Desde Nuestra Propuesta analizamos las implicancias del DNU 366/2025, con el que el gobierno de Javier Milei reafirma a la xenofobia como política de Estado y al ajuste como doctrina de exclusión.
Con el Decreto de Necesidad y Urgencia N.º 366/2025, el gobierno de Javier Milei consuma un nuevo ataque contra el pueblo trabajador, esta vez dirigido a uno de los sectores más vulnerables de la sociedad: las personas migrantes. Bajo la retórica de la “sostenibilidad fiscal” y la “seguridad nacional”, el Poder Ejecutivo avanza sobre derechos históricamente conquistados, desmantelando uno de los marcos normativos más progresistas de América Latina en materia migratoria.
El gobierno busca instalar la idea de que el acceso de las personas migrantes a la salud y la educación públicas representa un abuso del sistema. Sin embargo, este discurso no responde a un diagnóstico real sino a una estrategia política: fragmentar aún más a la clase trabajadora, promoviendo la lógica del chivo expiatorio en nombre del ajuste. El objetivo es dividir al pueblo, sembrar el odio y legitimar la retirada del Estado como garante de derechos.
Romper la igualdad para imponer el ajuste
El DNU 366 no solo es inconstitucional, sino que vulnera principios fundamentales del derecho internacional y de la Constitución Nacional, como el acceso universal a la salud y a la educación. A partir de su implementación, las personas extranjeras no residentes permanentes sólo recibirán atención médica gratuita en casos de emergencia, mientras que las universidades públicas quedan habilitadas a cobrar aranceles a quienes no tengan residencia permanente.
Estas medidas no responden a una necesidad objetiva, sino a una construcción ideológica. Según el Censo 2022, la población extranjera representa apenas el 4,2% del total en Argentina, una proporción incluso menor que en décadas anteriores. Lejos de la supuesta “avalancha” migratoria que sugiere el discurso oficial, se trata de una migración estable, mayoritariamente sudamericana, y con vínculos regionales de larga data.
El gobierno no desconoce estos datos. Simplemente los ignora, porque su propósito no es resolver problemas reales, sino consolidar un modelo de exclusión donde los derechos ya no son universales, sino mercancías accesibles solo para quienes pueden pagarlos.
La nueva frontera de la desigualdad jurídica
El DNU también incorpora un nuevo régimen de ciudadanía por inversión, transfiriendo competencias del Poder Judicial al Poder Ejecutivo y abriendo una vía privilegiada para quienes ingresen capitales al país. Al mismo tiempo, endurece los requisitos para la naturalización de trabajadores migrantes, exigiéndoles demostrar una residencia ininterrumpida que excluye situaciones tan elementales como un viaje por duelo o visita familiar.
Además, habilita la deportación por antecedentes penales sin condena firme, violando el principio de presunción de inocencia, y legaliza la detención arbitraria de personas migrantes, institucionalizando el racismo estatal, la persecución étnica y la criminalización por perfil nacional.
El retorno de la Ley Videla
Esta reforma no sólo vulnera la Ley 25.871, que desde 2004 instauró un paradigma de derechos humanos en la política migratoria argentina, sino que representa un preocupante retroceso hacia la Ley 22.439 de la dictadura cívico-militar, conocida como “Ley Videla”. Aquella norma promovía la irregularidad migratoria como mecanismo de control, precarización y represión. De modo análogo, el DNU 366 no resuelve conflictos existentes, sino que genera nuevas formas de exclusión, informalidad e ilegalidad forzada. El ajuste no solo se aplica al bolsillo: ahora alcanza la identidad misma de quienes habitan el territorio nacional.
Un laboratorio de exclusión social
La segmentación de derechos según estatus migratorio no constituye un episodio aislado ni un exceso burocrático. Es parte de un ensayo sistemático para restringir el acceso a derechos sociales básicos bajo criterios de mercado. Lo que hoy se ensaya con las personas migrantes podría extenderse mañana a cualquier otro grupo precarizado: quienes no trabajen en blanco, quienes no aporten lo suficiente al sistema o quienes no acrediten determinada antigüedad. En este sentido, el DNU 366 configura un verdadero laboratorio de exclusión, orientado a destruir el principio de universalidad y reemplazarlo por un sistema de ciudadanía condicionada por la capacidad económica.
En un contexto de creciente securitización, el DNU representa una regresión normativa sin precedentes, basada en argumentos de seguridad sin fundamento. Aunque el decreto alude a un supuesto aumento de la población migrante y su vinculación con el delito, los datos disponibles desmienten esa relación: el porcentaje de personas extranjeras en el sistema penitenciario argentino se ha mantenido estable entre el 5% y el 6% durante los últimos veinte años, y muchos de los detenidos ni siquiera residían en el país.
En lugar de responder a una necesidad real, el DNU reactiva una narrativa punitivista que asocia migración con criminalidad, en línea con el DNU 70/2017 del gobierno de Mauricio Macri, y con otras experiencias regionales de securitización de la movilidad.
Migración, capital y ciudadanía selectiva: una lectura estructural
Desde una perspectiva estructural, como plantea el politólogo y sindicalista Immanuel Ness, estas reformas no pueden entenderse de forma aislada. Son parte de un modelo global de gestión estatal de la migración funcional al capital, donde los trabajadores migrantes son tratados como una reserva laboral precarizada, sin plenos derechos, fácilmente expulsable y políticamente deslegitimada.
En ese marco, el control migratorio se convierte en un instrumento para fragmentar a la clase trabajadora, debilitar la solidaridad transnacional y consolidar un régimen de ciudadanía diferenciada. El DNU 366 avanza en esa dirección: restringe el acceso a derechos fundamentales para los sectores populares, mientras abre las puertas del país a los grandes inversores. Quienes puedan demostrar la tenencia de 500.000 dólares podrán acceder a la nacionalidad argentina sin necesidad de residir en el país. En cambio, a los migrantes comunes se les exigen requisitos cada vez más duros y se les niegan garantías procesales esenciales.
Esta reforma vulnera principios constitucionales elementales como la igualdad ante la ley y la no discriminación, y debilita aún más el Estado de derecho al delegar funciones judiciales en agencias del Ejecutivo.
Por otra parte, el retroceso en materia de derechos para la población migrante refuerza el carácter neocolonial del gobierno argentino. El DNU en cuestión no puede leerse por fuera del contexto internacional y de las actuales políticas de entrega y subordinación a los intereses de los Estados Unidos, donde Donald Trump impulsa una cacería contra las personas migrantes que está siendo fuertemente resistida en las calles.
En Argentina, que supo construir democráticamente su ley migratoria (la 25.871, aprobada por unanimidad en 2003 tras un proceso participativo ejemplar), esta imposición autoritaria representa no solo un retroceso legal, sino una ofensiva contra el proyecto de comunidad política plural sobre el cual debería asentarse una verdadera democracia.
