Y un día hubo acuerdo

Con el Fondo no hay buenas noticias, pero el principio de acuerdo que se dio a conocer hoy viernes, lo es para un Gobierno que asumió con el letal peso que significan la deuda y el esquema de vencimientos que dejó el Stand-By con el que -ilegalmente e ilegítimamente-la Presidencia Macri comprometió hasta el tuétano el futuro de los argentinos.

Se trata básicamente de un acuerdo de facilidades extendidas que alcanza los 44,5 millones de esa deuda, por el que cuando el Directorio del organismo multilateral y el Congreso lo aprueben, van a empezar a hacerse los desembolsos siguiendo el cronograma de pagos que estableció el acuerdo de 2018. Pero merced a lo pactado ahora, Argentina va a recibir los dólares para pagar los vencimientos y acumular reservas por el remanente.

Se trata de un acuerdo diseñado en base a un programa de dos años y medio, del que aún falta definir la letra chica que incluirá los memorandos de entendimiento y que  -entre otras cosas- contempla revisiones trimestrales tal como lo establece el estatuto del FMI, así como un sendero fiscal que desemboca en déficit cero para 2025 y que se sigue con una estrategia de devaluación paulatina de la moneda tal como se viene dando durante los últimos dos años.

El acuerdo fue presentado por el presidente Alberto Fernández, tras lo que el ministro Martín Guzmán brindó detalles en una ronda de prensa en la que lo acompañó el jefe de Gabinete, Juan Manzur. Minutos más tarde, el FMI emitió una declaración y ya sobre el mediodía de Argentina, la titular del organismo, Kristalina Gueorguieva, lo celebró por medio de su cuenta oficial de twitter.

El Presidente fue breve pero contundente cuando explicó que lo acordado no contempla “restricciones que posterguen nuestro desarrollo” ni reformas regresivas a los sistemas Jubilatorio y Laboral, pero tampoco restringe la inversión en obra pública ni impacta en la actual política tarifaria. Y que no dispone saltos devaluatorios ni relega la inversión social.

Por otra parte, destacó que respeta los planes de inversión en ciencia y tecnología vigentes -algo que reconoce el twitter de Gueorguieva-, al tiempo que recalcó que permite que se sostenga la recuperación económica en curso, en un marco en el que prevé “que no habrá caída del gasto real y sí un aumento en la inversión de obra pública” y en el que se va a favorecer el acceso a nuevos financiamientos.

Por su lado, a la hora de presentar los detalles, Guzmán señaló que lo acordado consta de cuatro bloques que son el Fiscal, el  Monetario, el inherente al abordaje sobre la inflación y el que tiene que ver con el crecimiento.

En el primero de los casos el ministro destacó que se consiguió que se avance “sin políticas de ajuste fiscal” y que el Estado pueda tener un papel “moderadamente expansivo”, lo que se traduce en un esquema de reducción gradual que proyecta un déficit primario de 2,5 del PBI para este año, de 1,9 para 2023 y de 0,9 para 2024.

En este punto vale señalar que el FMI pretendía que el déficit de 2022 fuera del dos por ciento, por lo que lo acordado le da un poco más de aire al Gobierno, que también puede exhibir que lo firmado se sale de la línea de recetas de reformas estructurales regresivas que tienen los acuerdos de facilidades extendidas que el FMI impone habitualmente. Esto quiere decir que no habla en este caso de reformas laboral, previsional ni tributaria regresiva, pero tampoco de privatizaciones.

¿Pero cómo va a ser posible hacer el recorrido previsto? Guzmán sostuvo que para equilibrar las cuentas fiscales, la clave estará en sostener el crecimiento de la economía y mejorar la administración tributaria con la mira puesta en “los problemas de lavado de dinero y evasión”. Y resaltó que no va a haber reforma laboral ni privatización de empresas públicas, así como “afectación a las jubilaciones”.

Por otra parte, anunció que se va a llevar a cabo “una reducción gradual, pero decidida, de la asistencia monetaria del Banco Central al Tesoro Nacional”, por medio de un diseño que prevé que este año el financiamiento al Tesoro sea del uno por ciento del PBI, del 0,6 el que viene y llegue a cero para 2024.

