Salta: Alerta de los organismos de DDHH

Si algo no pueden dejar de hacer los organismos de Derechos Humanos en Salta es dormir tranquilos ya que deben dejar un ojo abierto para controlar los papelones institucionales que viene haciendo y permitiendo el ejecutivo encabezado por Gustavo Sáenz.
Este martes, a los 96 años, murió Roberto Augusto Ulloa, quien fuera gobernador de la provincia en dos oportunidades, de 1977-1983, designado por el presidente de facto, Jorge Rafael Videla, y reelegido tras la vuelta de la democracia1991-1995.
La última razón pareciera ser motivo suficiente para que el gobernador Gustavo Saenz lo despidiera como a cualquier político más en su cuenta de Twitter sino que por protocolo se dictara día de luto en la provincia y banderas a media asta.
Así las cosas, no hubo ningún pronunciamiento del ejecutivo sobre como Ulloa ejerció el poder con similar violencia que el gobierno de Videla en esa época, entre 1977 y 1983, años en los que se registraron alrededor de 240 detenidos desaparecidos. Otro que lamentó la muerte del represor también fue el ex gobernador Juan Manuel Urutbey.
El decreto N° 820/ 2020 destaca la trayectoria política del genocida Ulloa, fundador del Partido Renovador de Salta en 1982 y recuerda que se desempeñó como Diputado de la Nación Argentina entre 1985 y 1991. Fue Gobernador de la provincia de Salta en el periodo 1991 – 1995 y Senador Nacional entre 1996 y 2001.
Sin embargo, ya la semana pasada el Concejo Deliberante de la capital se había ganado nuevamente el repudio de los organismos de Derechos Humanos por homenajear al ex policía, futbolista y director técnico Juan de la Cruz Kairuz, enjuiciado por formar parte de un grupo de tareas que secuestró y desapareció al médico Luis Arédez, en la ciudad jujeña de Libertador General San Martín, en dominios del Ingenio Ledesma.
Mientras dirigía a Atlético Ledesma en la localidad de Libertador General San Martín, en la vecina provincia de Jujuy, el mismo Kairuz formaba parte de un grupo acusado de secuestrar y desaparecer personas en épocas del proceso militar.
Tras el homenaje, organismos de derechos humanos de Salta se habían pronunciado en contra del reconocimiento y dos de los concejales que formaron parte de esta distinción, pidieron disculpas. Precisamente, los mismos dos ediles presentaron el proyecto de anulación en la sesión de ayer: Fernando Ruarte y Laura García, ambos del Frente de Todos.
“Quiero pedir disculpas públicas a los familiares de desaparecidos, a la Mesa de Derechos Humanos y especialmente, a la familia Arédez, en nombre de todo el cuerpo de concejales”, expresó nuevamente Ruarte, al referirse al proyecto ayer por la tarde. Fue el único orador sobre el tema.
Kairuz está acusado en las causas de secuestros, torturas y desaparición de Arédez y de otras 29 personas, en las que se investiga al propietario del Ingenio Ledesma, Carlos Pedro Blaquier, al ex directivo de esta empresa, el salteño Alberto Lemos, y a otros ocho hombres, por crímenes cometidos en el marco del terrorismo estatal en 1976 y 1977.
Las causas duermen el sueño de los justos en la Corte Suprema de Justicia, que todavía no se expidió, luego de que en 2015 la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal dictara, en un fallo bochornoso, la falta de mérito a favor de Kairuz, Blaquier y Lemos. Una vez más el aparato judicial al servicio de la impunidad patronal.
Asimismo, el edil impulsor del reconocimiento, Ángel Causarano, dijo que no sabía que Kairuz está involucrado en violaciones a los derechos humanos, aseguró que lo buscó en la red pero no vio nada de eso, que lo conoció en Ledesma, que para él es "una buena persona"; luego habló de que en los años del terrorismo estatal hubo una "guerra", aunque enseguida se desdijo y terminó pidiendo disculpas.
La iniciativa fue tratada justo dos horas después de que la concejala Susana Pontussi recordara al gobernador de facto recientemente fallecido, Roberto Ulloa, como un hombre “con simpleza y humildad”. Durante el segmento de manifestaciones de la reunión, la edila del bloque PARES realizó un “sincero homenaje” a quien fuera nombrado gobernador de Salta, por el dictador Jorge Rafael Videla.
“Roberto Ulloa se fue sin pagar culpas y sin asumir responsabilidades”, aseveró la Dirigente del PC de Salta, Bertha Lozano. Tras lo que mencionó “la complicidad de una justicia que deja que el paso de los años convierta a los genocidas en impunes”.
Cabe aclarar, que Ulloa al igual que Antonio Bussi, en Tucumán fue gobernador por segunda vez durante la democracia. En este sentido, Lozano no dudó en afirmar que “para la derecha recalcitrante este es motivo suficiente para no dejar de homenajearlos”.
En este sentido, apuntó contra el gobernador Gustavo Saenz por declarar luto provincial por un genocida y por “aplicar igualmente el protocolo, ya que tampoco tiene interés en marcar diferencias”.
En cuanto, al homenaje a Kairuz, y a los posteriores pedidos de disculpas y retiro del homenaje, la integrante de la Lahd fue contundente cuando dijo que “si cabe el pedido de perdón, lo deben hacer al pueblo argentino porque el Terrorismo de Estado lastimó a todos y todas, es una herida que no cierra”.
Asimismo, para Lozano son varios los factores que llevan al ejecutivo Salteño a realizar y permitir estos homenajes, entre ellos, “la falta de conocimiento en algún caso y formación en DDHH pero también con querer aplicar el negacionismo de manera encubierta”.