Diferentes organizaciones, entre ellas la CTA de los Trabajadores y Apyme, hicieron pública una declaración en la que advierten que “el bolsillo de los argentinos no soporta otro aumento de tarifas”.
Tras la reciente celebración de audiencias públicas y finalización del proceso legal correspondiente, se espera que durante esta semana la Secretaría de Energía haga oficial la suba de las tarifas de gas y energía eléctrica que van a comenzar a regir con la facturación de junio.
Con este telón de fondo, diferentes organizaciones, entre ellas la CTA de los Trabajadores y la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme), hicieron pública una declaración en la que advierten que “el bolsillo de los argentinos no soporta otro aumento de tarifas”, por lo que exhortaron “al secretario de Energía, al ministro de Economía y al presidente de la República a evitar un nuevo aumento tarifario contra el bolsillo ciudadano”.
Al respecto, expresaron su “preocupación y rechazo a la propuesta de quita de subsidios, con el consecuente aumento en las tarifas de los servicios públicos de gas natural por redes y de energía eléctrica”, tras lo que recalcaron que para que se pueda determinar el precio de las tarifas, antes “es preciso conocer y revisar a fondo cuáles son los costos de producción de gas y de generación de electricidad”.
Y alertaron que “quitar subsidios para realizar un aumento de tarifas sin analizar de forma minuciosa los costos reales de las empresas implica consolidar una política que ha sido perjudicial para el pueblo argentino”.
En este sentido, la declaración recuerda que la Presidencia Macri “aplicó los tristemente célebres tarifazos que consistieron en la dolarización de los precios del gas y la electricidad, en aumentos exorbitantes de los segmentos de transporte y distribución más la quita de subsidios estatales”, lo que generó “una fabulosa transferencia de recursos desde la ciudadanía y el aparato productivo hacia un pequeño puñado de empresas”.
Pero nunca se aclaró cuáles son los costos de producción. “Me resisto a contestar esa pregunta”, dijo en agosto de 2016 ante un plenario de comisiones en la Cámara de Diputados el entonces ministro Juan José Aranguren al ser consultado por el costo de producción del gas en boca de pozo.
“Esa política generó que las energéticas multiplicaran sus ingresos hasta por veinte en el período macrista mientras el ingreso ciudadano se multiplicó apenas por tres”, lamenta la declaración y añade que “todas esas ganancias se generaron mientras se producía un fenomenal deterioro en el poder adquisitivo de las familias, en el entramado productivo pyme y en los niveles de actividad económica en general”.
Y resalta que las empresas del sector continuaron teniendo grandes ganancias durante la pandemia y que por el acuerdo con el FMI, el Estado Argentino se compromete a una reducción significativa de subsidios. “Pero no se aborda la cuestión de los costos ni de las ganancias extraordinarias del sector”, ya que simplemente “se expone la necesidad de recortar subsidios sobre la población, para que asumamos un mayor costo en nuestras tarifas”.
De ahí que buena parte del endeudamiento contraído por el Stand-By de 2018, “es el que utilizaron las principales empresas del sector energético para formar activos en el exterior, siendo el segundo sector de la economía en girar divisas fuera del país, de acuerdo al informe oficial que emitiera en el 2020 el Banco Central”, por lo que “financiaron la fuga de capitales con el préstamo que hoy condiciona a la sociedad en su conjunto”.
