¿Cuánto tiempo más llevará?

Harina, levadura, margarina y derivados de grasa bovina son productos indispensables para hacer pan, cuyos precios se catapultaron hasta un veinte por ciento durante la semana pasada, según lo advirtió el presidente del Centro de Panaderos de Avellaneda, Gastón Mora, quien señaló que es preciso que se controle el precio de los insumos que se proveen a granel para este tipo de pequeñas industrias.

Este dato es revelador en varios sentidos, ya que permite observar que la tarea de controlar el congelamiento de precios no va a ser sencilla, y que además de posar la mirada sobre los comercios minoristas, la Secretaría de Comercio Interior (SCI), va a tener que hacer lo propio con las empresas proveedoras de materias primas e insumos, que forman parte de los mismos oligopolios que tienen un papel central en la formación de precios.

La Resolución 1050 establece la “fijación temporal de precios máximos de venta al consumidor para todos los productores, comercializadores y distribuidores de 1432 productos de consumo masivo”. Al respecto, el titular de la SCI, Roberto Feletti, aclaró que lo que se pretende es que la empresa que considere que le resulta imposible vender sus productos al precio retrotraído al 1° de octubre, lo demuestre.

Claro que para ello, principalmente los grupos oligopólicos que producen casi la mitad de los artículos comprendidos en la resolución, deberían exhibir los precios reales que componen la cadena de valor de estos productos, algo que siempre se muestran reacios a hacer.

Es que se trata de corporaciones empresariales que desarrollan una estrategia de integración vertical y horizontal, que facilita la construcción de una posición dominante que les permite decidir sobre los precios de góndola y tener una capacidad de lobby determinante (Ver Comer, cada vez más caro).

Y, que quede claro, no les va nada mal. De acuerdo a los datos que aporta la Comisión Nacional de Valores, de enero a julio, los abanderados de la oposición al acuerdo sobre precios que intenta el Gobierno la juntaron con carretilla. Arcor tuvo ganancias netas por 8.800 millones de pesos, Molinos Río de la Plata por 3.700 y Ledesma por 1.300. Todo esto, después de un 2020 en el que pese a la pandemia a todas les fue muy bien (Ver Hora de congelar).

¿Pero dónde estuvo la clave? Por un lado, durante la pandemia el Estado subvencionó –directa e indirectamente- a buena parte del empresariado por medio de herramientas que permitieron sostener en niveles aceptables la producción y el consumo (Ver Cosas para leer en un fin de semana largo).

Pero mientras tanto, la remarcación de precios en toda la cadena que acaba en los productos de góndola, se apropió brutalmente de todo lo que el esfuerzo estatal (el de todos los argentinos) inyectó por medio de mecanismos como la Tarjeta Alimentar, el IFE y la propia recomposición de sueldos derivada de las paritarias de los asalariados conveniados de los sectores privado y público.

El martes el Indec dio a conocer un informe en el que se da cuenta de que la participación asalariada en el PBI, se derrumbó durante el último año al caer alrededor de diez puntos. Esto representa una merma de 5,7 puntos porcentuales si se lo compara con el primer trimestre de este año.

Desde la otra cara de la moneda, se incrementó la maximización de la tasa de rentabilidad del universo empresarial, que se colocó en el orden del 51 por ciento, lo que equivale a una tasa trimestral de diez puntos.

Con estos datos, a nadie debe sorprender que la Canasta Básica de Alimentos (CBA), que en diciembre de 2019 representaba el nueve por ciento del salario promedio del sector privado, ahora se corresponda con el once por ciento.

Es evidente que a los oligopolios que poseen posiciones dominantes en la cadena de valor que arranca con la materia prima y acaba en la CBA, les va muy bien ajustando por precio antes que por volumen de venta, esto es, por productividad.

Y que de esto va aquello de la puja distributiva, que no es otra cosa que un nuevo capítulo de la lucha de clases, en el que el universo del capital se abalanza sobre aquel del trabajo para extraer una porción superior de plusvalor, en el contexto que le toca vivir a una formación estatal de la periferia capitalista inmersa en la crisis de larga duración que atraviesa el sistema capitalista (Ver Puja distributiva ¿quién se come la torta?).

¿Será entonces que la cosa pasa sólo por el desequilibrio de precios y salarios o será que lo que se busca es –entre otras cosas- que la transferencia de riqueza del universo del trabajo hacia el del capital, que se profundizó desde el inicio de la pandemia, se consolide con un ajuste monetarista?

