Manuel Guerra, secretario general del Partido Comunista del Perú-Patria Roja, escribió para Nuestra Propuesta el siguiente artículo en el que denuncia la destirución de la fiscal general Delia Espinoza, quien había acusado a la presidenta golpista, Dina Boluarte, por la muerte de medio centenar de personas en protestas contra su gobierno y estaba avanzando en una investigación contra el fujimorismo. Guerra rescata la importancia del rol de la izquierda en este contexto y propone un cambio de Constitución “para refundar la república”.
Esta medida es un eslabón más del copamiento institucional que viene implementando el régimen corrupto y dictatorial con el objetivo de permanecer indefinidamente controlando las riendas del poder, garantizar impunidad frente a los graves delitos de corrupción y violación de los derechos humanos que los comprometen y profundizar el modelo neoliberal que se impone en el país desde los años 90 del siglo pasado.
Este régimen que gobierna en contubernio del Ejecutivo y el Congreso, con el soporte del poder mediático, los gremios empresariales, las cúpulas de las fuerzas armadas y policiales, extiende sus tentáculos en las diversas instituciones del Estado, incluyendo a los gobiernos subnacionales. Cuando se normaliza la judicialización de la política, es evidente que el requerimiento inmediato es el copamiento institucional, incluyendo el poder judicial, el ministerio público, el poder electoral, el tribunal institucional, etc. Este estilo de gobernar es herencia del “fujimontesinismo” que, además, usó como herramienta para sus fines a los servicios de inteligencia.
En el presente, el grado de descomposición moral afecta a toda la sociedad; el crimen organizado ha crecido exponencialmente y, tanto en el Congreso, como en el Ejecutivo, se dictan leyes y dispositivos legales que protegen a los criminales, exculpan a los violadores de los derechos humanos, criminalizan las protestas populares.
No solo eso. En el presente proceso electoral, el régimen mafioso viene adoptando medidas antidemocráticas para dejar fuera de juego a quienes considera una amenaza; se construye un escenario electoral tramposo y fraudulento para conjurar el riesgo del triunfo de la izquierda y el progresismo, a pesar de que estos sectores van a la disputa también fragmentados y debilitados.
Hay descontento generalizado e indignación de la población; se producen estallidos sociales de manera espontánea, la gente reclama cambios de verdad. El reto para la izquierda es recuperar su papel de vanguardia, volver a las masas para articular esta fragmentación y darle un derrotero a la indignación. El cambio de Constitución para refundar la república, la conquista de un gobierno democrático, de regeneración moral y justicia social, va a depender de cómo se va construyendo la correlación política, social y cultural desde el lado popular.
