Como parte fundamental del “cambio cultural” que pretende imponer, la Presidencia Milei carga contra las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, al tiempo que avanza hacia una justificación y reivindicación de la represión enmarcada en el terrorismo de Estado de los años 70.
Borrar la memoria es uno de los objetivos del cambio cultural que obsesiona a la clase capitalista que gobierna de la mano de Javier Milei, pero también lo es impedir que se exhiba la verdad de lo que hizo el terrorismo de Estado que fue implantado en nuestro país durante los años 70 y, sobre todo, negar la posibilidad de justicia para sus víctimas.
Y esto volvió a quedar claro cuando esta semana la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, respondió negativamente al pedido de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CoNaDI) de acceder a legajos de efectivos de las fuerzas policiales federales, para investigar el destino de los niños que fueron robados durante el terrorismo de Estado.
¿Pero cuál es el argumento de la titular de la cartera de Seguridad? Bullrich dice que la CoNaDI, que depende de la Secretaría de Derechos Humanos, carece de facultades para investigar porque “viola la intimidad” de los efectivos de las fuerzas bajo su jurisdicción. Lamentablemente, lo que ahora hace Bullrich lejos está de ser algo extraordinario.
Antes de esto dejó que se cayeran las recompensas, que se disponen para estimular a quienes aporten datos para que se pueda dar con el paradero de represores que seencuentran prófugos. Y hace algo más de un lustro, cuando también tenía a su cargo la cartera de Seguridad, desarmó los equipos de relevamiento documental que aportaban información a las causas de lesa humanidad, pero también hizo lo propio con el Grupo Especializado de Asistencia Judicial, que había sido creado pocos años antes para garantizar que se pueda extraer ADN a personas que se sospechaba que podían ser hijos de desaparecidos.
Pero Bullrich no está sola. Quien meses atrás fue su coequiper en la fórmula presidencial de Juntos por el Cambio, Luis Petri, también hace gala de negacionismo y la semana pasada avaló a un grupo de militares retirados que ingresaron al Espacio Memoria y Derechos Humanos, que funciona donde estuvo centro de detención clandestina de la Escuela de Mecánica de la Armada, quienes tras irrumpir en el lugar y en un acto de abierta provocación cantaron la marcha de la Armada y se hicieron selfies junto al avión de los vuelos de la muerte que se encuentra en ese sitio.
Por su parte, su secretario de Estrategia y Asuntos Militares, Claudio Pasqualini, le dio una vuelta de rosca más a la cosa cuando una semana atrás, durante una cena en el Rotary Club de Buenos Aires, anticipó que la Presidencia Milei trabaja en una nueva reglamentación para la Ley de Defensa, aunque no definió si el intento va en la dirección de modificar el decreto 727/2006, que establece que las Fuerzas Armadas no pueden inmiscuirse en asuntos de seguridad interior.
La postura que hizo pública Pasqualini es coincidente con la que en más de una oportunidad presentaron Petri y Bullrich, pero al menos hasta ahora se enfrenta a la que esgrime la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien de todos modos tiene una histórica y abierta posición reivindicadora de la última dictadura.
Ante tal audiencia, Pasqualini volvió a plantear su discurso desde la perspectiva de la Teoría de los Dos Demonios y después de convocar a “dar vuelta la página”, se refirió a quienes purgan penas porque perpetraron delitos de lesa humanidad durante la última dictadura. Al aludir a sus detenciones, sostuvo que existen fallas en “aspectos humanitarios”. Cabe recordar que no hace mucho, ambos funcionarios mandaron emisarios a la Unidad 34 de Campo de Mayo, para escuchar los reclamos de militares y policías que están presos.
Y este mismo criterio es el que expuso Petri cuando ayer, en Mendoza, encabezó el acto por el Día del Ejército y en ese contexto, tras hacer público su orgullo por “la historia de las Fuerzas Armadas”, criticó la posición que busca defender la Memoria, la Verdad y la Justicia al sostener que hay “algunos desmemoriados” que pretenden circunscribir “la historia de nuestro Ejército, bañada de bronce, al 24 de marzo de 1976”.
Pero todavía más lejos fue Victoria Villarruel, quien está a cargo del ejecutivo nacional por la ausencia del país de Javier Milei. En su cuenta de X, quien ejerce hoy la Presidencia, se pronunció como una “orgullosa hija de un militar que vistió el uniforme de la Patria y la defendió contra los terroristas del ERP”.
Su padre, Eduardo Marcelo Villarruel, fue oficial del Ejército y como tal participó de la represión perpetrada en Tucumán en el contexto del Operativo Independencia, que se puso en marcha por medio del decreto 261 que fue firmado durante el gobierno encabezado por Isabel de Perón, que el 6 de febrero de 1975 ordenó a las Fuerzas Armadas “neutralizar y aniquilar a los elementos subversivos en la provincia de Tucumán”.
Después, en Malvinas, Villarruel fue el segundo a cargo de la Compañía de Comandos 602, secundando a Aldo Rico, a quien más tarde acompañó en la aventura carapintada. En mayo de 1987, como segundo jefe del Regimiento de Infantería 37 de la localidad chubutense de Río Mayo, se puso al frente de la rebelión que instó a los miembros de su compañía a negarse a jurar por la Constitución Nacional, porque consideraba que hacerlo representaba una provocación a las Fuerzas Armadas que le “revolvía las tripas”.
