva del país y fundamentalmente de Salta, pero también lo hace con la historia personal de Mariana. “En mi caso particular, mi decisión de militar tiene que ver con mi propia historia familiar, ya que vengo de una familia militante, pero básicamente fue salir a luchar por la Verdad, por la Memoria y la Justicia, para que la Memoria se mantuviera viva”, reflexiona y recuerda que “Hijos fue el primer lugar que encontré como un resguardo en momentos en los que era muy difícil hablar públicamente sobre lo que había sucedido”.

Y, al respecto, advirtió que con el gobierno que encabeza Milei “se pretende volver a que no se pueda hablar sobre esto”, pero fue clara al remarcar que “desde la Liga y el resto de los organismos de Derechos Humanos, eso es algo que no vamos a permitir que suceda, para que la Memoria se mantenga viva siempre” y para eso resulta preciso “seguir luchando para que los juicios continúen”, para lograr sentencias de cárcel efectiva, pero también para que en los casos en los que la impunidad biológica se imponga, se pueda tener el derecho a la Verdad, ya que “la Memoria debe seguir viva y tiene que saberse qué fue lo que pasó porque es parte de la historia argentina”.

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Organismos de Derechos Humanos pidieron que Rogelio Frigerio los reciba para plantearle su “profunda preocupación” por el desmantelamiento del Registro Único de la Verdad,  que viene siendo vaciado por las políticas del mandatario provincial, en sintonía con el ajuste y el negacionismo del gobierno nacional.

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“Son perversos”. Así definió Iris Pereyra de Avellaneda a la diputada Lilia Lemoine y los mileístas que se burlaron públicamente de las víctimas de los Vuelos de la Muerte. Familiares de víctimas pidieron, con la adhesión de organismos de Derechos Humanos, que Lemoine sea expulsada del Congreso y la denunciaron por el delito de apología del terrorismo de Estado.

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El juez Federal Martín Cormick declaró la nulidad del protocolo antipiquetes que puso en marcha, hace dos años, la entonces ministra de Seguridad. “El Protocolo es una señal política que dice que ‘está bien’ reprimir a los manifestante  y esta resolución judicial va en sentido contrario a ese criterio”, reflexionó el vicepresidente de la Liga, el abogado Gerardo Etcheverry.

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En la continuidad de lo que fue el celebrado en Concepción del Uruguay, esta vez la cita fue en la localidad uruguaya de Fray Bentos, donde organismos de Derechos Humanos de ambos márgenes del Río de la Plata, reflexionaron sobre el Plan Cóndor su impacto y vigencia.

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Dieciséis represores fueron sentenciados a cadena perpetua en el contexto de la Megacausa del Comando V del Éjercito por crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura. “La justicia tarda en llegar y el reloj corre a favor de estos genocidas, por eso es muy importante lo de este juicio”, dijo desde el PC bahienese Guillermo Colantuono, quien sostuvo además que “para que lo de Memoria, Verdad y Justicia sea una realidad plena es necesario construir una estrategia de poder popular”. Por su parte, el diario La Nueva Provincia deberá rectificar lo publicado entonces en sus páginas, cuando presentara a estas víctimas del secuestro y la desaparición como “ultimadas en enfrentamientos en la vía pública”.

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La Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena a prisión perpetua impuesta al ex gendarme Eduardo Abelardo Britos por el homicidio del campesino Wenceslao Pedernera, cometido en 1976 durante la última dictadura militar en La Rioja.

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“2025 fue un año de lucha en el que no tuvimos la fuerza suficiente para frenar todas las iniciativas del gobierno, pero nunca dejamos de luchar y continuaremos haciéndolo”, recalcó en la ocasión Gerardo Etcheverry, el vicepresidente de la LADH. En tanto que su presidenta, Iris Pereyra de Avellaneda, destacó las condenas que en el cierre de este año obtuvieron los responsables de la Masacre del Pabellón Séptimo y la resistencia contra los cierres de los sitios por la Memoria, como la que ella misma protagoniza desde la Comisión de Campo de Mayo.

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Militares e integrantes de distintas fuerzas de seguridad que actuaron en Comodoro Rivadavia desde principios del año 1976 en el centro clandestino Las Casitas y en otros escenarios, como la sede de Prefectura y de la Policía provincial, fueron condenados por sus crímenes en la dictadura. 