Como complemento, “se va a continuar con la reconstrucción del mercado de deuda pública en moneda nacional” y en lo que hace a la política monetaria, lo acordado establece que se avance en un diseño de “una estructura de tasas de interés reales que redunde en valores positivos”.

Fenómeno multicausal

Guzmán aclaró que inflación y emisión se abordaron como partes de un “bloque integral”, ya que se interpreta que se trata de un “fenómeno multicausal” y señaló que el acuerdo permite que el Estado siga con su “rol coordinador para anclar las expectativas sectoriales”, tras lo que resaltó el papel que se espera que jueguen las políticas de acuerdos de precios, que resulten de la negociación entre el gobierno y los empresarios que intervienen en las distintas cadenas de valor.

Y, en este punto, también habló de la reducción de la emisión monetaria y las tasas positivas de interés, lo que contribuirá como un esquema hacia el que se va a propender para “mejorar el perfil de financiamiento de las políticas públicas” que también -así se espera- va redundar en un control paulatino de la inflación.

Este no es un punto menor del acuerdo. La propia Gueorguieva en su twitter del mediodía, señaló que se siente alentada “por el progreso de hoy para llegar a un entendimiento sobre políticas clave para un programa respaldado por el Fondo para abordar los desafíos actuales como la inflación”.

Y, en sintonía con su titular, el comunicado que poco antes hizo público el FMI, indica que se acordó “la ruta de consolidación fiscal” que, hace hincapié, “mejorará de manera gradual y sostenible las finanzas públicas y reducirá el financiamiento monetario” ¿Qué quiere decir con esto? Que al reducirse el déficit, se hace lo propio con la emisión.

El comunicado del FMI explicita que lo acordado permite “aumentar el gasto en ciencia y tecnología y protegería programas sociales específicos” y añade que “acordamos que una estrategia de reducción de los subsidios a la energía de manera progresiva, será fundamental para mejorar la composición del gasto público”.

Gueorguieva y el FMI hablan de un programa idóneo para reducir inflación y sostener crecimiento al mismo tiempo. Es verdad que lo acordado no contempla un salto devaluatorio brusco como el que viene reclamando la letanía del “atraso cambiario”, pero se estableció que paulatinamente, la curva del precio del dólar tienda a converger con la tasa de inflación, con lo que el gobierno perdería la posibilidad de utilizar el tipo de cambio oficial como anclaje.

¿Por otra parte, cuánto se puede reducir la inflación que ya arranca desde un piso superior al cuarenta por ciento si, para bajar el déficit, hay que avanzar hacia un descongelamiento de subsidios aunque se sea paulatino como plantea el acuerdo y muy meticuloso en la segmentación como el que anunció el Gobierno?

Porque, está claro que aunque morigerado, el recorrido que llevaría al déficit cero implica reducción de gasto ¿Pero por dónde vendía ese recorte? ¿Cuál va a ser la forma en que se reorganizará el gasto para satisfacer a esa demanda, sobre todo si se tiene en cuenta que La Rosada se propone fomentar la rueda de crecimiento económico que se verificó durante 2021?

El Gobierno defendió y consiguió que el acuerdo no afecte a la inversión en infraestructura y obra pública, que es un rubro clave a la hora de multiplicar la actividad y la generación de trabajo directo e indirecto, pero que además requiere mayoritariamente de insumos nacionales, algo que trae aparejado que no consuma muchos dólares. Y esto, en los días que corren, es algo que paga su peso en oro.

Todo esto en un año en el que aunque sea mayor que los tres puntos que prevé el FMI, el crecimiento de la economía argentina no se va a acercar a la cifra extraordinaria que tuvo durante 2021, que permitió que se recuperara lo perdido durante el primer año de pandemia.