Filosofía barata

Durante la semana pasada, el precio del dólar blue, esto es el ilegal, fue aumentado hasta que el viernes las cuevas lo vendían a 8,50 pesos, con lo que la brecha respecto al precio oficial supera ahora el 96 por ciento.

Si esta presión tiene éxito, puede brindar un argumento tan mentiroso como eficiente, para aquellos que intentan demostrar que está retrasado y, por consiguiente, sería inapropiado el congelamiento previsto por la Resolución 1050.

Esta historia nada tiene de nuevo. Algo parecido tuvo lugar hace un año y, como suele pasar, propició que los especuladores que suelen tener información privilegiada hagan su veranito.

Cabe citar que aunque la mayoría de las cadenas productivas de la industria nacional requieren insumos importados, los dólares que se utilizan para eso se compran a precio oficial, de ahí que nada de esto debería afectar la estructura de costos que acaba en los precios de góndola.

Pero este tipo de maniobra que actúa sobre un mercado ilegal y marginal, de la mano de la amplificación que le brindan los conglomerados massmediáticos más voluminosos, aporta a generar un clima de zozobra que incide -sobre todo- entre los sectores de ingresos medios y elevados muy permeables a la fetichización del dólar.

Y es aquí donde entra esto de las “expectativas”, que juega un papel clave en la recreación de una de las principales mitologías que el sistema capitalista parece tener reservado para los argentinos.

Por lo irracional, el mecanismo es rocambolesco pero, increíblemente, sigue funcionando. Por medio de conglomerados massmediáticos y redes sociales, fuentes poco claras y legitimadas per se, seleccionan y amplifican versiones que hablan sobre corridas y ajustes. Y desde ahí, a partir de anclajes difusos y escasos datos para establecer una constatación empírica, aparecen como de la nada misma, las “expectativas”. Entonces, como si fuera un ser vivo, el “dólar blue se mueve”, para acompañar el alza de precios que, amparados en esas “expectativas”, aprovechan algunos vivos (¡estos sí que lo son!), para remarcar a lo pavote como lo hicieron en septiembre y durante la primera semana de octubre (Ver Hora de congelar).

Esta jugarreta perversa, ayuda a motorizar el autocumplimiento de la profecía que hizo un gran aporte para que la inflación haya pegado un salto después de cinco meses de leve baja, y amenace con seguir creciendo durante lo que queda de 2021.

Es que es difícil encontrar razones macroeconómicas que justifiquen la desquiciada remarcación diaria de precios que se perpetró durante las últimas semanas, impulsada por oligopolios que además de lo que ya se dijo en este y otros artículos de Propuesta, actúan en un escenario en el que es estable el tipo de cambio que utilizan para importar insumos y partes, las tarifas de energía siguen congeladas, el precio que pagan por los salarios es paupérrimo y se coloca por debajo de la inflación promedio.

Así las cosas, el argumento más sólido que esgrimen es el vinculado al incremento de lo que llaman “gasto”, es decir la inversión social que el Estado dispuso para enfrentar la contingencia que planteó la pandemia.

De esto va la letanía con la que por sus bocas de expendio, la clase capitalista sale al cruce de las medidas que ejecutivo viene implementando –sobre todo- tras el cachetazo que sufrió en las Paso. “El gasto electoral que el gobierno está haciendo en estos meses es irresponsable y lo pagaremos todos con más inflación el año que viene”, dijo un ex titular del Banco Central al dirigirse al auditorio convocado en la Bolsa de Córdoba, en una serie de conferencias que tuvo entre los disertantes a Domingo Cavallo.

Quien hizo tal aseveración y anticipó todo tipo de calamidades para 2022, es Guido Sandleris, que fue jefe de asesores y secretario de Política Económica durante la gestión de Nicolás Dujovne al frente del Ministerio de Hacienda, antes reemplazar a Luis Caputo como titular del Banco Central cargo donde permaneció hasta que acabó la Presidencia Macri con Hernán Lacunza como ministro de Economía.

Macri, Dujovne, Lacunza y Sandrelis fueron piezas clave  en la toma de deuda ilegal e ilegítima con el FMI, que financió la fuga de capitales de unos cuantos miembros y amigotes del staff gobernante de esos días (Ver Plata quemada y ¡Es por abajo!).

Pero asimismo son los que después de las Paso de 2019, le dieron compulsivamente a la maquinita para financiar el “Sí, se puede” que buscó volver a posicionar a Mauricio Macri de cara a la Presidencial.

