¡Aguante Corelandia!

El viernes próximo va a cumplir dos años el Gobierno del Frente de Todos (FdeT) y lo va a hacer mientras recorre jornadas en las que alrededor de La Rosada proliferan las versiones, existen algunas dudas y hay una certeza: la prioridad –y urgencia- es conseguir “el mejor arreglo posible” con el FMI lo que, evalúan ahí, le daría luz verde a la implementación de un programa de gobierno basado en la maximización de la matriz exportadora (Ver ¿Al Fondo? ¡Mejor a fondo! y Ya pasó lo peor…se vienen lo más difícil).

Cuando el Gobierno habla de matriz exportadora y lo vincula con la traza que pretende establecer por medio del Plan Plurianual se refiere, fundamentalmente, a las divisas que puedan producir los complejos agroindustrial, hidrocarburífero y el de la megaminería que reúnen un potencial de fuerte impacto (Ver Crecer, pero desde el pie y ¡Es por abajo!).

Así se propone dejar atrás dos años difíciles y, con la mochila de la deuda sobre los hombros, salir mediante un proceso en el que varios ven con buenos ojos una mezcla de recetas que incluyen una resolución a la islandesa a lo que sucedería una etapa a la coreana, atravesada por el fortalecimiento y expansión de la economía, basada en la exportación que permitiría el ingreso de divisas que se emplearían para pagar deuda y para expandir la industria, sobre todo aquella ligada a la manufactura de productos primarios -lo que añadiría valor agregado- y fomentar una revolución tecnológica.

De esto último va, palabras más palabras menos, el Plan Plurianual que está ahora mismo sobre la mesa a la que se sientan la delegación argentina integrada por funcionarios técnicos del Ministerio de Economía y el Banco Central que, en Washington, negocia con sus pares del FMI.

Pero esa idea depende del éxito que pueda tener la propuesta del gobierno argentino para pagar la deuda que, como se adelantó en este diario (Ver ¿Al Fondo? ¡Mejor a fondo!), se basa en la premisa de que no debe contemplar una devaluación intempestiva ni un recorte abrupto en la inversión pública, pero tampoco la aplicación de reformas regresivas que afecten los esquemas Laboral y Previsional.

Para el Gobierno, el Plan Plurianual es un as en la manga, ya que mediante una estrategia de promoción fiscal más que generosa que tiene situaciones paradigmáticas en los proyectos de Ley de Hidrocarburos y Agroindustrial, espera poder motorizar un shock exportador que favorezca condiciones para potenciar la reactivación del mercado interno que ya se verifica, lo que traería un crecimiento fuerte de la recaudación que permitiría financiar el déficit fiscal sin tener que recurrir a la emisión o la toma de más deuda.

De esto va buena parte de aquello sobre lo que la delegación argentina quiere convencer al FMI y, para eso, le están sacando la punta al lápiz en Washington. Se trata de una alternativa que requiere de una arquitectura compleja, pero viable que –asimismo- facilitaría que se pueda derivar a apuntalar estrategias de crecimiento, todo aquello que capten las arcas públicas por medio de la transferencia y devolución de Derechos Especiales de Giro y líneas alternativas de crédito como las que puedan surgir de futuros swaps y del fondo de resiliencia, tal como se pidió en el documento de la Cumbre del G-20 celebrada recientemente en Roma (¿Al Fondo? ¡Mejor a fondo! y Roma no cree en lágrimas).

¿Pero qué pasaría con la moneda de referencia, en este escenario en el que conforme se acerca el momento de definición con el FMI, arrecian las presiones de especuladores financieros y desestabilizadores políticos que vuelven con la cantinela de la mega-devaluación, libre flotación cambiaria y hasta la dolarización? En esta tarea no se privan de nada y hasta exhumaron a Domingo Cavallo quien el martes pasado y sin despeinarse, en un encuentro virtual organizado por el Instituto Universitario Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas que preside Federico Zorraquín, dijo que el ejecutivo debe avanzar hacia una economía bimonetaria y “dejar que funcione un mercado cambiario libre y que el dólar se utilice para la intermediación financiera”.

