El doctor Jorge Andrés Kohen es Especialista en Medicina del Trabajo y en este artículo analiza el trágico hecho que tuvo lugar la semana pasada en una escuela pública secundaria santafecina, en la localidad de San Cristóbal, donde un estudiante armado abrió fuego contra sus compañeros y asesinó a uno de ellos. “Mientras se documenta una creciente presencia de violencia, la respuesta institucional no parece orientarse a fortalecer dispositivos de acompañamiento, intervención psicosocial o abordaje de los conflictos. Por el contrario, el eje se desplaza hacia la vigilancia del ausentismo y la gestión administrativa de las licencias”, afirma Kohen.
Durante más de dos décadas, investigaciones, episodios y advertencias marcaron una misma dirección: la violencia había ingresado en la escuela. Sin embargo, mientras el fenómeno se profundizaba, la mirada institucional y gubernamental se desplazó.
El caso de San Cristóbal no irrumpe en el vacío: es el punto extremo de una secuencia que pudo —y debió— ser leída a tiempo.
La escena es conocida y, sin embargo, profunda y humanamente desgarradora.
Un ingreso a la escuela como cualquier día, estudiantes dispuestos a iniciar la rutina cotidiana que organiza la vida de una comunidad educativa. De pronto, los disparos. Un alumno de 15 años abre fuego dentro de la escuela. Un compañero de 13 años muere. Otros resultan heridos.
El agresor, según surge de las primeras reconstrucciones, se encontraba de acuerdo con las primeras informaciones presuntamente bajo tratamiento psiquiátrico y había atravesado episodios autolesivos, ,otros lo señalan como retraído y sin características especiales, al tiempo que comienzan a explorarse distintas dimensiones de su situación: desde posibles padecimientos psíquicos hasta eventuales experiencias de acoso, burlas u otras formas de hostigamiento escolar, manifestaciones del denominado: Bullying.
Lejos de ofrecer una explicación cerrada, estos elementos forman parte de un proceso aún en curso, en el que se intenta comprender la complejidad de su perfil y las condiciones en que se produjo el hecho.
No es posible comprender ni intervenir si el caso se reduce a la biografía del agresor.
Esa lectura no puede operar como explicación última ni dirigir las acciones posteriores, porque desplaza el problema desde la trama social que lo produce hacia un individuo que termina cargando, en soledad, con lo que es expresión de un proceso colectivo.
En ese marco, el envío de equipos de intervención al lugar, aunque este encabezado por el propio ministro José Goity, una vez ocurrido el hecho, llega necesariamente tarde: actúa sobre las consecuencias y no sobre las condiciones que lo hicieron posible.
Y si esa intervención no modifica la mirada ni la intencionalidad —si no se orienta a comprender y transformar la trama en la que la violencia se produce— difícilmente pueda resolver el problema que pretende abordar.
No es sólo el impacto del hecho lo que conmueve, sino la pregunta que deja abierta: cómo una escena tan propia de lo cotidiano pudo transformarse, en segundos, en una expresión extrema de una violencia que ya estaba allí.
La pregunta emerge de inmediato, inevitable: ¿cómo pudo ocurrir?
Pero enseguida aparece otra, más incómoda e incisiva: ¿realmente no se veía venir? ¿Nadie lo advirtió a tiempo? ¿Qué se hizo —o qué se dejó de hacer— frente a las señales que ya estaban allí? Y, en todo caso, ¿en qué estaban concentradas las autoridades mientras este proceso se gestaba a la vista de todos?
Una secuencia que precede al hecho
Diario Uno de Santa Fe da cuenta que, en enero de 2026, también en San Cristóbal, una adolescente de 15 años fue atacada por un grupo de jóvenes que la agredió con armas blancas, provocándole heridas graves en el rostro. No se trató de un episodio aislado.
La familia denunció hostigamientos previos, conflictos reiterados, situaciones que se acumulaban sin respuesta. Meses antes, durante 2025, otros hechos de violencia entre adolescentes habían ganado visibilidad pública, incluso a partir de videos difundidos por familiares que pedían ayuda desesperadamente.