Y, encima, ya sin el producto de la Ley 27.605 de Aporte Solidario y en un contexto global que aparece atravesado por la profundización de una situación global, que ya se manifestaba durante 2019 y que la pandemia profundizó, lo que trae aparejada una marcada caída de la tasa de beneficio, como así de la producción en sectores estratégicos, que plantea un cuello de botella y problemas de oferta que generan inflación en las principales economía capitalistas.

Con este telón de fondo, es que cobra importancia el anuncio de Guzmán que señala que para que se puedan equilibrar las cuentas fiscales y sostener el crecimiento, el acuerdo propiciaría medidas que sean capaces de mejorar la administración tributaria con la mira en “los problemas de lavado de dinero y evasión”.

¿Podrá aceitar esto el nuevo Consenso Fiscal que debe rubricar el Congreso en Extraordinarias, especialmente en el capítulo que habilita a legislar un incremento sobre las imposiciones a la riqueza obtenida por herencias, legados, donaciones y anticipos de herencia, así como a “cualquier otra transmisión que implique un enriquecimiento patrimonial a título gratuito”? ¿Se podrá, esta vez, clavar el cuchillo a hueso para avanzar en una reforma que haga que los que tienen más, paguen más? (Ver ¡A brindar que se acaba el año!).

Al respecto, el acuerdo y particularmente los dichos posteriores de Gueorguieva, ponen sobre el tapete a la relación existente entre inflación, precios y salarios. Y por primera vez, el FMI reconoce que la inflación es un fenómeno multicausal, por que se puede añadir que a su abordaje no le corresponde una receta monetarista como las que tradicionalmente plantea ese organismo y que es la receta que, como letanía, repiten los voceros de la clase capitalista que actúa en Argentina.

En este sentido el acuerdo también aborda lo inherente a política de precios y salarios, lo que recuerda que hace poco técnicos del FMI mantuvieron una conferencia con el ministro Guzmán y el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, quien a partir de la Resolución 1050 tiene a su cargo la instrumentación de la estrategia con la que el ejecutivo intenta morigerar el apetito desenfrenado de los diferentes actores de las cadenas de valor que acaban con la remarcación de precios de góndola.

Cualquier abordaje que se haga en esta dirección, debería contemplar que el principal factor de la multicausalidad que se manifiesta en la puja distributiva, es la lucha de clases que se expresa fundamentalmente a partir de la actitud de actores del universo del capital que se valen de cualquier trampa para correr el arco (Ver Puja distributiva ¿quién se come la torta? y El síndrome de Pepitos).

¿Serán capaces de encolumnarse dentro del espíritu del acuerdo que, aunque sea formalmente, dice que es preciso establecer reglas claras, cuando la distorsión es el escenario en el que se mueven como pez en el agua? ¿Lo serán, cuando son los que históricamente ganan con la inflación? (Ver Fondo, inflación...¿y después? y ¿Viejo trayecto o Nueva Ruta?).

Queda claro que nada tienen de imparciales esos actores que deberían disciplinarse en un acuerdo que permita que los precios no absorban a la recomposición salarial. Esto es clave en un país donde de la población económicamente activa sólo la mitad está conveniada y, en este universo, el salario real viene de una caída del veinte por ciento durante la Presidencia Cambiemos. Y con este dato marcado a fuego, desde diciembre de 2019, solo logró ubicarse en promedio, un poco por encima de la inflación.

Vuelta de página

El Gobierno celebra porque sabe que el acuerdo permite dejar atrás una etapa, al tiempo que confía en que también sea el pedestal desde el que pueda relanzar su gestión a partir del programa de desarrollo que oportunamente el Presidente anunció como Plan Plurianual, que se fundamenta en una matriz exportadora que consolide el excepcional crecimiento de 2021 (Ver El año de la deuda).

De esto va el último de los bloques que presentó Guzmán. Por eso recalcó que el acuerdo pretende aportar a que no haya saltos cambiarios, así como al fomento de medidas tendientes a favorecer “el ingreso de divisas para el desarrollo”, algo que articula con la idea de “seguir en la línea que se planteó con la política de acumulación de reservas” y con la meta que se fijó de un crecimiento de las reservas de cinco mil millones de dólares para este año.

