Se presentó una nueva etapa del Procrear que forma parte, según el Presidente, de un paquete de medidas económicas para la reconstrucción pospandemia y posmacrismo, que más que nunca debe ser encarado con políticas anticíclicas que superen los límites que autoimponen las políticas reformistas.
No pasó ni una semana desde que se lanzara la nueva etapa del Procrear, que ya se registra un elevado número de consultas y demanda para acceder a los créditos para vivienda, compra de lotes y refacciones.
La enorme expectativa que genera este programa de acceso a la vivienda, cada vez que se renueva, es sintomático del problema de déficit habitacional en la Argentina, que afecta a más de cuatro millones de hogares, especialmente, a de los sectores populares.
La nueva fase del Procrear consiste en créditos subsidiados por el Estado para la construcción de nuevas viviendas, refacciones para el hogar y un plan de acceso al suelo.
El Gobierno nacional prevé una inversión de 25 mil millones de pesos, que se distribuirán en las nueve líneas de créditos con las que contará el programa.
Según detalló el presidente Alberto Fernández en la conferencia de prensa de lanzamiento, donde estuvo acompañado por la ministra de Vivienda y Hábitat, María Eugenia Bielsa, la implementación del Procrear será un capítulo destacado del programa de impulso para la recuperación económica en la pospandemia y, vale decir, el posmacrismo.
El Procrear puede ser analizado desde diversas perspectivas. Desde un ángulo técnico, de suma importancia, su alcance y posibilidad de brindar soluciones al problema del déficit habitacional está delimitado por los requisitos pautados para acceder a la línea de crédito, especialmente, a los préstamos para comprar vivienda.
Sin dudas que el pase de inquilino a propietario significa un salto de vida cualitativo fundamental para cualquier trabajador, mucho más si se efectúa con financiamiento subsidiado.
Empero, el cambio de estatus de inquilino a propietario no resuelve el problema del acceso a la vivienda digna, que afecta principalmente a los sectores populares, que viven hacinados, en contextos socioambientales con profundas dificultades sanitarias.
De otro modo: desocupar un departamento en algunos de los barrios más codiciados de la Ciudad, para vivir en una casa o departamento construido en el conurbano bonaerense, mejora la calidad de vida una porción mínima y muy determinada de la población, que es aquella cuyos ingresos le permite vivir por encima de la media, que no llega a reunir siquiera dos salarios mínimos para garantizar la reproducción de las condiciones mínimas de vida.
Desigualdad
Desde otro ángulo, económico-social, las posibilidades de brindar soluciones al problema del déficit habitacional, estarán determinadas por la demanda de mano de obra y recursos para la construcción de nuevas viviendas.
Por eso, es para resaltar que uno de los términos establecidos por el gobierno a la hora de otorgar el crédito, es que la vivienda a comprar tiene que ser nueva y construida con materiales adquiridos en el mercado interno.
En este punto, hay que remarcar algunas cuestiones. En Argentina hay un déficit de al menos cuatro millones de viviendas, mientras que se estima que hay dos millones de viviendas ociosas y casi 4500 barrios populares.
En este contexto, para esta nueva etapa del Procrear el gobierno prevé otorgar más de trescientos mil créditos, construir 44 mil viviendas y otorgar unos diez mil lotes con servicios, lo que demandará una inversión de 25 mil millones de pesos.
Sin dudas, se trata de un estímulo importante para el mercado interno, pero sigue pareciendo poco de cara a la profundidad del problema habitacional, exacerbado al máximo este último tiempo por la pandemia.
Como ya dijimos en Nuestra Propuesta Diario la iniciativa de una nueva fase del Procrear demuestra un compromiso por parte del gobierno a que el Estado asuma un rol protagónico en la reconstrucción económica: la construcción de nuevas viviendas motoriza el empleo y reactiva el mercado interno.
Pero en este punto, surge una nueva problemática: la cuestión del acceso. ¿Quiénes tienen derecho a una vivienda digna en Argentina? En otras palabras: ¿cómo solucionar el problema de la vivienda que afecta especialmente a los sectores populares, en medio de una pandemia que profundiza la crisis estructural del sistema capitalista, cuando el cuarenta por ciento de los trabajadores no están registrados?
En Argentina, hasta el primer trimestre de este año, el sesenta por ciento de los trabajadores ganaba un sueldo promedio de 29 mil pesos.
A su vez, según el informe de principio de año del Indec sobre “Distribución del Ingreso”, el diez por ciento más pobre de la población trabajadora activa concentraba el 1,3 por ciento del total de ingresos, mientras que el diez por ciento más rico reunía el 28,9.
Con estos índices de desigualdad y precariedad en Argentina, queda claro que para resolver problemas profundos como el trabajo no registrado y el déficit habitacional, por mencionar dos que nos ocupan ahora y se relacionan, son necesarias transformaciones de carácter estructural sobre la economía nacional y la distribución del ingreso.
Entonces, se hace preciso más que nunca asumir políticas anticíclicas que superen los límites que autoimponen las políticas reformistas que, no se puede negar, sirvieron para lograr mejoras sustanciales en toda la población, como durante el período 2003-2015.
Pero que a la larga, en el marco de una contraofensiva neoliberal y conservadora, se mostraron insuficientes no solo para contener el avance de la derecha, sino también para consolidar derechos económicos, sociales y políticos a largo y mediano plazo.