Durante los últimos días, esta letanía fue bastante amplificada por diferentes bocas de expendio de los principales conglomerados massmediáticos que ponen como ejemplo de su pertinencia, al resultado que un abordaje por el estilo dejó en Islandia.

Al respecto vale la pena citar un trabajo reciente que publicó el titular del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (Ceso), Andrés Asiain, que advierte sobre los peligros que trae aparejada esta alternativa que tiene su antecedente en la salida que encontró aquel país a lo que le tocó de la crisis financiera de 2008-2009, cuando tras la caída de sus tres principales bancos y con las diferencias del caso, tuvo su propio 2001.

En ese contexto la economía islandesa presentaba un mercado cambiario regulado por su autoridad monetaria, al tiempo que había una marcada brecha entre la cotización oficial y paralela del euro. Y, con este telón de fondo, debía resolver su acuerdo con el FMI que puso como negociadora a Julie Kozack, quien ahora es directiva adjunta del Departamento para el Hemisferio Occidental del organismo y pieza clave de la negociación sobre la deuda argentina.

Esa vez Islandia arribó a un acuerdo Stand-By que permitió que pusiera en marcha un esquema de subastas de divisas, que consiguió una convergencia al alza del precio que se pagaba por el euro oficial y el paralelo que –ya estabilizado -quedó tan arriba que acabó siendo un incentivo para la inversión en la economía real, lo que tapó los agujeros que había dejado la bicicleta financiera y aquellos que iba dejando el pago al Fondo.

Pero al respecto, Asiain alerta sobre lo que ya provocó la política de libre flotación cambiaria en nuestro país durante el Gobierno Cambiemos, cuando propició el mecanismo de devaluación, toma de deuda y fuga que generó la situación que en estos días lleva a que funcionarios gubernamentales argentinos estén reunidos con sus partes del FMI. Y advierte el economista del Ceso que, si como parte del acuerdo se obliga a dejar flotar el dólar paralelo, esto provocaría una incertidumbre cambiaria que va a inducir hacia la demanda de divisas, lo que absorbería los dólares que aporte el organismo, sin que esto sea capaz de cerrar la brecha ni estabilizar el mercado de cambios.

El vuelo de la perdiz

Queda claro de qué va la mirada estratégica que tiene el Gobierno y qué herramientas tácticas está intentando construir para poder desarrollarla ¿Pero en el mientras tanto, qué pasa con la economía doméstica? ¿Qué hay de los instrumentos que intenta implementar para actuar sobre una coyuntura en la que la inflación, sobre todo la del precio de los alimentos y vivienda, sigue siendo un tema acuciante? ¿Qué relación tienen estos instrumentos con las miradas táctica y estratégica gubernamental?

En medio del salto que llevó a que el kilo de pan se venda a hasta doscientos pesos, la Secretaría de Comercio Interior puso en marcha una mesa de diálogo con las cámaras que reúnen a los industriales que intervienen en la cadena de valor de este producto. Ahí se acordó que el precio resultante del incremento que esta vez rondó el quince por ciento, se sostenga hasta el 1° de enero.

Esto habla de la dificultad que persiste para poder desacoplar precios internacionales -en este caso del trigo- con los locales, pero asimismo de la opacidad que caracteriza a la cadena de valor de los productos que integran la Canasta Básica y lo intempestuoso de los sectores que toman decisiones de aumentar precios y después esperan que los convoquen a dialogar, con lo que el acuerdo se hace sobre el hecho consumado y el Gobierno suele mirarle la luneta a los precios.

Pero también que los acuerdos sobre precios de la Canasta se parecen cada vez más al vuelo de una perdiz, lo que habla de la volatilidad que existe en el esquema de precios que, como una de las últimas cadenas, está atado a lo que se vaya a resolver respecto a la deuda.

Es que en medio de una constante tensión entre problemas estructurales y otros derivados de las necesidades coyunturales, cualquier pequeño desequilibrio acaba afectando a otros y suma para favorecer conductas inflacionarias que pegan duro en el bolsillo de los trabajadores. Un componente clave en esto es el precio de los alquileres. Sólo en la Ciudad de Buenos Aires, el 35 por ciento de las familias se ve obligada a alquilar y, de acuerdo al relevamiento realizado por Inquilinos Agrupados, en las principales ciudades del país y en promedio, el alquiler para vivienda, es equivalente al 45 por ciento del salario que perciben los locatarios.