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Así lo recalcó la secretaria de Géneros de la Asociación de Maestros y Profesores de La Rioja, Analía Fonzalida, al reflexionar sobre la campaña nacional con la que Ctera pide que se lleve a juicio a los responsables del asesinato de los hermanos Arancibia. “Isauro fue el maestro que no sólo enseñó una asignatura, sino también a pensar”, definió.

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Ante un nuevo aniversario de este caso emblemático, Nuestra Propuesta dialogó con uno de los abogados querellantes que tuvo la causa, Duilio Ramírez, quien reflexionó sobre las enseñanzas que deja el proceso que llevó a las condenas de nueve de los responsables de la Masacre; un ejercicio indispensable en momentos en los que desde el gobierno nacional se pretende borrar todo lo vinculado a la lucha por los Derechos Humanos.

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Diciembre es, en la Argentina y en todo el continente, un mes de lucha y de memoria. En ese marco, se realizó en Buenos Aires un nuevo foro latinoamericano por la libertad de los presos del Imperio en el continente, junto con diversas actividades y comunicados conmemorativos a cuarenta años de la sentencia dictada por el tribunal que llevó adelante el Juicio a las Juntas.

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Desde La Violeta en Suteba, Alba Werenchuk, hizo hincapié en la pertinencia que tiene la campaña llevada a cabo por Ctera para sumar firmas en apoyo al pedido de inicio del juicio oral por los asesinatos de Isauro y Arturo Arancibia.

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Los dos principales responsables de la Masacre del Pabellón Séptimo recibieron penas de veinticinco años. “Fue una verdadera masacre”, señaló Iris Avellaneda, quien en ese momento, como presa política, estaba alojada a pocos metros del sitio de la matanza. Y puntualizó que “para que ningún genocida quede fuera del alcance de la ley, hay que seguir luchando y resistiendo, siempre por Memoria, Verdad y Justicia”.

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Con epicentro en Plaza de Mayo ayer jueves se conmemoró el Día Internacional de los Derechos Humanos. En este contexto, el vicepresidente de la Liga, Gerardo Etcheverry, fustigó la designación de Joaquín Mogaburu como subsecretario de DDHH, ya que “es una persona que justifica lo hecho por la dictadura con el argumento falaz de ‘la historia completa’”.

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Así lo definió desde Agmer el integrante de la CoNaT, Leandro Pozzi, al referirse a la campaña lanzada por Cetra para exigir que se juzgue a los responsables del crimen de los hermanos Arancibia. Y añadió que “estos delitos son imprescriptibles por ser de lesa humanidad”.

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En Quilmes, militantes del Partido Comunista y la Corriente Nacional Lohana Berkins restauraron un mural que honra la memoria de Florencia Gómez.  Y coincidieron en afirmar que, a través del arte y el muralismo “renovamos nuestro compromiso de seguir exigiendo verdad y justicia por Flor”.

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Fue en Avellaneda,  donde se pintó un mural y se festejó el cumpleaños del fotorreportero herido de gravedad en marzo pasado por la gendarmería al mando de Patricia Bullrich en el marco de una protesta de jubilados. Mientras continúa con su recuperación, Pablo envió un saludo a quienes estuvieron presentes en la jornada, en la que participaron el Partido Comunista y la Liga Argentina por los Derechos Humanos.  

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La Sociedad Rural de Corrientes bautizó la plaza central de su predio como Juan Carlos De Marchi, en homenaje a un ex capitán que fue condenado dos veces por crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura cívico-militar. “Hay una relación estrecha entre quienes hoy gobiernan y los condenados por los delitos de lesa humanidad” sostuvo el titular de La Fede de esa provincia, Jeremías Giordano. Finalmente, el repudio popular hizo que la placa en homenaje al genocida fuera retirada. 