La propia autoridad municipal terminaría reconociéndolo: “había señales de alerta”.
Lo que estos episodios muestran no es la excepción, sino la continuidad. Una violencia que primero aparece como conflicto entre pares, luego escala en intensidad, y finalmente —en condiciones determinadas— irrumpe de forma extrema.
La trama más profunda: lo que ya se sabía
Décadas antes de estos hechos, en investigaciones realizadas en Rosario junto con Marité Colovini advertíamos un cambio decisivo. La violencia ya no podía pensarse como un fenómeno externo a la escuela. En un artículo titulado “La Violencia social en la trama y contexto del proceso educativo”1. Afirmábamos:
“hoy pensamos que ya la escuela no oficia más como frontera entre la sociedad y los niños, sino que la magnitud de la violencia que inunda la sociedad también ha avanzado sobre la institución escuela”
No era una hipótesis abstracta. Los datos de 2006 eran contundentes:
• el 72% de las escuelas registraban episodios de violencia
• en un 16% ocurrían todos los días
1 Colovini,M;Kohen J,. “La Violencia social en la trama y contexto del proceso educativo” presentado en coloquio Violencias, Vulturas Institucionales y Sociabilidad del 8 al 10 de noviembre 2006 en FLACSO - Buenos Aires
• y en hasta un 10% se detectaba presencia de armas de fuego
Es decir: la violencia no sólo estaba presente, sino que era estructural.
En efecto, lejos de tratarse de una problemática reciente, desde finales de los años noventa y con mayor sistematicidad en la primera década del 2000, se produce un cambio profundo en la relación entre violencia y escuela. No sólo señalaban su presencia, sino su transformación cualitativa. En ese sentido, afirmábamos que:
“la violencia social dejó de ser un elemento que constituía el contexto en el que se desarrollaban los procesos educativos (…) para penetrar las paredes de la escuela e instalarse (…) en la trama misma de las relaciones escolares y el proceso pedagógico ”
Esta afirmación implicaba un desplazamiento decisivo: ya no se trataba de factores externos que impactaban indirectamente, sino de un fenómeno que reorganizaba el interior mismo de la institución. De allí que advirtieran también sobre sus efectos en el trabajo docente y en la vida escolar:
“la magnitud que alcanza el fenómeno de la violencia tanto dentro como fuera de la escuela ha pasado a ser uno de los determinantes más importantes en cuanto al deterioro de la salud del docente”
Y, en una formulación que hoy adquiere una potencia particular, señalaban la pérdida de una frontera que durante décadas estructuró el sentido de la escuela:
“ya no hay adentro y afuera de la escuela; al menos para la violencia”
Estas definiciones no sólo describían un estado de situación, sino que anticipaban un proceso. Un proceso que, como muestran los hechos posteriores, no se detuvo ni se revirtió, sino que se profundizó en el tiempo.
Sin embargo, ese diagnóstico, construido desde la investigación y la experiencia docente junto a sus sindicatos, no logró traducirse en una política sostenida de intervención. Con el paso del tiempo, el problema dejó de ser abordado en su complejidad.
Es necesario señalar que la reconstrucción de los hechos no sólo permite identificar una acumulación, sino reconocer una lógica.
Lo que sigue no es una enumeración aislada, sino la expresión de un proceso que, ordenado en el tiempo, deja ver una secuencia: la violencia primero rodea a la escuela, luego la atraviesa y finalmente se inscribe en su interior.
En ese sentido, el cuadro que se presenta a continuación no busca simplemente registrar antecedentes, sino mostrar esa dinámica en su desarrollo.
La serie muestra algo más que una acumulación de hechos: revela una lógica.
◦ Primero, la violencia “rodea” a la escuela: balaceras contra fachadas, conflictos en el entorno.
◦ Luego, la violencia “atraviesa” la institución: armas que ingresan, amenazas, agresiones.
◦ Finalmente, la violencia “se instala dentro”: el acto extremo, el disparo en el corazón de la escuela.
◦ En ese recorrido, lo que cambia no es la existencia del fenómeno, sino su intensidad y su localización.