Hace poco el presidente Alberto Fernández le pidió al titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, que trabaje en una nueva redacción del proyecto que suspenda por 180 días la Ley 27.551 que es la que regula las operaciones inmobiliarias en materia de locación que entró en vigencia el 1° de julio de 2020.

Fue durante el festejo por el Día de la Construcción, cuando el Presidente resaltó que en este sector se registran 376 mil nuevos trabajos conveniados, algo que corrobora la tendencia al alza del empleo privado en ese rubro de la economía que se verifica durante los últimos trece meses. Ahí también adelantó que durante el año que viene, este sector va a representar dos puntos del Producto Bruto Interno ¿Entonces, si se construye más, por qué sigue creciendo la cantidad de personas no pueden acceder a la vivienda propia? ¿Y si se incrementa la cantidad de metros cuadrados edificados, por qué se acota la oferta y se eleva el precio de los alquileres? (Ver Alquilar en la Ciudad PRO).

Pero en esto de las urgencias, antes que asegurarse un  lugar para vivir, se ubica la necesidad de comer, algo que se volvió muy complicado pese al acuerdo que se concretó por medio de la Resolución 1050 a la que se arribó después de que los integrantes de las cadenas de valor que acaban en los precios de góndola, hicieran un cómodo colchón para descansar hasta el 7 de enero (Ver ¿Cuánto tiempo más llevará?).

Tras la renuncia de Débora Giorgi, con la mirada puesta en esa fecha, Roberto Feletti concurrió el viernes pasado al Palacio de Hacienda, para participar en una reunión con el titular de esa cartera, Martín Guzmán, su par de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y el secretario de Política Económica, Fernando Morra.

A contra reloj y con la tarea de morigerar el alza de precios durante diciembre que es un mes tradicionalmente inflacionario como consecuencia de la demanda que se produce para las Fiestas –un relevamiento de Focus Market sobre los precios navideños señala aumentos de hasta el ochenta por ciento-, el Gobierno avanza en el diseño de una política de acuerdos de precios que pueda ser sostenible durante 2022.

La tarea es difícil, ya que a lo diverso y mañero que es el universo de actores que interviene en la cadena que acaba fijando estos precios de la economía, se le suma aquello que resulte del acuerdo con el Fondo al que esos mismos actores y el propio Gobierno, miran de reojo antes de dar nada por certero, ya que se trata de algo que compromete todo el escenario de la macroeconomía.

Y si para muestra alcanza con un botón, ahí están los datos inflacionarios de noviembre. Durante la última semana de ese mes el precio de los alimentos fue aumentado en un promedio de 1,8 por ciento, lo que llevaría –según la consultora LGG- a que el alza de precios de noviembre crezca en el orden del 3,7.

Con este telón de fondo, al participar de la Conferencia Industrial de la UIA, Alberto Fernández, advirtió que “seremos inflexibles con los abusos” de precios. Ahí estuvo flanqueado por el titular de la entidad, Daniel Funes de Rioja, que también preside la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios que, dos días antes, había cuestionado la posibilidad de que se avance hacia un acuerdo de precios para 2022. En esa línea, el propio Funes de Rioja, dijo que “un congelamiento sin aumento, es totalmente inadecuado”.

Así las cosas y en este mismo sentido se inscribe la reunión que el jueves venidero tendrá el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez, con los titulares de entidades representativas de la cadena cárnica con quienes viene trabajando la idea de construir un plan integral para la ganadería, que sea capaz de armonizar las necesidades del abasto al mercado interno con aquellas que surgen del interés que tiene la exportación para un sector empresario al que la demanda internacional traccionada por la República Popular China, le propone una posibilidad de negocios formidable. Pero también para el Gobierno que entiende a este sector como una de las principales fuentes de ingreso de divisas, algo que lo vuelve medular para el proyecto de matriz exportadora en que se basa su estrategia (Ver Ya pasó lo peor…se vienen lo más difícil).

