De esto va la reforma del mercado de seguros que adelantó Miei en su cadena nacional del jueves. “Quienes se benefician con eso son los grupos que tienen el capital financiero en las compañías de seguros y, en particular, las ART”, puntualizó Jorge Kohen, médico especializado en Medicina Laboral y doctor de posgrado en las Universidades nacionales de Cuyo y del Comahue.
Durante la cadena nacional del jueves pasado, Javier Milei anunció que piensa avanzar con una reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y adelantó un proyecto con el que prevé instrumentar una reforma estructural del mercado de seguros, que busca modificar el esquema actual de regulación para permitir que las compañías diseñen y ofrezcan productos sin autorización previa del organismo de control ¿Pero cómo se vincula esto con la posible fusión de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) y la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN)? ¿Y, fundamentalmente, qué consecuencias traería para los trabajadores?
“La forma confusa de presentar todo esto no nos debe llamar la atención, porque forma parte del dispositivo ideológico-cultural del neoliberalismo”, explicó Jorge Kohen, quien es médico especializado en Medicina del Trabajo y doctor de posgrado en las Universidades Nacionales de Cuyo y del Comahue. Lo que buscan con esta medida, aclaró, “es ocultar el carácter regresivo antipopular capitalismo concentrado en el sector financiero y extractivista, lo que denominamos capitalismo cognitivo y de plataformas, que son quienes a través de los fondos de inversión y los organismos internacionales de crédito vienen centralizando la riqueza y generando estas políticas de exclusión y sufrimiento para el pueblo”.
Como señaló Kohen, “junto con toda esa parafernalia discursiva, el presidente, al anunciar que se va a desregular el mercado del seguro, lo que nos está diciendo es que se van a eliminar disposiciones legales y de los organismos de control, para poder darle un marco legal a una concentración cada vez mayor y en menos compañías, de todo lo que es el mercado del seguro”. Por lo que el especialista en la materia remarcó que “quienes se benefician directamente con esto son los grupos que tienen el capital financiero en las compañías de seguros y, en particular, las aseguradoras de riesgo del trabajo (ART)”.
Sobre este punto neurálgico, añadió que se trata “de un mercado que mueve por año aproximadamente diez billones de pesos, esto es, diez mil millones de dólares al año en el mercado de las ART que cada vez está más concentrado en las mismas manos, que son las que manejan las compañías de seguros y las prepagas de salud que, a su vez, tienen vínculos con los laboratorios”. Por lo tanto, enfatizó que la iniciativa “no tiene que ver sólo con un sector aislado, sino que se trata de una política de desregulación y un afianzamiento del proceso de concentración monopólica en perjuicio de la salud de los trabajadores”.
Lo que Kohen denuncia bien puede graficarse con el ejemplo de que el mismo día en que la Anmat (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica) desreguló diez medicamentos y avanzó en un camino tendiente a modificar la Ley de Farmacias, se conoció la resolución de la SRT que deja sin efecto 112 resoluciones y normas, lo que habla de la magnitud que tiene el asunto. “Entre ellas se cae la Ley de Ética Profesional que desde 2004 protegía a los médicos frente a los abusos de las ART y las empresas” ya que, explicó, “defendía el derecho a aplicar el criterio médico y no el de las aseguradoras y las empresas”.
Con esta movida pro empresarial que ataca a la salud de la población, queda también sin efecto la norma que establecía que quienes deben controlar el cumplimiento de la Ley de Riesgo del Trabajo y las normativas de higiene y seguridad en los ámbitos laborales, deben ser técnicos y especialistas en Medicina del Trabajo. “Se deroga el financiamiento de las investigaciones en materia de condiciones del trabajo”, recalcó al respecto, por lo que “sólo queda en funcionamiento la obligatoriedad de la alícuota que pagan las empresas a las ART, es decir, salario indirecto que se apropian las aseguradoras, así como el fondo de garantía para el caso de insolvencia de las ART, que se financia con un aporte patronal que también es salario indirecto”.
En sintonía con esto, amplió, “se mantiene el doble cerrojo para los reclamos de los trabajadores por accidentes de trabajo, que es la imposibilidad de concurrir a la Justicia, porque todo pasa por las comisiones médicas de las ART”, al tiempo que “se pone en práctica una reducción sustancial de los porcentajes de incapacidad por cada una de las lesiones sufran los trabajadores”.
Zona de riesgo
“Todo esto es sumamente peligroso”, alertó Kohen y agregó que “esta desregulacion de los seguros y la fusión de la SRT con la SSN va a dejar a miles de trabajadores del Estado en la calle”, ya que “va a reducirse a la mitad la cantidad de personas que se desempeñan en la SRT”, pero también va a dejarle las manos libres a las ART para que sigan acumulando poder “porque reciben el cuatro por ciento de toda la masa salarial, dinero que invierten en el sistema financiero”, algo que las vuelve más poderosas frente a la posibilidad de cualquier cuestionamiento estatal “y les facilita rechazar los reclamos de los trabajadores para evitar pagar las indemnizaciones y así acumular más ganancias”.
Por otra parte, el cuadro de situación se agrava aún más puesto que “las ATR y las compañías de seguros son las principales tenedoras de bonos de deuda del Estado Nacional”, una herramienta a la que cada vez de manera más recurrente echa mano Luis Caputo para biciletear la deuda e intentar captar recursos. “Esto les da un poder político que coloca por encima del propio presidente de la República a las ATR y las compañías de seguros que, encima, están emparentadas con la gran banca internacional”, afirmó Kohen para ayudar a dimensionar la problemática.
Todo esto dibuja un panorama que “es altamente preocupante y que, además, se lleva a cabo sin que se recurra al mecanismo que establece la Ley de Riesgo del Trabajo, que es la participación del Consejo Consultivo Permanente en el que junto con el Estado están representados la CTA, la CGT, la UIA y Came”. Refiriéndose a este punto, indicó que “esto es así merced al manejo político antidemocrático que el gobierno de derecha de Milei viene desarrollando en todos los terrenos”.
Queda claro que tal manejo de las cosas provoca una mayor vulnerabildad para el conjunto de la clase trabajadora y una nueva ronda de maximización de la tasa de rentabilidad para las aseguradoras que poseen una arquitectura muy aceitada, tal como por ejemplo lo explica Jorge Kohen en su libro “Economía política de la salud de los trabajadores. Daño, ganancia y subjetividad en la Argentina del siglo XXI” que se prevé presentar en breve en Rosario. Sobre esta publicación que aporta a entender la coyuntura que atravesamos, su autor adelantó en diálogo con Nuestra Propuesta que en ella “demostramos cómo los actuales modelos productivos provocan el daño y a ese daño se le pone un precio que se cubre con la alícuota que se paga por salario indirecto”. Mientras que “el hecho de que no se pague el daño que sufren los trabajadores, es una plusvalía indirecta que el capitalismo financiero y las aseguradoras le extraen al trabajador”, explicó.
Entonces, de lo que va la cosa, “es no sólo de la plusvalía por capital no pagado, que es el capital que se acumula, sino además de la pérdida de capacidad física y psicológica que sufre el trabajador como consecuencia del desgaste que también se acumula en las ganancias de las ART y del capital financiero”. Y eso, hace hincapié Kohen, “es lo que denunciamos”.