El desplazamiento de la mirada
Frente a esta evidencia, la pregunta no es sólo qué y porque pasó, sino qué se hizo, o qué se dejó de hacer, frente a lo que ya se sabía.
Porque mientras la investigación señalaba la centralidad de la violencia en la trama escolar, la respuesta institucional del Ministerio y Gobierno Provincial tendió a desplazarse hacia otros ejes. El problema dejó de ser pensado en términos de producción de subjetividad, de lazos sociales, de condiciones de existencia.
En su lugar, comenzaron a ocupar el centro variable administrativas: el cumplimiento de los días de clase, el control del ausentismo, los indicadores de presencia.
En este contexto, mientras la violencia en las escuelas se intensifica y adquiere formas cada vez más graves, la orientación de las políticas públicas en la provincia de Santa Fe parece desplazarse en otra dirección.
En marzo de 2026, el gobierno provincial avanzó con la licitación del Sistema Integrado de Protección de Salud Laboral (SIPSaL), un esquema que centraliza el control de licencias médicas y el ausentismo de más de 150 mil trabajadores estatales, incluidos los docentes, y que, en los hechos, implica la tercerización de estas funciones en una empresa privada.
La iniciativa, con un presupuesto superior a los 23 mil millones de pesos y con un único oferente en el proceso licitatorio, tiene como eje explícito “reducir el ausentismo” y mejorar el control médico sobre los trabajadores.
Desde el propio gobierno se reconoce que el ausentismo constituye una preocupación central —con niveles cercanos al 15% diario en la administración pública— y que el sistema busca generar información, auditorías médicas y seguimiento digitalizado de las licencias 2([La Capital 2026)
Sin embargo, esta focalización revela un sesgo significativo: la problemática de la salud laboral aparece abordada fundamentalmente como un problema de control y regulación de la presencia, más que como una cuestión vinculada a las condiciones reales de trabajo.
El contraste con lo que ocurre en las escuelas resulta evidente.
Mientras se documenta una creciente presencia de violencia —desde peleas y agresiones hasta balaceras contra establecimientos y, finalmente, hechos extremos como el de San Cristóbal, la respuesta institucional no parece orientarse a fortalecer dispositivos de acompañamiento, intervención psicosocial o abordaje de los conflictos. Por el contrario, el eje se desplaza hacia la vigilancia del ausentismo y la gestión administrativa de las licencias.
En términos de salud de los trabajadores, esta orientación resulta particularmente problemática.
Como ya señalábamos con la Dra. Marite Colovini, la violencia en la escuela no sólo afecta a los alumnos, sino que constituye uno de los principales determinantes del sufrimiento y deterioro de la salud docente.
Es decir, aquello que podría explicar parte del ausentismo — las condiciones de trabajo atravesadas por la violencia, la sobrecarga y la falta de dispositivos de apoyo — queda fuera del centro de la intervención.
2 La Capital. (2026). Santa Fe crea un nuevo sistema de control de licencias médicas para reducir el ausentismo estatal. https://www.lacapital.com.ar
Desde esta perspectiva, la implementación del SIPSaL aparece en tensión con la necesidad de abordar el problema en su raíz.
La delegación del control de la salud laboral a un sistema centralizado —y en gran medida tercerizado— corre el riesgo de reforzar una lógica de disciplinamiento, en lugar de construir una política integral de cuidado.
Como advierten sectores críticos, se trata de un modelo que “centraliza el control de licencias médicas y condiciones punitivas ” bajo una lógica más identificada con el contenido del frustrado articulo 44 de la Reforma Laboral de Milei, cercana al control culpabilizante de descuento salarial y quita del suplemento a la “asistencia perfecta” a la reparación, rehabilitación del daño laboral y a la prevención.
Así, mientras la violencia se instala en la trama misma de la escuela y afecta profundamente la salud de quienes la habitan, la política pública parece poner el foco en la regulación de la presencia y no en las condiciones que hacen posible ese sufrimiento en el sostenimiento de la tarea.
El resultado es un desfasaje creciente: se controla el síntoma el ausentismo, sin intervenir sobre las causas la violencia, la fragmentación social, la falta de dispositivos institucionales.