Como se ve, la cosa sigue pasando por una definición que tiene que ver con qué herramientas tácticas se enfrenta un problema que antes que nada afecta a la coyuntura. Y, al respecto, a la hora de intentar desacoplar precios locales de internacionales, el Gobierno se encuentra en el dilema de profundizar el uso de dispositivos como los derechos de exportación o echar mano a acuerdos con el sector empresarial, tal como hizo con el fideicomiso que involucró a la industria del aceite (Ver ¿Qué dejó la súper semana? y ¿Al Fondo? ¡Mejor a fondo!).

Pero junto a la imbricación entre lo coyuntural y táctico que tiene la decisión que se tome sobre esto, debe quedar claro que va a conllevar otra de tipo estratégico, que va a exhibir hasta dónde el Gobierno está dispuesto a estirar el escaso margen de acción que le deja el corsé que impone la institucionalidad liberal burguesa, para intervenir en el mercado y regular el precio interno de productos elementales para el desarrollo de una vida medianamente agradable.

Por una cabeza

La pasada lejos estuvo de ser una buena semana para Mauricio Macri. Comenzó con su procesamiento, embargo por cien mil pesos e impedimento de salir del país, que dictó el juez Martín Bava en la causa que investiga el espionaje perpetrado contra familiares de las víctimas del ARA San Juan (Ver Macri procesado…otra vez).

Y esto lo pone a las puerta de otro procesamiento, esta vez en la causa abierta por el espionaje ilegal que se llevaba a cabo desde las reparticiones de la AFI que su Gobierno habilitó en la provincia de Buenos Aires, por el que ya fueron imputados Gustavo Arribas y Silvia Majdalani.

Pero como si esto fuera poco, sobre la finalización de la semana, el FMI accedió a que su Directorio analice y emita un informe sobre el préstamo que el organismo le otorgó al Gobierno Cambiemos. De esta forma respondió a una solicitud que le hiciera el Presidente Fernández, a la luz de la excepcionalidad que tuvo ese Stand-By, que transgredió normativas del propio FMI (Ver ¿Y dónde están los dólares? y Surfing en el Nyiragongo).

Lo significativo del caso es que pese a que en declaraciones televisivas realizadas hace más de un mes, el propio Macri reconociera que utilizó para favorecer la fuga de capitales y perpetuarse en la Presidencia los 44 mil millones de dólares que recibió (de los 57.500 millones que pidió) el país de parte del Fondo, la jueza María Eugenia Capuchetti sigue planchando la causa abierta a raíz de las denuncias que en ese sentido hicieron el actual titular del Banco Nación Claudio Lozano, en 2019, y poco después la Oficina Anticorrupción que preside Félix Crous.

En esta línea, también la semana pasada, el espacio político que conducen Amado Boudou, Alicia Castro y Gabriel Mariotto anunció que le va a proponer al Presidente y su vice, que previo a la firma del acuerdo con el FMI pida que la Asamblea General de la ONU, solicite a la Corte Internacional de Justicia una Opinión Consultiva sobre la toma de deuda de 2018, para establecer “las responsabilidades pertinentes y la posibilidad de una reparación por los daños ocasionados”.

Sin desmerecer el sentido de la postura, es prudente señalar el carácter testimonial que posee ante un hecho que ya es una decisión tomada por los destinatarios del pedido. Pero también recordar que en sus más de setenta años, este Tribunal fue efectivo para condenar a actores políticos de formaciones estatales periféricas, pero nunca si quiera rozó con sus sanciones o los autores intelectuales o materiales de las reiteradas masacres que el capitalismo con EE.UU. a la cabeza, perpetró durante ese tiempo.

Entonces, más allá de la sonrisa que pueda provocar la semanita de Macri, esperanzarse con que pueda prosperar la denuncia que tiene Capuchetti o que cualquier pronunciamiento del Fondo sobre lo irregular de la toma de deuda de 2018 pueda tener efecto práctico sobre la negociación, es como apostar el sueldo a las patas del noble potrillo de Gardel y Le Pera. Es lindo mientras dura, pero sabemos que justo en la raya, va a aflojar al llegar.

