El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, confirmó que el gobierno trabaja en la preparación de una licitación transitoria para la Hidrovía, mientras prepara una licitación definitiva con un “rol más activo del Estado” pero que no incluye la estatización. De esta manera, el gobierno decide renunciar a una política de ampliación de la soberanía con costo cero.
El próximo 30 de julio vence la prórroga de 90 días que otorgó el Estado nacional a la concesión internacional que administra el dragado y balizamiento de la Hidrovía del Río Paraná, privatizada en 1995 por el menemismo y entregada a la firma belga Jan de Nul y la argentina Emepa.
Frente a la oportunidad que se abre el 30 de julio de dar inicio a una nueva etapa en la administración de un resorte clave para la soberanía económica, política y territorial del país (ver “Hidrovía Paraguay-Paraná ¿Por qué privatizarla otra vez?”), un número significativo de dirigentes políticos lanzaron una proclama a favor de la estatización de la hidrovía con motivo del día de la bandera. La proclama tiene como título "Nos une la bandera del Paraná soberano" y está firmada por los dirigentes del PC Tania Caputo, Cristian Poli y José Schulman y por Hugo Yasky, Jorge Taina, Pablo Moyano, Fernanda Vallejos y Roberto Baradel (ver “Recuperar el control de la hidrovía”), entre otros. De esta manera, la convocatoria lanzada por el Partido Comunista para recuperar, a partir de la Hidrovía, la soberanía sobre los puertos y las vías navegables marítimas, fluviales y lacustres del país suma importantes apoyos, incluso entre miembros del gobierno nacional.
Vale recordar que la reforma neoliberal del Estado llevada a cabo en los noventa tuvo su capítulo dedicado a la entrega de los recursos fluviales. El Decreto 817/92, firmado por Menem, dispuso la Reorganización Administrativa y Privatización del Transporte, respaldado por la Ley 23696 de Reforma del Estado.
La Ley de Reforma del Estado contempló la venta de la empresa Líneas Marítimas Argentinas y la concesión de los servicios a cargo de la Administración General de Puertos, que finalmente fue disuelta. Asimismo creó la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables con el fin de privatizar los Puertos Argentinos y las vías navegables.
Ahora, el gobierno del Frente de Todos tiene dos caminos abiertos. Puede, finalmente, llamar a un nuevo proceso licitatorio y continuar con la privatización del transporte fluvial del Río Paraná (Hidrovía), o, crear una empresa del Estado para hacerse cargo del transporte y tránsito fluvial por el Río Paraná.
Como enfatizó el Partido Comunista en su momento, la primera opción implica no afectar la estructura política del poder real que sostiene el neoliberalismo. La segunda opción conlleva a la recuperación de la Soberanía Nacional y a comenzar a recuperar áreas del comercio exterior que deben estar en manos del Estado afectando la estructura neoliberal que nos legaron los gobiernos entreguistas, genuflexos y cipayos de los años 90.
En las últimas horas el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, afirmó que el gobierno realizará una licitación transitoria con el propósito de convocar, en el mediano plazo, a una nueva licitación internacional que definirá una participación más activa del Estado y que creará un ente de control con la participación de todas las provincias unidas por el Paraná. Semanas atrás el presidente de la nación había afirmado que el Estado se haría responsable de cobrar el peaje y que con esos recursos se pagaría la concesión.
A todas luces, el destino proyectado por el Ejecutivo se queda a mitad de camino: licitación pero con un rol más activo del Estado; supervisión pero no estatización.
Asimismo, las alternativas barajadas por el gobierno no son alentadores si se tiene en cuenta que, además de la concesión de la Hidrovía Paraná-Paraguay, este año también concluyen todas las concesiones de los Puertos Argentinos a las multinacionales que hoy disponen del comercio exterior. Es decir, el gobierno estaría renunciando muy temprano a asumir una política activa de recuperación de la soberanía nacional que no tendría ningún costo para el Estado y que permitiría poner en valor la soberanía de nuestros puertos y la navegación en nuestros ríos. Entonces: ¿Por qué no avanzar en ese sentido?
