Esta es la variación que sufrió el Índice de Precios al Consumidor durante febrero, con lo que acumuló un 13,1 por ciento durante el primer bimestre de 2023 y una suba interanual de 102,5.
6,6 por ciento es la inflación que registró el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) para el mes de febrero, con lo que la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumuló un 13,1 por ciento durante el primer bimestre de 2023 y una suba interanual de 102,5 por ciento.
Otra vez el principal motor que catapultó el IPC fue el rubro Alimentos y Bebidas No Alcohólicas, que trepó hasta un 9,8 por cieno a partir de los aumentos perpetrados en los precios de las carnes -especialmente la bovina- y sus derivados, los huevos y los lácteos.
Y, muy cerca, estuvo el rubro Comunicación, donde los precios de los servicios de telefonía e internet fueron incrementados un 7,8 por ciento, merced a la prórroga de la cautelar con que en noviembre pasado, la Corte Suprema favoreció a los prestatarios de servicios de telecomunicaciones, ya que ratificó que no reconoce la condición de público y esencial que le otorgó a este servicio el Decreto 690 que firmó Alberto Fernández el 22 de agosto de 2020.
En este nuevo ataque al bolsillo de los trabajadores, también se destacan los que registra el rubro Restaurantes y Hoteles que es del 7,5 por ciento, el 5,3 de la Medicina Prepaga y el 4,9 de algunos precios regulados como los combustibles, los servicios de transporte y electricidad, así como los de agua potable y cloacas.
A la hora de analizar cifras tan crueles, aparecen las dificultades surgidas de los coletazos de la pandemia del Covid que aún persisten, a lo que se puede sumar la terrible sequía que afecta a la producción de alimentos y el desbarajuste que provocó en los precios internacionales de ciertos comodities la guerra que involucra a la Otan, Rusia y Ucrania.
Pero también vuelve a aparecer aquí la restricción que impone el acuerdo con el FMI, que un día antes de que el Indec diera a conocer el IPC de febrero, hizo público el resultado de la cuarta revisión que el organismo realizó en el marco del Acuerdo de Facilidades Extendidas que se firmó en marzo de 2022 para refinanciar el Stand-By suscripto por el Gobierno Cambiemos en 2018.
Ahí, el FMI deja claro que puede mostrar flexibilidad en lo inherente a las metas de acumulación de reservas internacionales de divisas, pero no está dispuesto a adoptar el mismo criterio en lo que hace al cumplimiento de las metas de déficit fiscal establecidas y, sobre todo, a aquello vinculado al tema tarifario.
En castellano esto no quiere decir otra cosa que más ajuste sobre precios de la economía que como son las tarifas de servicios, están regulados por el Estado y tienen un impacto inflacionario relevante, ya que a la vez que agreden directamente el bolsillo de los trabajadores, arrastran a otros rubros ya que son costos fijos de diferentes cadenas de valor.
Queda claro que en el acuerdo con el FMI, reside uno de los condicionantes más serios que tiene una economía que está creciendo a costillas del bienestar de los trabajadores, por lo que se aleja la ilusión de lograr que la inflación se morigere para abril, tal como lo expresó Sergio Massa al hacerse cargo del ministerio de Economía.
Y asimismo, con estos números, va quedando desfasada la estimación del sesenta por ciento de inflación que fue establecida en el Presupuesto Nacional, algo que plantea la necesidad de acelerar un barajar y dar de nuevo en la negociación paritaria. Otra vez queda en evidencia que esto de la puja distributiva es un episodio de la lucha de clases que, difícilmente, se resuelva sólo con buena voluntad.
Por lo que mientras el Gobierno se esfuerza por seducir a los representantes del oligopolio que controla el ochenta por ciento de los productos de la canasta básica, para lograr que cumplan con lo que firman en el marco del Programa Precios Justos, los que quedan por afuera -como frutas, carnes y verduras- se hacen literalmente el veranito con una remarcación salvaje, tal como lo viene reflejando el IPC desde hace tres meses.
El combo es letal: a la suba de precios regulados como resultado del ajuste que impone el FMI, se le suma la incapacidad para disciplinar a las corporaciones que acaban poniendo el precio de góndola de los artículos de primera necesidad.
¿Pero se puede compatibilizar la irracional fruición de estos sectores empresariales por maximizar constantemente sus márgenes de ganancia y la expansión del consumo por cantidad y no por precios? ¿Es posible este intento en un escenario de preeminencia oligopólica como es el de la producción y comercialización de alimentos, donde 65 empresas y seis cadenas de supermercados concentran algo así como el ochenta por ciento de la facturación?
Lo que queda claro es que de esto se habla cuando se habla de formadores de precios y de corporaciones empresariales que, por medio de una estrategia de integración vertical y horizontal, construyen una posición dominante, lo que les permite poner el precio que quieran a aquello que comemos todos los días. Pero también que se trata de sectores que tienen todo a su favor para ejercer el lobby que evita que se desacople el precio exterior e interior de los alimentos, así como para poder subfacturar y evadir. Y en esto Caso Vicentin es paradigmático, pero no es el único.