Es que en tanto órgano de poder del Estado Liberal Burgués, el Judicial está diseñado –tal como lo definen desde Adam Smith y James Madison hasta Warren Buffett-, para apuntalar y defender a la propiedad privada individual de aquellos que no la poseen. Esto es, para proteger los intereses de la clase capitalista.

Entonces, si el papel del Estado Liberal Burgués es resolver los problemas que trae aparejada la acumulación, para legitimarla ante el conjunto de la sociedad, el que tiene el FMI tiene que ver en gran medida, con hacer lo propio a escala mundial, esto es, los problemas que genera la propia dinámica de expansión del capital, sus crisis y desequilibrios financieros. De esto va también el ciclo de sobreendeudamiento y su contracara, el acuerdo que garantiza el pago que es donde reside la verdadera razón de ser de este organismo multilarteral.

Proyectos y preguntas

La que comienza puede ser una semana clave para el destino que vayan a tener diferentes iniciativas que perderán estado parlamentario si el Congreso no las trata. En esa lista aparecen los proyectos de Ley de Humedales, la de Tierras que prevé la emergencia en materia de posesión y propiedad de los territorios que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas y la de Envases (Ver ¿Por qué no quieren la Ley de Envases?).

En todos estos casos, se trata de iniciativas que padecen un feroz lobby por parte del universo del capital que se verifica desde explícitas presiones a legisladores, hasta burdas maniobras massmediáticas y la reticencia a sesionar de buena parte de los sectores que componen el interbloque de Juntos por el Cambio.

También en espera están los proyectos de Ley de Hidrocarburos y Agroindustrial (Ver ¡Es por abajo! y Crecer, pero desde el pie). En este caso se trata de dos iniciativas medulares para la estrategia que el Gobierno espera poder plasmar por medio del Plan Plurianual.

Y aunque todavía se desconoce el trazo puntual de ese programa, en este caso la cosa parece estar más aceitada. Durante las últimas semanas actores centrales del Gabinete y el bloque legislativo del FdeT, intercambiaron guiños bastante intensos con buena parte del liderazgo de la CGT, la CTA, la UIA y, la semana pasada, el Presidente hizo lo propio con representantes de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, ante quienes reiteró que su Gobierno no va a firmar “ningún acuerdo de ajuste porque significaría impedir darle continuidad a la recuperación”.

Todo esto parece ir configurando el escenario en el que, así lo espera La Rosada, antes de fin de año esté listo el preacuerdo con el Fondo que sería enviado al Congreso, junto al Plan Plurianual y las modificaciones al Proyecto de Ley de Presupuesto 2022. Y, si todo va como pretende, desde estos instrumentos, el Gobierno retomaría el programa germinal del FdeT, para intentar avanzar en su acuerdo policlasista y transversal, con el calendario de pagos de deuda acordados, pero sobre todo solventado sobre una matriz de crecimiento basada en un modelo exportador (Ver ¿Al Fondo? ¡Mejor a fondo!).

Esto es lo que algunos simpáticamente llaman el Modelo Coreano, a raíz de la similitud que –salvando las distancias- puede tener con la estrategia de crecimiento adoptada por Corea del Sur, que la llevó de tener un PBI de menos de cuatro mil millones en 1960 a los más de 1.600 billones de dólares actuales.

Y es prudente aclarar aquello de “salvando las distancias”, porque a Corea nunca tuvo el peso de la deuda que tiene Argentina y se vio favorecida por el apoyo que le brindó EE.UU., horrorizado por el rápido crecimiento económico y el inédito estado de bienestar que experimentó su vecino del norte durante la etapa inmediatamente posterior al armisticio de 1953.

¿Entonces de qué va esto que con entusiasmo lee buena parte del universo del capital que actúa en Argentina cuando apoya lo que se va conociendo del acuerdo al que se arribaría con el FMI?

En el caso coreano, la base industrial exportadora empujada por la excelencia tecnológica se construyó, en buena parte, a partir de la transferencia de riqueza desde el universo del trabajo a aquel del capital. Esto es, sin mucha desocupación, pero con empleo mal pagado durante tres décadas.

¿Existen condiciones en Argentina para que algo así sea sustentable? ¿Hay condiciones globales para la irrupción de otro “milagro coreano”?