Por eso después de hacer hincapié en que va a haber “regulaciones en la cuenta financiera para desalentar el ingreso y salida de capitales especulativos”, destacó que el Gobierno busca “generar un escenario de certidumbres que abra un camino transitable” y “sembrar condiciones para construir futuro”.

Es evidente que el proceso de sobreendeudamiento es un fenómeno pluricausal que se vincula a razones de tipo geopolíticas, geoeconómicas y geoestratégicas que explican el momento que atraviesa la segunda crisis de larga duración capitalista, pero también, al menos en el caso de Argentina, se trata de un hecho que merece un reproche penal y que, por lo tanto sus responsables deben acabar en el banquillo de los acusados (Ver ¡Estalló el verano!).

Pero asimismo, la falta de resolución de la negociación sobre la deuda, constituía una formidable excusa para aquellos actores que se alimentan con la incertidumbre, al tiempo que representaba un obstáculo para que el ejecutivo pudiera poner en marcha el programa que el Frente de Todos impulsó durante la campaña presidencial de 2019.

Queda claro que con lo firmado en “el mejor acuerdo posible”, el Gobierno la va a tener difícil y que para desarrollar su programa va a necesitar poner en marcha en forma acelerada herramientas que permitan que este año el crecimiento de la economía, disimule la inflación que trae un arrastre tremendo de 2021, esto es, que haga que el salario le gane.

No se trata de una quimera, ya que después del crecimiento superior a los diez puntos del año pasado, en La Rosada aguardan que el acuerdo con el FMI dinamice todavía más a la producción, el consumo y el salario conveniado.

Durante los próximos días se van a ir conociendo más detalles de lo acordado y, seguramente, esto va a ir acompañado por la revitalización de iniciativas como los proyectos de ley de Hidrocarburos y Agroindustrial que forman parte del paquete de iniciativas que son claves para el plan de desarrollo que impulsa La Rosada.

¿Entonces, el “mejor arreglo posible” con el FMI es o no es una buena noticia? Lo que está claro es que es una noticia y un hecho consumado y que con todos los límites del caso, aporta a que el Gobierno, pueda retomar su propia agenda, tras dos años dificilísimos y cuando lo que no sobra es tiempo, sobre todo si se quiere llegar a 2023 con posibilidades de evitar que el bloque de representación política que va de la derecha a la ultraderecha vuelva a La Rosada.

Y es evidente también que incluso con el estrecho margen de acción que deja el acuerdo, Argentina tiene posibilidades de crecer por encima del tres por ciento que el Fondo le vaticina para este año.

Por eso si el acuerdo pone en movimiento los engranajes de la matriz exportadora, que es el diseño en el que el Gobierno confía para que el país salga del atolladero, lo mejor que podemos hacer como comunistas es dar la pelea para que parte del crecimiento sea utilizado para fomentar un camino alternativo de crecimiento como es el que propone la economía popular, que no debe ser tomado como una vía de escape paliativa para los trabajadores que el sistema no puede (o no quiere) contener por medio del empleo conveniado.

Porque, lejos de eso, esta representa una herramienta eficaz para construir trabajo y riqueza social, que es capaz de reproducirse eludiendo las relaciones que impone el capital.

Desde los movimientos sociales y en particular desde el MTL, se viene trabajando en la construcción de este tipo de instrumentos que también pueden ser claves, a la escala de lo posible, para meter una cuña en la puja distributiva a partir de la construcción de formas centradas en el barrio, redes de barrios y localidades que logren establecer dinámicas propias de producción y circulación, pero también de construcción de riqueza social a partir del trabajo asociativo y cooperativo (Ver Se viene la pospandemia ¿y si vamos por otro tipo de normalidad? y La otra Mesa).

Formas que le pegan en los talones al mito que señala que las relaciones capitalistas son las únicas capaces de hacerlo y que son relevantes en el proceso de autoconstitución popular necesario para hacer frente al capítulo de la crisis del sistema capitalista que en nuestro país tiene en el centro del escenario al proceso de sobreendeudamiento y sus consecuencias directas.