En ese punto, la pregunta vuelve a adquirir toda su fuerza: no sólo cómo pudo ocurrir una tragedia como la de San Cristóbal, sino también qué tipo de mirada estatal se construyó en los años previos. Porque cuando el problema se redefine en términos administrativos, lo que queda fuera no es un detalle: es precisamente aquello que vuelve pensable y evitable el estallido de la violencia.
El contraste es nítido cuando se escuchan las voces docentes:
“no es el comportamiento indisciplinado (…) lo que está en el centro del sufrimiento, sino (…) la ausencia de especialistas que provean una respuesta”
Es decir: no falta control. Falta comprensión. Faltan dispositivos. Falta intervención antes del estallido.
Lo que propone otra mirada
Las propuestas que elaboramos en su momento con la Dra. Marite Colovini siguen ofreciendo un punto de partida sólido. No parten de la idea de “controlar la violencia”, sino de comprenderla.
Plantean, en primer lugar, abandonar las explicaciones individualizantes. La violencia no es un atributo de sujetos aislados, sino un fenómeno social que se produce en condiciones determinadas.
En segundo lugar, proponen construir un “nosotros” colectivo, generando espacios donde la palabra circule y los sujetos puedan apropiarse de su experiencia, en lugar de quedar capturados por discursos que los silencian.
Y finalmente, subrayan la necesidad de dispositivos institucionales reales: equipos interdisciplinarios, articulación con políticas sociales, presencia efectiva del Estado en la escuela.
No como respuesta al hecho consumado, sino como intervención previa.
Lo que deja al descubierto San Cristóbal
El episodio de San Cristóbal no sólo conmueve por su gravedad. Expone un problema más profundo: la distancia entre lo que se sabía y lo que se hizo.
Las señales estaban. Los antecedentes también.
La investigación y la intervención desarrollada durante años desde el Área Salud y Trabajo de la UNR lo habían señalado con claridad, y los hechos recientes no hicieron más que confirmarlo.
En ese marco, resulta difícilmente admisible que el ministro de Educación de Santa Fe, José Goity, con trayectoria en responsabilidades académicas de alto nivel en la propia Universidad Nacional de Rosario, no haya incorporado ese acervo de producción, diagnóstico e intervención generado desde su misma institución.
No se trata de un conocimiento periférico, sino de líneas de trabajo consolidadas, con evidencia empírica y propuestas concretas. Que ese saber no haya sido considerado en la definición de políticas públicas no sólo constituye una omisión significativa, sino que revela una desconexión preocupante entre la universidad y la gestión estatal, precisamente allí donde esa articulación resulta más necesaria.
Pero la mirada se desplazó.
Y cuando la mirada se retrae, intencionalmente se desplaza hacia el “ajuste”, la violencia avanza.
La escuela que alguna vez fue pensada como resguardo aparece hoy como el lugar donde esa tensión se vuelve visible. No porque haya fallado en su función, sino porque está atravesada por un proceso que la excede.
Comprenderlo no es un ejercicio teórico. Es la condición para que lo ocurrido deje de repetirse.
Porque si algo enseña esta secuencia es que la tragedia no empieza con el disparo. Empieza mucho antes.
Lo ocurrido no puede ser leído como un hecho aislado ni como una anomalía.
Es la expresión límite de una trama que se viene configurando desde hace años y que ha sido suficientemente señalada.
Por eso, más que preguntarnos sólo por el episodio, se impone interrogar las condiciones que lo producen y las decisiones que se han tomado o evitado frente a esas evidencias.
Si la violencia se instala allí donde la palabra queda excluida y los lazos se erosionan, la respuesta no puede reducirse al control, la sanción o la intervención tardía.
Se trata de reconstruir condiciones de posibilidad: reponer la palabra, fortalecer los vínculos, producir un “nosotros” que permita tramitar el conflicto sin que derive en destrucción.
De lo contrario, la escuela seguirá siendo escenario de aquello que no logra resolverse en la sociedad. Y en ese punto, el problema deja de ser educativo para volverse, en sentido pleno, político y colectivo: o se transforma la trama que produce la violencia, o la violencia seguirá encontrando en la escuela el lugar donde hacerse visible.