La segunda reunión semestral de 2021 del FMI y el Banco Mundial que tuvo lugar a mediados de octubre, encendió luces rojas cuando en su Informe de Estabilidad Financiera Global, concluyó que el panorama que se viene es de crecimiento débil y está atravesado por el incremento de la presión sobre el medioambiente y universo del trabajo. Y aquí cabe recalcar que este informe es anterior a la suba que vienen registrando los precios internacionales de las principales materias primas alimenticias y la energía, así como a la profundización de los problemas que sufre la logística mundial, por la falta de espacios y elevadas tarifas que durante la salida de lo peor de la pandemia ralentizan el ritmo del el transporte de mercancías.

El Informe da cuenta de que se va a frenar durante 2022, el leve repunte de la tasa de crecimiento del PIB mundial que se verifica este año. Asimismo, añade que esto se debe al resultado que ya se viene dando entre las principales economías capitalistas y cita el caso de EE.UU. que en la previa del encuentro, había reducido su expectativa de crecimiento del seis al 5,9 por ciento.

Al respecto, el Informe recalca que esta revisión global a la baja, “refleja una rebaja para las economías avanzadas, en parte debido a interrupciones en el suministro, y para los países en desarrollo de bajos ingresos, en gran parte debido al empeoramiento de la dinámica de la pandemia”.

Tras lo que sostiene que “lejos de la formidable recuperación que se anuncia en todas partes, una vez más, vemos una forma de estancamiento que se aplica a todos los países capitalistas avanzados”. De este modo, este cónclave que reúne a una parte de lo más significativa de las instituciones que rigen el sistema capitalista, reconoce implícitamente que la crisis ya estaba y es sistémica, sólo que ahora se profundizó por la pandemia (Ver ¡Echále la culpa al Covid-19!, en edición especial de Cuadernos Marxistas).

Y es con este telón de fondo que la economía argentina recupera este año lo que perdió durante 2020, pero también y en varias áreas de la actividad, exhibe signos de recuperación respecto a la caída registrada durante la Presidencia Macri.

Todo esto es más que auspicioso, pero difícilmente alcance si lo que se quiere es integrar a la actividad laboral conveniada a las cerca de diez millones de personas que ahora no pueden hacer otra cosa que aguatar una relación laboral muy frágil, tal como quedó demostrado cuando se abrió el registro de inscripción del Ingreso Familiar de Emergencia, durante 2020, cifra superó las expectativas más pesimistas que tenía el ejecutivo. Y en este punto es preciso ser claro porque la realidad desmiente al discurso tilingo que asevera que se trata de personas que quieren vivir del Estado: un trabajo del Instituto para el Desarrollo Social Argentino que se hizo en base a datos relevados durante el segundo trimestre de este año, da cuenta de que el 73 por ciento de las entradas en las economías de los hogares que se ubican por debajo de la línea de la pobreza, tienen origen laboral, en tanto que las provenientes de esquemas de asistencia social, representan menos del 27 por ciento restante. Esto significa, proporcionalmente, bastante menos que aquello que el Estado emplea en subsidiar, directa o indirectamente, al universo del capital.

Pero tampoco alcanza si se pretende superar las restricciones de tipo logístico, externo y energético que condicionan el establecimiento de una matriz productiva como la que pretende el Gobierno y, todavía más, que el PBI crezca a un ritmo acumulativo de un rango de entre cuatro y seis puntos de promedio anual durante varios años, algo que permitiría sostener el déficit fiscal, la estabilidad cambiaria y la relación salario-inflación dentro de niveles aceptables. Pero asimismo, que el Estado pueda ser el motor que impulse mejoras indispensables para que las estructuras logística y energética estén a la altura de la matriz exportadora que se pretende alcanzar.

Y de esto va buena parte de lo que, ahora mismo, se está tratando en Washington con un FMI que aparentemente se muestra permeable a transigir en algunas cosas, pero bastante inflexible cuando le fija al crecimiento de Argentina, un techo que va de dos a tres puntos anuales como forma de asegurar que la parte del león de aquello que pueda ingresar por medio de una balanza comercial superavitaria engorde las reservas del Banco Central, para garantizar que cuando llegue el momento de pagar, los dólares estén en las arcas.

