En Santa Fe creció la cantidad de comedores comunitarios durante 2024. “Hay que tener en claro que estas políticas son sólo contención, que las dispone el gobierno para evitar que la gente estalle”, advirtió el coordinador provincial del MTL, Rubén Salas.
El hambre no afloja y Santa Fe es un claro ejemplo de ello, tal como lo reconoce su propio subsecretario de Seguridad Alimentaria, Jorge Márquez, quien tras quejarse de que “la Nación abandonó su política alimentaria”, advirtió que su provincia pasó de invertir mil millones de pesos mensuales en diciembre de 2023 a 3.200 millones en asistencia alimentaria y aunque “se cerraron lugares comunitarios por irregularidades, la cantidad total de comedores subió de 880 a unos 1.200”.
Lo cierto es que pese a la campaña de demonización y al recorte criminal perpetrado por la ministra de Capital Humano, Sandra Petovello, en la provincia hay más de trescientos comedores comunitarios más que cuando Javier Milei asumió la presidencia. “En realidad la cuestión de los comedores populares es que hay nuevos a pesar de que durante 2024, acá como en Nación, se dijo que había comedores truchos por lo que fueron auditados, pero nunca se supo si los había y quiénes eran”, refirió el coordinador provincial del MTL Rubén Salas, quien además sostuvo que no duda que se hayan detectado algunos, “pero no los dan a publicidad porque son amigos de la estructura de poder que gobierna la provincia”.
Con ese contexto, Salas sostuvo que más allá de esto “hay muchos comedores nuevos y también se está asistiendo a los que venían funcionado” ya que, remarcó, “esa es la política del gobierno de la provincia destinada a aplacar la situación, para evitar que estalle”, por lo cual “buscan que la gente tenga al menos un plato de comida los fines de semana”. Y, al respecto, hizo hincapié en que, “claramente, siempre dijimos y lo ratificamos que los comedores populares no deberían existir, salvo en casos especiales como durante la pandemia, 2001 o cuando hace un año con la devaluación se produjo semejante suba en los precios de los alimentos”.
Tras lo que insistió: “no deberían existir porque la comida en la mesa debe ser producto de tener trabajo que permita llevara a cada quien a su propia casa, para no tener que andar peregrinando con un taper en la mano por las calles de los barrios buscando donde comer”, porque puntualizó “eso crea desgano…una apatía y también abusos que hacen quienes tiene un poquito más de poder que el vecino común que anda con su vianda buscando comida por todos lados”.
Porque, recalcó Salas, “lo que hay es una cuestión de dignidad…se le saca la dignidad al vecino que tiene que andar haciendo eso, con el agravante que estamos viendo cosas antes no pasaban como que en los comedores populares haya viejitos jubilados”, ya que “antes en su gran mayoría eran vecinos y vecinas que se quedaban sin trabajo y sin changa, pero ahora vemos que están yendo jubilados que cobran la mínima, pero que con eso no llegan a fin de mes o que hasta hace poco los ayudaba a mantenerse un hijo que ya no puede hacerlo porque también está mal”.
Por lo que sin dudarlo, el coordinador del MTL santafecino alertó que “esta es una nueva y creciente realidad que se ve y por eso es que hay muchos más comedores populares”, pero también resaltó que “hay que tener en claro que estas políticas son sólo contención, que las dispone el gobierno para evitar que la gente estalle”.
¿Pero acaso puede sorprender que la necesidad lleve a que, pese a todo, haya crecido la cantidad de personas a las que no les queda otra que recurrir a comedores populares para poder alimentarse? De acuerdo a un trabajo realizado por el Centro de Economía Política (Cepa), a partir de los datos que suministra la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, durante el primer año de la Presidencia Milei se perdieron más de 261 mil puestos de trabajo y el salario real cayó en el orden de caso el cuatro por ciento.
En estos momentos, en Santa Fe, además de la situación que atraviesa Villa Constitución por los despidos y suspensiones masivas que tienen lugar en Acindar, hay conflictos abiertos en una decena de empresas, entre ellas, la que enfrentan los trabajadores de la usina eléctrica Sorrento que está ubicada en Rosario cuyos puestos penden de un hilo, pero también hay situaciones parecidas que afectan a los operarios de una planta de Cargill y del Frigorífico Rafaela.
“Hay que recalcar es que esta ola de despidos, en muchos casos, no tiene que ver con que a las empresas estén perdiendo, sino que no están dispuestas a resignar ni un poco de la tasa de maximización de sus ganancias”, puntualizó Salas y denunció que “por eso es que hacen lo que hacen siempre, ajustan al laburante y los salarios, además de suspensiones y despidos”.
Pero también, remarcó, “hay despidos que están dados por una nueva forma de contrato laboral”, esto es por la imposición del precariado, algo que “ya existía pero ahora se está blanqueando con el cuentapropismo, el laburo precario que se naturaliza y en muchos casos no es que echen personal porque a las empresas no le dan los números, sino porque van a reconvertirse y eso representa más precarización laboral ya que no les conviene estar pagando antigüedad o indemnizaciones, todo esto es lo que tratan de eludir y por eso este ajuste masivo que afecta va la parte pública y privada”.
Es que la imposición del precariado como forma vincular predominante entre los universos del trabajo y el capital, está en la esencia misma de la reforma laboral en la que, a instancias de la Ley Bases, la presidencia Milei avanza por medio de la ejecución que perpetra el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado que preside Federico Sturzenegger.
“Si finalmente sale esa ley, va a venir a blanquear lo que ya existe”, alertó Salas y sostuvo que “el trabajo en negro, no registrado y precarizado existe desde hace un montón de años y ahora van por la sanción de una ley para que sea legal y así evitar juicios haciendo que los trabajadores debamos acostumbrarnos a ser monotributistas con esa fantasía de ‘convertirse en su propio patrón y ser libre para elegir en qué trabajar por su cuenta’, sin necesidad de afiliarse a un sindicato”. Y todo esto “se viene dando con un lamentable ‘dejarlo pasar’ por parte de las centrales obreras que no han hecho nada para parar lo que viene desde hace varios años”.