Los conglomerados massmediáticos que ahora se rasgan las vestiduras, aplaudieron cuando estos funcionarios avalaron un cambio copernicano al ajuste de cuatro años de Gobierno Cambiemos para decretar aumento del salario mínimo, congelamiento del precio de los combustibles por tres meses, otorgamiento de un bono para la AUH y otro de cinco mil pesos para estatales, eliminación del IVA para alimentos básicos, una suba del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias, quita de aportes jubilatorios para trabajadores privados, suspensión del ajuste por inflación en los créditos UVA, moratoria por diez años para pymes y aumento de las becas Progresar.

¿Pero más allá de toda esta filosofía barata, por qué será que empresas a las que, de acuerdo a sus propios balances, les va mejor ahora que durante la Presidencia Macri, son reticentes a acordar una política de precios con el actual Gobierno?

Una de las razones de peso, reside en que hace rato que dejaron de ser empresas, para convertirse en conglomerados, esto es, que poseen posiciones dominantes diversificadas y, todas ellas, supeditadas a la lógica que impone la financierización vinculada a la industria transnacional del crédito.

Por eso la devaluación recurrente resulta una necesidad para que puedan maximizar la tasa de rentabilidad de los pesos que obtienen por la venta de sus productos –como los de la CBA- a la hora de transformarlos en dólar financiero que, por otro lado, es el que acaba en sus casas matrices o en alguna cloaca fiscal (Ver Crecer, pero desde el pie). Entonces, los costos de producción son en pesos, pero con cada devaluación crece la ganancia que se dolariza. Y este es otro de los objetivos que tiene la presión sobre el precio del dólar blue.

Desarma y sangra

La pandemia profundizó la crisis sistémica que, en todo el mundo capitalista, ya venía encendiendo luces de alerta a partir de la burbuja bursátil que provoca sobrevaloración y degradación del capital material/productivo en beneficio del financiero y, sobre todo, el crecimiento de la deuda pública como mecanismo de apropiación de soberanía que afecta, principalmente, a formaciones estatales de la periferia del sistema capitalista.

Con las restricciones que impuso el Covid-19, ganó el capital financiero concentrado transnacional que tiene la liquidez de la que carecen economías que quedaron muy estresadas por el esfuerzo que reclamó la pandemia.

Con este telón de fondo, hasta el más mentado neoliberal tuvo que agachar el hocico y aflojar la billetera estatal. Desde los 1,3 billones de dólares de recursos públicos que Joseph Biden decidió inyectar por medio de su Plan de Estímulo, pasando por el congelamiento del precio de combustibles anunciado por Guillermo Lasso, hasta el errático aumento del gasto público que transita Jair Bolsonaro, a la hora de intentar suturar algunas de las heridas que deja la pandemia, todos parecen coincidir en que las metas fiscales se pueden gambetear, al menos hasta nuevo aviso.

Pero aunque esto del gasto quede algo demodé, al menos en este contexto, en Argentina resulta un buen argumento para la clase capitalista que en la pandemia y su salida, ve una oportunidad para maximizar su tasa de rentabilidad, así como para forzar reformas regresivas estructurales en la relación existente entre los universos del capital y el trabajo, que hace que en nuestro país –todavía- el concepto de proletariado tenga un correlato identitario con un sujeto social que resiste y protagoniza la lucha de clases.

En este marco, en el camino que va de las “expectativas” al pustch, el resultado de las Paso envalentona al bloque que interpreta en el esquema de representación política, a lo más concentrado de la clase capitalista que actúa en el país.

Es ingenuo disociar la resistencia empresarial a acordar precios máximos y el pustch que se pretende asestar con el precio del dólar blue, de los cacerolazos que con las convocatorias más delirantes se sucedieron a partir de marzo de 2020 y de los llamados abiertos a transgredir las normas de cuidado sanitario durante lo peor de la pandemia con marchas y la agresiva prédica ejercida desde la mass media dominante.

Y también las señales constantes que los principales referentes políticos de ese bloque, con Macri a la cabeza, dan al FMI y grupos financieros globales cuando les dicen abiertamente que no acompañan el acuerdo que pretende hacer el Gobierno para acomodar el pago de la deuda que ellos contrajeron.

Todos ellos confían en que si logran forzar una mega devaluación, el consiguiente ajuste acabaría con el gobierno de Alberto Fernández, lo que en esa lógica, aceitaría la posibilidad de que quien lo suceda avance en las reformas regresivas que -a esta altura- ya propician abiertamente los principales dirigentes de Juntos por el Cambio (JxC).

