Los hilos invisibles del lawfare

Pese a ser “corta” esta semana trajo novedades en el ámbito político, especialmente en las batallas que se libran en las lizas del poder judicial y que muestran un escenario por demás empantanado, desde el cual el macrismo resiste fuertemente para que no salgan a la luz, como finalmente sucedió en Brasil, los hilos invisibles del lawfare en Argentina.
La semana comenzó con la juramentación de Martín Soria, ahora sí, como nuevo ministro de Justicia y Derechos Humanos. Pese a que en sus primeras declaraciones públicas el flamante ministro se mostró inclinado al diálogo con la oposición, con el propósito de lograr el avance de los dos proyectos de reforma judicial que esperan su tratamiento en Diputados, se sabe que uno de los principales objetivos de la nueva gestión ministerial es desarticular al lawfare. 
Por eso, si por estas horas Soria se mostró abierto a la negociación para que avancen los dos proyectos de reforma presentadas por el Ejecutivo el año pasado, al mismo tiempo se mostró inflexible con la situación del actual Procurador interino, Eduardo Casal, cuya situación calificó de “insostenible”. 
Vale recordar que Casal llegó a la Procuración tras la renuncia, forzada con amenazas, de Alejandra Gils Carbó en 2017. Desde entonces hasta el 2019 el gobierno de Cambiemos no logró los votos necesarios —dos tercios— en el Senado para ratificar a Casal como Procurador. Pese a ello, Macri y Garavano lo sostuvieron siempre en su cargo y tras el cambio de gobierno, Casal se niega a renunciar pese a que el Frente de Todos impulsa a Daniel Rafecas para el cargo, para quien tampoco se alcanza el acuerdo del Senado.
Más allá de estas idas y venidas, el cargo de Procurador ante la Corte Suprema de Justicia está lejos de ser un puesto menor. De hecho, en la actualidad, se puede considerar a Casal como un funcionario de Macri todavía en actividad, que reafirma y alienta la política judicial del gobierno anterior. De otro modo: Casal es un alfil de Macri y del lawfare que ostenta uno de los cargos más importantes de la Nación.
No caben dudas de que Casal juega en tándem con los jueces federales de Comodoro Py. Junto a la derecha nucleada en Juntos por el Cambio, la embajada de Estados Unidos y los grandes medios de comunicación —con el protagonismo saliente en el último mes del diario La Nación y el canal La Nación +— forman parte del equipo titular del lawfare en Argentina.
Solo en este contexto se puede entender, por ejemplo, la oferta ridícula que realizó Macri esta misma semana para cancelar la deuda que el grupo Socma mantiene con el Estado nacional por la concesión que ostentó entre 1997 y 2003 del Correo Argentino. En una audiencia clave celebrada el día martes, los representantes legales del ex presidente ofrecieron pagarle al Estado mil millones de pesos, sobre una deuda total de cinco mil millones, para evitar la quiebra de la empresa. En caso de no ser aceptada la oferta por la justicia, los letrados solicitaron que el Estado se declare como “acreedor hostil” de la empresa familiar. Ahora la jueza Marta Cirulli, que lleva la causa, deberá definir los pasos a seguir.
Pero no se trata solo de lo ridículo de la oferta, sino del contexto. Hay que recordar que en 2017 el Poder Ejecutivo Nacional, es decir, Macri, aceptó una oferta para saldar una deuda que la empresa de la familia Macri tenía con el Estado. Realmente insólito. A tal punto que una fiscal del fuero comercial, Gabriela Boquín, la rechazó por abusiva. Desde entonces, en el que quizás sea uno de los capítulos más burdos de esos cuatro años en los que el poder económico estuvo, literalmente, de los dos lados del mostrador, no cesaron las presiones para que Boquín sea desplazada. Uno de los principales promotores del desplazamiento, además del ex presidente, es desde el interior del poder judicial, Eduardo Casal.
Y como todo tiene que ver con todo allí donde el macrismo metió y mete las manos, es Fabián Pepín Rodríguez Simón, operador e integrante de la denominada “Mesa Judicial” de Macri, un protagonista también de esta historia. Recientemente, la jueza Servini de Cubría resolvió, a instancias del abogado Carlos Beraldi, la prohibición de la salida del país de Rodríguez Simón —que desde hace tiempo se encuentra en Uruguay—, tras comprobarse la correlación de sus comunicaciones con los hechos vinculados a la persecución del Grupo Indalo y sus accionistas desde el 25 de octubre de 2015. Pero eso no es todo. De los entrecruzamientos también salieron a la vista sugestivos contactos entre Macri, Simón e integrantes del Poder Judicial en momentos importantes en la causa por el Correo Argentino. 
Estos vínculos, entre el poder judicial y el macrismo, son los que Macri y sus espadachines buscan tapar, aunque hayan quedado burdamente expuestos luego de la comprobación de que el titular de la Cámara Federal de Casación Penal, Gustavo Hornos, ingresó al menos seis veces a la Casa Rosada para mantener entrevistas con Macri, con quien reconoció que discutía sobre política judicial durante su gestión. De ahí, que Pablo Clusellas, exsecretario de Legal y Técnica de Macri, haya interpuesto en las últimas horas una apelación ante el fiscal Franco Picardi, para impedir el acceso a los registros de ingresos y egresos de la Casa Rosada y la quinta presidencial de Olivos. Con esa medida el fiscal Picardi, que instruye la causa sobre la “Mesa judicial” que tramita en el juzgado de María Eugenia Capuchetti y que involucra a Macri, buscaba confirmar la conformación de la mesa y la periodicidad de sus reuniones, como paso previo para avanzar en nuevas medidas.
Con el propósito de desenmarañar todas estas idas y vueltas es que llegó Martín Soria al ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Ahora tiene la responsabilidad, conferida por el propio presidente de la Nación, de exponer ante los ojos de toda la sociedad los hilos invisibles del lawfare en Argentina.