La Rosada abrió las puertas a que Rosario tenga una sede de la UIF para investigar a los responsables económicos del narcotráfico. Desde el PC Champa Galiotti recordó que, mientras tanto, en la provincia se consolida la formación de un Estado paralelo manejado por los responsables del crimen organizado.
Pese a que en enero la cantidad de homicidios resultó algo menor en comparación al primer mes del 2022 con apenas cuatro asesinatos menos -24 frente a 28-, la cantidad de crímenes en Rosario continúa siendo altísima y en el inicio de un año electoral el tema pasa a ocupar con mayor intensidad la agenda, no sólo santafesina, sino también nacional.
En efecto, con la llegada de Agustín Rossi a la Jefatura de Gabinete el asunto se nacionalizó definitivamente. En este contexto el gobierno nacional modificó, tal como lo habían solicitado el gobernador Omar Perotti y el intendente de Rosario Pablo Javkin, el decreto reglamentario de la Unidad de Información Financiera (UIF) con el propósito de permitir la creación de una mayor cantidad de delegaciones del organismo en el interior del país. En consecuencia, Rosario podrá tener su delegación y rastrear, de acuerdo a las voluntades políticas del caso, las conexiones políticas y empresariales detrás del negocio del contrabando y el narcotráfico.
La modificación reglamentaria se produce dos semanas después de la renuncia del ministro de Seguridad, Rubén Rimoldi, quien duró apenas seis meses en sus funciones. La renuncia estuvo motivada, principalmente, por la escalada de asesinatos en la provincia. En su reemplazo asumió Claudio Brilloni, ex gendarme y funcionario de la cartera durante la gestión de Rimoldi.
Al respecto, Norberto Champa Galiotti, secretario del Partido Comunista de Rosario, sostuvo que “el cambio de ministro fue un cambio de figuritas pero la política sigue siendo la misma que se viene implementado desde que Marcelo Saín se tuvo que ir del ministerio en 2021”.
Galiotti recordó que “cuando se produjo la renuncia de Saín y comenzaron todos los carpetazos en tribunales contra el equipo que por entonces integraba el ministerio, vimos como el poder real, permanente y mafioso de Santa Fe se endurecía para no permitir que se tocaran los negocios del crimen organizado” y enfatizó: “que ahora el ministro de Seguridad sea un ex gendarme sólo demuestra que las denominadas fuerzas de seguridad son parte del negocio”. Resulta que en los últimos años existen cada vez mayores indicios de que tanto Gendarmería como Prefectura y la Policía de Santa Fe “son parte de los negocios del narcotráfico, del lavado de dinero y del contrabando”.
Para el dirigente del PC con la renuncia de Saín ganaron los agentes del delito organizado, entre ellos, “sectores vinculados a distintas áreas del gobierno provincial junto a sectores del Poder Judicial y del poder económico, especialmente los relacionados con el contrabando en el Puerto de Rosario, y los grandes medios de comunicación”.
Por último, Galiotti se mostró preocupado porque “es muy notorio como en Santa Fe, con epicentro en Rosario, se está gestando un modelo delictivo mafioso que de modo acelerado comienza a adquirir la forma de un Estado paralelo en la provincia”, con la característica de que “se trata de un modelo paralelo que sin embargo está compuesto por integrantes del propio gobierno”.