Así las cosas y mientras sigue negociando, el Gobierno aceita un esquema de consensos alrededor de la matriz exportadora, que tiene su incentivo más fuerte para la atracción de inversiones en las ventajas comparativas que ofrece por medio de la reducción de impuestos y otros beneficios fiscales.

¿Podrá este esquema garantizar un impacto positivo para la generación de empleo de calidad y salarios que le ganen a los precios? ¿Estará dispuesta la clase capitalista que actúa en el país, a romper con su atávica costumbre de transformar el trabajo argentino en dólares que acaba fugando? ¿Será capaz de resistir la tentación de tomar deudas multimillonarias en divisas, que acaba licuando entre todos los trabajadores?

¿Podrá dejar de evadir impuestos y abandonar esa costumbre de contrabandear y triangular granos, tal como se verifica en los operativos que viene haciendo la Afip que, en lo que va de 2021, ya detectó 23 mil toneladas que estaban siendo contrabandeadas, lo que habla sobre la existencia de un mecanismo endémico de evasión? ¿Dejará de construir empresas fantasma, mamuschkas de mamuschkas, para simular operaciones comerciales que son tapaderas para fugar divisas que acaban en cloacas fiscales? ¿Acaso esa misma clase sería capaz de copiar a sus pares coreanos que hace más de medio siglo transformaron dólares en inversión en bienes de capital para el entonces incipiente aparato industrial y tecnológico de su país? Como se ve, se trata de muchas preguntas que ni el más optimista podría responder con un “sí”.

Hora de desmercantilizar

El éxito del modelo perverso que irrumpió de forma grosera con el Gobierno Cambiemos, se verifica en los condicionamientos que dejó a su sucesor: la lógica que rige la matriz exportadora es heredera de esto, al menos en buena parte.

Así las cosas y si todo va como piensan en La Rosada, en el mejor de los escenarios, el próximo pago que debería hacerse al FMI, sería en 2026. Esto fue revelado la semana pasada por el ministro Guzmán ¿Estarán para entonces los dólares que se precisan? ¿Qué va a pasar durante esos años, se va a utilizar el crecimiento que se espera para construir trabajo conveniado y de calidad? ¿Cuánto de ese crecimiento va a destinarse para fomentar una vía alternativa y necesaria como la que propone la economía popular? (Ver ¿Al Fondo? ¡Mejor a fondo!).

Porque incluso en el escenario que devenga de los condicionamientos que imponga un acuerdo con el FMI y el desarrollo de la matriz exportadora elegida por el Gobierno, va a haber crecimiento y es preciso pelearla para que lo que se pueda, se destine a fortalecer a quienes desde la economía popular, el asociativismo y el cooperativismo tienen la capacidad de proponer una vía alternativa a la que postulan quienes creen que la salida es a la islandesa y los que dicen que es a la coreana.

Porque más allá de sus instrumentos como el FMI y el mecanismo de endeudamiento, el capital es fundamentalmente un tipo de relación social construida a partir de la explotación del trabajo asalariado, que se prolonga en todo su ciclo de desarrollo, esto es en su esfera de producción, circulación y realización en la mercantilización de todo. Y “todo” incluye a las relaciones humanas.

Entonces el capital excede a la propia acumulación de dinero y hasta a la generación de escasez, para convertirse en una forma de reproducción del propio modelo de sociedad, lo que significa su reaseguro. Por eso el sentido del endeudamiento es la imposición de las condiciones que lo suceden. Y por esto, la clave está en la capacidad de poder eludir todo lo que se pueda a esos condicionamientos, para construir relaciones sociales desde otro lugar. Esta es una tarea en la que muchos movimientos sociales tienen suficiente experiencia, ya que lo vienen haciendo desde que en uno de los coletazos de su crisis, el sistema expulsó a decenas de miles de trabajadores que debieron comenzar a construir su destino desde cero, desde abajo, en forma colectiva y asociativa. Y, desde esa experiencia organizativa, saben que ahí está la llave para construir trabajo y riqueza social, capaces de desmercantilizar y eludir la matriz que establecen las relaciones que imponer el capital.