El Nuevo Frente Popular presentó una moción de censura contra el gobierno encabezado por Michel Barnier. El ministro del Interior, Bruno Retailleau, volvió a cargar contra la población inmigrante. “Se convirtió en un problema para la República” advirtió Fabien Roussel.
“El ministro del Interior se ha convertido en un problema para la República”, advirtió el secretario nacional del Partido Comunista Francés (PCF), Fabien Roussel, al explicar por qué el viernes pasado, el bloque parlamentario del Nuevo Frente Popular (NFP) presentó una moción de censura contra el gobierno que encabeza el premier conservador, Michel Barnier (en la foto junto a Retailleau). Esta solicitud sienta un precedente para tener en cuenta, aunque no tiene demasiadas posibilidades de prosperar por el rechazo a apoyarla que ya anunció la ultraderecha que lidera Marine Le Pen.
“La existencia de este gobierno, por su composición y sus orientaciones, es una negación del resultado de las últimas elecciones legislativas” puntualiza la moción que mañana martes va a defender en la Asamblea Nacional el líder socialista Olivier Faure, al tiempo que rechaza el Proyecto de Presupuesto presentado por Barnier que se jacta de ser el de mayor ajuste del último cuarto de siglo.
Como se recordará, tras el cimbronazo que representó para el gobierno de Emmanuel Macron el triunfo de Agrupación Nacional en las elecciones europeas de principios de junio, el mandatario galo adelantó las parlamentarias francesas para fines de ese mes con una segunda vuelta durante la primera semana de julio. Esa vez se impuso NFP, una coalición integrada por el PCF, el partido Socialista, Los Verdes y La Francia Insumisa, entre otros, y aunque con 193 diputados no le alcanzó para tener mayoría absoluta, postuló para el cargo de primera ministra a la economista Lucie Castets.
Con ese telón de fondo, desoyendo el mandato de los votos, Macron hizo un guiño a la extrema derecha y decidió designar a Barnier al frente de un gobierno sustentado en su alianza con el partido conservador Los Republicanos. Los primeros pasos de Barnier reafirmaron que lo del guiño a Le Pen no era ningún tic, ya que ni lerdo ni perezoso anticipó su intención de avanzar en políticas antiinmigratorias, así como con un ajuste más duro que el que llevó a cabo el año pasado el propio Macron, que provocó meses de movilizaciones para oponerse a la modificación de la edad jubilatoria.
Pero la cosa se puso todavía peor cuando, días atrás, el flamante ministro del Interior, Bruno Retailleau, anunció que usará “todas las herramientas” que tiene a su alcance para reducir la migración, al tiempo que dijo que va a intentar que se reestablezca “el delito de estancia irregular”, que se reduzca la ayuda médica básica a las personas migrantes “sin papeles” y vinculó la presencia de extranjeros en Francia con el aumento de la delincuencia y el crimen. Y, asimismo, sostuvo que va a usar su “poder de reglamentación” para todo esto sin necesidad de pasar por el Parlamento ya que, aseveró, “puedo ir bastante lejos”.
Al respecto, Roussel denunció que “no contento con hacer una vergonzosa amalgama entre los extranjeros y el desarrollo de la delincuencia y el crimen, recientemente se atrevió a declarar que ‘el Estado de derecho no es ni intangible ni sagrado’” y advirtió que es sumamente peligroso que el ministro “cuestione el Estado de derecho y ponga en duda nuestro pacto republicano y a la propia República” ya que, argumentó, “el Estado de derecho protege la democracia, permite ejercerla plenamente con respeto a los ciudadanos cualesquiera que sean sus orígenes, su color de piel, sus creencias íntimas, sus orientaciones sexuales”.
Y en la misma sintonía, desde el Comité Ejecutivo Nacional del PCF, Shirley Widen, manifestó la “profunda preocupación por la composición reaccionaria del gobierno de Michel Barnier” que, puntualizó, “por su carácter liberal amenaza con cuestionar la aplicación concreta de logros sociales fundamentales, en particular el derecho al aborto que es un derecho esencial para la autonomía y la libertad de las mujeres que son las primeras víctimas del colapso de los servicios públicos como usuarias y empleadas”.
Tras lo que alertó acerca de las consecuencias que va a traer la profundización del ajuste que intenta imponer Barnier. “Las políticas de austeridad y represivas que amenaza con aplicar el gobierno seguirán acentuando la división en la sociedad, perjudicando fundamentalmente a las mujeres que son las que están en una situación de mayor precariedad”, por lo que instó a “permanecer alerta y seguir luchando para defender nuestros derechos y libertades”.