Frente a esto, aunque tardía y limitada, con la decisión que se plasma en la Resolución 1050, el ejecutivo confía en que el Estado pueda establecer un paréntesis en el alza de precios. Pero también regular, por medio de un acuerdo que convenza a los formadores de esos precios que produzcan más para maximizar su tasa de rentabilidad, pero por medio de la expansión del consumo, esto es incrementando la oferta y estabilizando más allá del 7 de enero, los precios con una canasta de artículos de calidad.

Esto implica un cambio bastante radical respecto a la mirada que tuvieron los programas que se instrumentaron durante los últimos años, y se inscribe en la prioridad que desde La Rosada se le da a lograr que la recuperación del salario conveniado pueda ser sostenida, lo que –así lo esperan- podría aportar a la generación de empleo de calidad y la expansión de la economía.

Se trata de una perspectiva coherente con la idea de construir un pacto social policlasista que se coloca en la propia génesis del Frente de Todos, que el Gobierno espera poder consolidar a partir de que arribe a un acuerdo con el FMI, que potencie la posibilidad de acceso al crédito productivo y que por medio de herramientas como los consejos Agroindustrial y Económico Social motorice un paradigma industrialista, opuesto al modelo basado en la reprimarización, extractivismo y valorización financiera que impone el que tiene su expresión política dominante en JxC.

En este sentido, vale citar que esta semana el Presidente va a viajar a Italia para participar de la Cumbre de jefes de Estado del G-20, tras lo que va a ir a Escocia para intervenir en la Conferencia sobre el Cambio Climático que convoca la ONU.

En Roma, el mandatario espera que este foro que reúne a las principales economías del mundo y principalmente EE.UU., apoye formalmente la propuesta argentina para acordar con el FMI, que básicamente consiste en un programa de pago a diez años con cuatro de gracia, eliminación de punitorios y anulación de sobretasas.

Nos siguen pegando abajo

Desde que lo peor de la derecha se reorganizó en el bloque de representación política que lidera el PRO, el foquismo se convirtió en un modus operandi que le resultó más que eficaz. En esa dirección, es que la parafernalia de palos por si bogas y palos por si no bogas, se amplifica hasta la saturación desde la massmedia dominante y la red de trolles que encuentran un terreno muy permeable en una parte importante de la sociedad.

Todo coadyuva  al propósito de desestabilizar a un gobierno moderado que, con contradicciones y debilidades, pretende instalarse en el centro del esquema de representación política.

Asimismo, esto explica en buena medida, la presión sobre los precios del dólar y los alimentos. Y, también, la amenaza de desabastecer las góndolas que con total desparpajo hicieron durante los últimos días dirigentes corporativos y políticos como el titular de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, Mario Grinman, y el propio Horacio Rodríguez Larreta.

También el reflotamiento de la “amenaza mapuche”, que busca instalar a esa comunidad como chivo expiatorio y expresión de lo opuesto al orden que se quiere vender como correcto y apropiado. Y, por supuesto, para el capitalismo la peor amenaza a ese tipo de orden, es aquella que se hace contra la propiedad privada individual.

Lo paradójico es que por medio de este mecanismo, se pretende homologar la propiedad privada individual de cualquier hijo de vecino con, por ejemplo, la del magnate Joe Lewis que sigue cercando el Lago Escondido, desoyendo un fallo del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro que data de 2017.

Queda claro que el Poder Judicial se exhibió tan ineficiente a la hora de hacer cumplir esa orden, como para determinar la autoría de los tres episodios delictivos que se durante los últimos meses se le endilgaron a “mapuches”.

Pero asimismo que en la amplificación de esta situación que requiere una solución más compleja que el simple envío de fuerzas federales a la región, está Consenso Bariloche (CB) que es un espacio corporativo en el que se imbrican cámaras inmobiliarias y otros intereses empresariales que desde su fundación, se convirtió en una usina desde donde se pretende instalar que la comunidad mapuche es terrorista. Por cierto, CB se presentó en sociedad en un acto al que asistió, entre otros, Patricia Bullrich (Ver Repudio a Bullrich).

Mientras tanto continúa sin cumplirse la Ley de Relevamiento Territorial que surgió de un mandato de la Construcción de 1994 y que, entre otras cosas, debe encargarse de resolver los litigios abiertos respecto a la propiedad de la tierra entre el Estado y comunidades originarias.

Como se ve, esto de la sacralización del concepto de propiedad privada individual no es una idea neutra, sino el resultado de intereses que suelen ser contradictorios y por lo tanto de relaciones de fuerza. Un proceso íntimamente entrelazado con la mercantilización de recursos naturales, fuentes de energía, materias primas y alimentos que, como el pan, siguen aumentando.