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Ayer 7 de diciembre recibimos la dolorosa noticia del fallecimiento de Oscar Castelnovo, un militante por los Derechos Humanos que tendió siempre su mano solidaria a los presos políticos sin importar su ideología o filiación partidaria. Periodista y escritor, hizo de su oficio una tribuna para la defensa encendida de los luchadores perseguidos por el mismo sistema que los marginaba y para amplificar el ideal de una sociedad con garantías y derechos universales consagrados en la realidad concreta de los pueblos. Apasionado por sus convicciones, vivió para entregarse sin especulaciones a las causas justas. Militó en el PC y la Liga Argentina por los Derechos Humanos. Fue redactor del Diario Sur y de Nuestra Propuesta allá por la década neoliberal del 90´. Ya en este siglo, fundó la Agencia Rodolfo Walsh y la Agencia para la Libertad. Y a cada artículo, cada libro y cada palabra escrita a lo largo de su vida les puso siempre el cuerpo.

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El próximo jueves por la tarde la Plaza de Mayo va a volver a ser el escenario de una jornada convocada “con los Pañuelos Blancos como bandera” en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos. 

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La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal revocó la condena a prisión perpetua que pesaba sobre el ex policía federal y ex guardiacárcel Juan Carlos Alzugaray por el secuestro y desparición del abogado y militante boliviano Gustavo Medina Ortíz y llamó a dictar una nueva pena, en una decisión que cuestiona el alcance que tuvo el Plan Cóndor.

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El jueves 11, Plaza de Mayo va a volver a pintarse de resistencia para conmemorar el Día Internacional de los Derechos Humanos. “La idea es reforzar el proceso de construcción de Memoria, Verdad y Justicia y reafirmar el compromiso que hemos hecho durante las últimas cuatro décadas”, puntualizó Malena Silveira desde la Liga.

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Fue en Tafí Viejo, Tucumán, en un nuevo aniversario del fallecimiento de este joven militante de la Fede, baleado por una patota de Antonio Domingo Bussi en 1987. Ante su tumba, integrantes del Partido Comunista y familiares lo recordaron, exigiendo justicia y reafirmando el compromiso de seguir levantando sus banderas.

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Se sustanció en Resistencia un nuevo Juicio por la Verdad. En este caso se pudo establecer qué pasó con el militante misionero Carlos Tereszecuk. “Estos procesos son un aporte contrario a la corriente de crueldad que parece imperar, porque si por el poder fuera, nombres como los de Tereszecuk y tantos otros seguirían en el olvido”, sostuvo el abogado querellante, Duilio Jorge Ramírez.

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Un docente de bioquímica fue sancionado por reivindicar el Banco Nacional de Datos Genéticos y el Índice de Abuelidad, instrumentos científicos que han hecho un aporte clave para devolverles su identidad a decenas de Nietes recuperados por Abuelas. Contundente reacción solidaria por parte de organizaciones de Derechos Humanos y políticas, entre ellas el Partido Comunista.

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“Frente a un gobierno que desprecia el sistema democrático y busca silenciar opositores, es indispensable organizar una activa oposición a este proyecto, para evitar este nuevo ataque a nuestros derechos y garantías”, advirtió la Liga Argentina por los Derechos Humanos.

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El gobernador de Salta paraliza el Comité contra la Tortura que es una instancia autárquica que monitorea el accionar de fuerzas policiales y penitenciarias en la provincia. La Mesa de Derechos Humanos advirtió que peligra su funcionamiento ya que el ejecutivo no llama a concurso para cubrir los cargos que vencen dentro de tres meses.

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Por Alexia Massholder (*) 

Lo  que aconteció esta madrugada con el brutal ataque de los EEUU a la República Bolivariana de Venezuela deja una vez más en evidencia que los discursos sobre la democracia, los DDHH, el narcotráfico y el terrorismo sólo se utilizan cuando los intereses del imperialismo así lo consideran. 

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Desde diferentes puntos del planeta se multiplican las expresiones de rechazo al feroz bombardeo estadounidense durante esta madrugada contra la República Bolivariana de Venezuela. 

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Por medio de una declaración de su Secretariado Nacional exigió “la inmediata liberación del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, secuestrados por las fuerzas estadounidenses en un acto que constituye una violación flagrante del derecho internacional”. 

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Estos dos colectivos regionales coincidieron en denunciar la peligrosidad que tiene el ataque de hoy de Estados Unidos en Caracas y otros puntos de Venezuela.

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