Ayer el Parlamento aprobó por unanimidad la vacancia de la mandataria por “incapacidad moral permanente”. El Partido Comunista Peruano denunció que la mandataria demostró “su incapacidad para solucionar los grandes problemas del país” y era aliada “con las mafias y el crimen organizado que tienen control absoluto del Estado peruano”. A su vez, el Partido Comunista del Perú-Patria Roja hizo hincapié en que “vacancia de la fantoche Dina Boluarte representa un triunfo popular pero no resuelve la crisis”.
Hace pocas horas, Dina Boluarte pasó a engrosar la larga lista de presidentes peruanos destituidos. Lo hizo en el mismo momento en el que el Parlamento aprobara por unanimidad la vacancia de la mandataria por “incapacidad moral permanente” y de este modo, la titularidad del ejecutivo pasó a manos de José Jerí, representante de la ultra-derecha que carga con denuncias por violencia y corrupción, quien hasta ese momento presidía el Congreso, que al juramentar se dirigió “a todos los peruanos”, a quienes les pidió “las disculpas del caso” y prometió “comenzar a construir y sentar las bases de un país que, desde la empatía, permita la reconciliación entre todos”.
Cabe citar que el mandato de Jerí tiene carácter transitorio y que debe concluir con la celebración de elecciones presidenciales durante abril de 2026 para que, en julio de ese año, ingrese a la Casa de Pizarro quien surja como ganador de esos comicios.
La Presidencia Boluarte arrancó en diciembre de 2022 como consecuencia del derrocamiento de Pedro Castillo y si bien durante sus primeros meses se fortaleció a fuerza de represión y de seguir a rajatabla el libreto diseñado por la clase capitalista que actúa en Perú, con el correr del tiempo esa misma clase capitalista le hizo saber que dentro de las limitaciones propias del Estado burgués, los gobernantes son apenas cuadros intermedios al servicio del capital que, cuando dejan de ser del todo útiles se tiran y ya.
A lo largo de los 33 meses que fue presidenta, Boluarte acumuló once acusaciones por delitos contra los Derechos Humanos y por presunta corrupción, por las que deberá responder ante la Fiscalía. Entre esas acusaciones figuran el asesinato de más de medio centenar de personas durante la represión de protestas que demandaban la convocatoria a elecciones durante las semanas posteriores a que Castillo fuera derrocado y detenido.
El gobierno de Dina Boluarte pendía de un hilo desde hace varias semanas y, en ese contexto, pocas horas antes de que el Parlamento se convocara para destituirla, el Comité Central del Partido Comunista Peruano (PCP), hizo pública una carta que le envió a Jerí, quien por entonces era titular del Congreso, en la que hacía público su “repudio contra la dictadura y el gobierno usurpador de Dina Boluarte, no sólo por haber demostrado su incapacidad para solucionar los grandes problemas del país, sino fundamentalmente por su alianza con las mafias y el crimen organizado que tienen control absoluto del Estado peruano”.
En la misiva también recuerda que la ya expresidenta se hizo con la primera magistratura tras el golpe que derrocó a Castillo y que, desde entonces, “ha implementado una política de persecución a los dirigentes sindicales, sociales y políticos a través de procesos judiciales, detenciones ilegales y el asesinato de veintisiete obreros de la construcción civil, 59 choferes y setenta ciudadanos peruanos en el inconstitucional desafuero a Castillo”.
Asimismo, señala que durante su mandato “ha sido permeable, blanda, negligente e incluso indiferente a los crímenes diarios que se cometen en el país contra los choferes, bodegueros, amas de casa, músicos, comerciantes y obreros de la construcción civil, entre otros”.
Por tales motivos, el PCP concluyó en esa carta que “existen muchas razones por las que debe ser juzgada, más aún por el repudio popular, así como por el desprecio de la población y a las leyes aprobadas por el Congreso en contra de los trabajadores y de los gobiernos regionales”. Por lo tanto, el PCP exhortó a Jerí afirmando que “corresponde que el Congreso de la República que usted preside, asuma la responsabilidad política ante el pueblo y se acuerde la vacancia de la señora Dina Boluarte en el cargo de presidenta, por incapacidad moral, de acuerdo al mandato constitucional vigente” ya que, advirtió el PCP, “no existe justificación alguna para su continuidad y es el momento de definir la historia de nuestra Patria”.
