Desde mediados de octubre, el pueblo está en pie de lucha en las calles, después de que su gobierno firmara un contrato de concesión minera con la multinacional canadiense First Quantum Minerols que se extiende por hasta cuarenta años.
“El pueblo está saliendo a las calles”, señaló Evelyn Jaén, militante de las Juventudes Revolucionaras de Panamá (JRP). Y lo aseveró en el contexto de las protestas más grandes que ha tenido el país caribeño en tres décadas, que comenzaron el 23 de octubre en vísperas de las fiestas patrias, como respuesta a la firma del contrato de concesión por cuatro décadas con que el gobierno que encabeza Laurentino Cortizo benefició a la multinacional de origen canadiense First Quantum Minerols.
Lo que comenzó con un par de cientos de personas manifestando fue creciendo en número y profundidad de las protestas, pero también hizo lo propio la represión y el creciente clima de violencia que ya dejó dos personas asesinadas. Pero pese a la brutal represión, durante las últimas jornadas en las calles de Ciudad de Panamá se reiteran marchas que convocan a más de setenta mil personas, otras tantas miles movilizan en las capitales del interior y pueblos remotos.
“El contrato es inconstitucional”, advirtió Evelyn Jaén en declaraciones a Nuestra Propuesta y recalcó que Cortizo le dio luz verde entre gallos y media noche, algo que “provoco que la población saliera las calles y la respuesta del gobierno fue militarizar el país, sobre todo Ciudad de Panamá, donde hubo enfrentamientos con la policía y con el ejército”.
Y, en este sentido, tras hacer hincapié en que, “después de las seis de la tarde se vive un caos”, denunció que “tuvimos compañeros heridos y un periodista perdió un ojo por la violencia de la represión que se incrementó fuertemente durante los últimos días”. Decir que se vive un caos, en este caso, no es echar mano a una frase hecha. La semana pasada un hombre mató a tiros a dos manifestantes que participaban en un piquete en una ruta a ochenta kilómetros de Ciudad de Panamá.
El camino de lucha que viene atravesando el pueblo panameño no es nuevo. “Desde Juventudes Revolucionaras, el 22 de abril hicimos la primera actividad en contra de la minera en Panamá”, recuerda Evelyn Jaen y añade que “fuimos a las asambleas de diputados con una pancarta e hicimos un piquete simbólico donde expresamos nuestro rechazo al tema minero”. Y también “tomamos la universidad durante diez días y nos movilizamos”, en un contexto en el que agentes de la Unidad de Control de Multitudes de la Policía Nacional ingresaron a sedes académicas “violado la autonomía de la universidad”.
Con este telón de fondo, el presidente Cortizo intenta frenar las manifestaciones populares con el anuncio de la convocatoria a una consulta popular, para el 17 diciembre, en la que la ciudadanía deberá avalar o no la Ley 406, que es la que autoriza la concesión minera a Firts Quantum Minerols.
“Nunca se nos consultó sobre la firma del contrato”, dijo la militante de las JRP y pidió la derogación del contrato “sin esperar hasta la consulta del 17”, ya que “hay muchos artículos que están violando la constitución y la soberanía, porque ceden miles de hectáreas para exploración y extracción minera”.
El conflicto abarca la problemática ambiental y pone sobre el tapete el tema de la soberanía ambiental, ya que se trata de la mayor mina de cobre a cielo abierto de Centroamérica que ocupa unas doce mil hectáreas y está ubicada sobre el corredor mesoamericano, lo que significa que se trata de una zona protegida.
La actividad extractiva supone una amenaza a la cobertura vegetal, a la calidad del agua y del aire. La extracción de cobre en Panamá representa casi cinco por ciento del Producto Interno Bruto y 1,5 por ciento de la producción global.
Asimismo, otorgar este territorio a la Firts Quantum Minerols, vulnera la soberanía de Panamá, ya que si se concreta, va a ser la multinacional la que tenga la potestad de decidir quién entra y quién no lo hace al vasto territorio concesionado, así como quien va a administrar recursos naturales del lugar como el agua. “Dicen que van crear puertos y hospitales, es decir una minicolonia”, señaló Evelyn Jaen.
Pero también cuestionó la idea de que la presencia de esta multinacional pueda traer beneficios concretos para el pueblo panameño. “El gobierno, junto con la empresa, dice que traerá ganancias al país y que si la multinacional no opera perdemos subsidios para educación y seguro social, pero sabemos que eso no es así”, resaltó y no dudó en afirmar que “vamos a seguir resistiendo hasta derogar el contrato”.