La opinión de Patria Roja
Por su parte, el Partido Comunista del Perú - Patria Roja, señaló que “la salida de Dina Boluarte no resuelve la crisis” y que la vacancia que deja la expresidenta, a quien calificó de “fantoche”, representa “un triunfo popular, es el resultado de las luchas de los jóvenes de la ‘Generación Z’, de los transportistas, de los ronderos de Cajamarca, del hartazgo y descontento popular expresado a lo largo y ancho del país, camino a la insurgencia, que ha puesto contra las cuerdas al régimen dictatorial y mafioso y lo obliga a sacrificar a una pieza prescindible”
Por lo que “la vacancia, por parte de un Congreso dominado por la ultraderecha y las mafias, autor y cómplice de los latrocinios, corruptelas, asimismo repudiado por la gran mayoría de la población, no representa un acto democrático, ni moralizador; es la maniobra de la ultraderecha mafiosa en su pretensión de abrir una válvula de escape, sacrificando a una pieza que le fue útil para legitimar el golpe contra Pedro Castillo y que fue usada como voluntariosa monigote para reprimir brutalmente la insurgencia ciudadana que se desató en el sur del país, con el resultado de 50 muertos”.
En otro de los pasajes de su declaración, el PCP-PR precisó que “dominada por la angurria y seducida por el espejismo del poder, Boluarte hizo gala del cinismo y la mediocridad y su endeblez moral se hizo evidente cuando no tuvo reparos en ser aliada de la gran corrupción que acompaña al modelo neoliberal”.
Ante el escenario planteado, advirtió que “esta ultraderecha mafiosa y dictatorial que tiene uno de sus principales soportes en el Congreso busca distraer la atención, cubrirse las espaldas, aparecer como la gran fuerza democrática y moral del país, a la vez que desinflar la protesta social que crece y se profundiza, exigiendo cambios de verdad”. Y agregó que “cambiar algo para que nada cambie, en eso consiste la maniobra del contubernio capitaneado por el fujimorismo y APP, que se aprestan a elegir a otro gobierno de la misma cepa”. En este sentido no dudó en afirmar: “No lo permitamos. Cerremos el paso al continuismo del proyecto neoliberal y del régimen mafioso y dictatorial. Digamos NO a la impunidad; la fantoche Dina Boluarte, ministros y congresistas comprometidos con la corrupción y la violación de los derechos humanos deben ir a la cárcel”.
Sobre el proceso electoral en marcha denunció que “está viciado por los manejos tramposos y fraudulentos de la ultraderecha que ha convertido a la democracia liberal en un cascarón sin contenido”. Al mismo tiempo, señaló su preocupación por “la profunda fragmentación y debilidad de las fuerzas de izquierda, progresistas, y del movimiento popular, que van en desventaja a este escenario”.
En tanto que no dudó en aseverar que en estos momentos “la forma principal de lucha es la calle, la insurgencia ciudadana, así como la lucha de ideas y de información, pues solo desde allí puede construirse la correlación política, social y cultural para producir los cambios que el Perú necesita”.
Finalmente, afirmó que “es momento de unirnos, levantando las banderas: ‘¡Que se vayan todos, Asamblea Constituyente, gobierno democrático, de regeneración moral y justicia social!”. E instó a que “las fuerzas de izquierda, progresistas y el movimiento popular debemos acabar de una vez por todas con la fragmentación y la división” para conformar una “gran unidad para un gran cambio”, ya que “esa será la única forma de enfrentar a la derecha mafiosa y neofascista en el país”. Por eso mismo, concluyó, “es hora de la acción con sentido histórico, de ganarse el papel de vanguardia junto a las justas luchas del pueblo”.
